La madre de los ocho menores de Colmenar Viejo separados de sus padres por presuntos malos tratos habla en secreto con una hija

La investigación por los supuestos malos tratos que unos padres de Colmenar Viejo (Madrid) ejercieron durante años contra sus ocho hijos continúa y en medio de las pesquisas, la progenitora se ha puesto en contacto de forma ilegal con una de las niñas. Según denunciaron desde el centro de acogida en el que están todos los hermanos, una de ellas recibió varias llamadas del número de la madre a través del teléfono de otra niña también tutelada. Al final, la pequeña devolvió una de estas y estuvo más de una hora hablando con su madre. Esta conversación supone un quebrantamiento de las medidas impuestas por el juez que instruye este caso, que ha prohibido a ambos padres cualquier comunicación con sus hijos y les ha retirado la tutela. Por este motivo, la Comunidad de Madrid, actual responsable de los niños, pidió la prisión provisional para la mujer, una medida que, por el momento, ha sido denegada.

Los ocho niños de entre cuatro y 14 años en ese momento fueron separados de sus padres, de 56 y 44 años, en marzo tras una denuncia de colegio de algunos de los pequeños. La Guardia Civil entró en el adosado en el que vivía la familia en Colmenar Viejo y descubrió estancias llenas de suciedad, un baño inutilizado por la acumulación de trastos y una cocina insalubre, según explicó el propio cuerpo, que aseguró que los niños sufrían un trato “degradante”. Los agentes también encontraron miles de productos sanitarios, como mascarillas y batas, que el padre, médico de urgencias de un hospital público de Madrid, había robado presuntamente de su centro de trabajo. La Consejería de Sanidad anunció que abriría un expediente al facultativo y que iniciaría una investigación, de la que por ahora no se han conocido más detalles.

Según explicó la Guardia Civil tras la operación, los pequeños vivían arrinconados en una estancia, tenían prohibido pisar el salón y eran sometidos a largos castigos de aislamiento. Por todos estos motivos, la justicia retiró desde ese momento a los padres la tutela, que pasó a manos de la Comunidad de Madrid. También impuso una orden de alejamiento y prohibición de comunicarse de los padres con sus hijos, para no interferir en la investigación por malos tratos y violencia de género, porque el padre también fue acusado de violencia sobre su esposa. Los hermanos permanecen desde entonces en un centro de acogida y tienen contacto con parte de la familia materna.

Fue precisamente la familia de la pequeña la que alertó de este contacto ilegal de la niña, después de que ella lo relatara en una visita. El centro lo puso en conocimiento de la fiscalía de inmediato y la Comunidad de Madrid, en calidad de acusación particular, pidió un endurecimiento de las medidas cautelares contra la madre, por lo que solicitó que ingresara en prisión, una petición que no apoyó la fiscalía.

Además de esta llamada de más de una hora entre la niña y la progenitora, la pequeña llegó a encontrarse con un amigo de la familia que había ejercido como abogado de los padres al inicio del proceso, antes de que asumieran la defensa del matrimonio Juango Ospina y Beatriz Uriarte. En este encuentro, según la denuncia, ese hombre le habló a la niña del estado “lamentable” en el que se encuentran sus padres con este proceso judicial y trató de convencerla de que no siguiera adelante con la causa. Después, la acompañó al centro de vuelta y una educadora los vio, pero la niña explicó que se trataba de un profesor, hasta que días más tarde contó que era el antiguo abogado de su madre. En la denuncia de los tutores legales de los menores, destacan que este hecho ha alterado a la niña y que le ha provocado “ansiedad”.

La defensa sostiene otra versión, que explica en un escrito con la declaración de este amigo de la familia. En este documento, asegura que fue él quien llamó hasta en una decena de ocasiones al teléfono de la amiga de la niña y que quedó con ella después de que un día coincidieran en los pasillos del juzgado. El hombre afirma que hizo todo esto sin el conocimiento de los progenitores acusados de maltrato y que en el encuentro que mantuvieron solo le preguntó por ella y no hablaron del proceso judicial.

La jueza ha desestimado la petición de cárcel que solicitaba la Comunidad de Madrid por quebrantamiento de condena al considerar que este episodio se trata de un hecho “puntual” y que no resulta “respetuoso a los principios de necesidad y proporcionalidad” imponer esta medida “tan gravosa”. La jueza advierte, no obstante, que si esta situación vuelve a repetirse, sí que es posible que adopte una mayor restricción contra la investigada, incluida la prisión preventiva. En su fallo, la titular del juzgado que investiga el caso recuerda a la institución pública que ahora tiene la tutela de la menor que debe controlar y fiscalizar las llamadas de la niña.

La instrucción prosigue y ya se ha tomado declaración a los hijos más mayores en una cámara Gessel, una habitación diseñada específicamente para tomar declaración a víctimas extremamente vulnerables. También han sido interrogados docentes de los centros escolares en los que estudiaban los pequeños.

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