Los camiones contaminantes de Almeida siguen circulando por la almendra central

El Ayuntamiento de José Luis Martínez Almeida continúa con un problema abierto en materia ecológica. Sus camiones de más de 20 años y sin pegatina medioambiental siguen circulando por la almendra central, área que sí está restringida a los coches viejos y contaminantes de los ciudadanos. EL PAÍS ya reveló en enero que las empresas contratadas para limpieza y jardinería no habían renovado su flota con vehículos limpios, como exigen los nuevos contratos de 2021, que suponían un fuerte incremento de la inversión municipal. Entonces, el alcalde madrileño prometió que el 31 de marzo las empresas contratadas habrían renovado su flota, una medida de gracia, pero las empresas se siguen saltando las normas todavía hoy, dos años y medio después de que los contratos fueran formalizados.

Este periódico ha comprobado esta semana cómo siguen circulando vehículos con más de 21 años de antigüedad, como es el caso de un camión con matrícula BVL, de abril de 2002, dedicado a limpieza de los parques dentro de la M-30, en la conocida como Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Era un vehículo con el escudo y colores municipales, pero perteneciente a la empresa Valoriza, una contrata que tiene asignado el arbolado de los distritos de Retiro, Arganzuela, Salamanca y Chamartín. Todos están dentro de la ZBE.

Cualquier ciudadano que se cruce a diario con los vehículos más antiguos puede reconocerlos fácilmente porque no llevan en el parabrisas la pegatina de la Dirección General de Tráfico (DGT). A pesar de lo llamativo de este caso, no pueden ser multados por los agentes de tráfico porque las normas del Ayuntamiento hacen una exención con los vehículos de alto tonelaje. Eso no significa que se puedan librar de la sanción por incumplir el contrato con el Ayuntamiento.

De hecho, todos aquellos camiones cuya matrícula sea previa a 2021 (anteriores a las letras LMC) están expuestos a sanción. Esto es así porque los nuevos contratos que Almeida presentó en 2021 eran muy claros con respecto a los vehículos: “Serán inexcusablemente de nueva adquisición, no admitiéndose en ningún caso ninguno usado, aunque lo haya sido en corto periodo de tiempo, ni rematriculados, kilómetro cero, ni similares”, dicen los pliegos del contrato de zonas verdes y arbolado viario. Y el contrato de limpieza callejera pide que los vehículos tengan matrículas posteriores al 1 de enero de 2021.

Este periódico comprobó esta semana cómo más de una quincena de vehículos de una empresa contratada, Valoriza, circulaban por la ZBE. Volvían a su aparcamiento en Abroñigal, en el borde sur de la M-30, tras prestar servicio limpiando calles o podando árboles. De ellos, un puñado eran tan viejos que incluso carecían de la pegatina de la Dirección General de Tráfico (DGT).

El Ayuntamiento responde que con la información de EL PAÍS solicitará la versión de la empresa e incoará los expedientes sancionadores oportunos por incumplir las condiciones contractuales. La portavoz del delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, Borja Carabante, indica que la empresa fue sancionada en mayo de este año después de que los inspectores municipales realizaran una visita a tres centros logísticos en los que se constató que faltaban tres vehículos por renovar. Se penalizó a la empresa con dos sanciones de 50.000 euros cada una.

Oportunidad de lucro

Los contratos de 2021 eran atractivos para las empresas porque el Ayuntamiento aumentaba sustancialmente el presupuesto que paga a las adjudicatarias. La contrapartida para las compañías eran unas exigentes inversiones en personal y vehículos. Una oportunidad para estas de maximizar el lucro residía en recibir el pago municipal ahorrando en costes.

El caso es que ya ha pasado una buena parte del tiempo de vigencia del contrato (en total hasta 2025 en el caso de zonas verdes y 2027 en limpieza viaria) sin que se haya cumplido plenamente con el requisito de renovación de flota. Según un análisis que hizo EL PAÍS en enero de este año, un 53% del parque de vehículos dedicados a limpieza callejera eran viejos y contaminantes.

Los trabajadores dicen estar acostumbrados a los incumplimientos de Valoriza, un negocio con más de 7.400 empleados centrado en la recogida de residuos de ayuntamientos en España. Su gestión aún depende de la constructora española Sacyr hasta junio, cuando inició un proceso de venta al banco de inversión estadounidense Morgan Stanley.

Los empleados pidieron a la empresa que solucione el problema de los camiones sin pegatina en una reunión a mediados de este mes. El comité de empresa pidió que “se les ponga, para evitar problemas”. A menudo los trabajadores tienen que excusarse a la ciudadanía que ve este incumplimiento flagrante. El acta de ese encuentro dice que “la empresa acusa recibo y revisará los vehículos”.

“Hacen muchos trapicheos”, se queja un empleado que pide anonimato para evitar represalias. “Por ejemplo, cuando llegan las vacaciones, no sustituyen a esos trabajadores, como indican los contratos. Buscan el mejor beneficio y no entiendo cómo las administraciones no controlan eso”.

¿Tienes más información? Contacta al autor en fpeinado@elpais.es o fernandopeinado@protonmail.com

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