Conflicto interno en la UCI pediátrica de La Paz: “Las mujeres cuando son madres ya no se puede contar con ellas”

Temor, persecución, mal clima laboral, humillaciones, intimidación, comentarios hirientes, desprecio y burlas hacia la maternidad. Son algunas de las palabras con las que los médicos de la UCI pediátrica del Hospital de La Paz describían su día a día en la unidad en 2020, según un documento del centro público al que ha tenido acceso EL PAÍS. Más de la mitad de los profesionales del área―siete de un equipo de 13, según cifras de la Consejería de Sanidad―, en su mayoría mujeres, está ahora de baja y denuncian un presunto “acoso” por parte del jefe de servicio. El doctor fue cesado ese año, tras abrirse un protocolo de conflicto interno, pero una sentencia judicial reciente ha obligado a readmitirlo al no advertirse “acoso laboral alguno” y considerar que la investigación interna no fue rigurosa. Este periódico ha podido leer el informe elaborado hace tres años por la Dirección General de Recursos Humanos, donde los sanitarios detallan los supuestos comportamientos del facultativo.

Gran parte del documento se centra en una denuncia concreta: comentarios despectivos sobre la maternidad y un supuesto trato discriminatorio hacia las doctoras que han sido madres. Una de ellas cuenta que vivió con “miedo” la reincorporación a su puesto tras la baja maternal, por las “posibles represalias” que pudiera haber. “Como había sucedido ya con otras compañeras”, relata. Estas represalias son, por ejemplo, más carga de trabajo ―como un mayor número de guardias que el resto― por haber estado varios meses fuera. También indicaba que el jefe de servicio considera el permiso de maternidad “unas vacaciones” y el de paternidad “un cuento”. Otro facultativo decía que el médico utilizaba el hecho de ser madre para descalificar como profesionales a las compañeras o que las bromas “de mal gusto” al respecto eran habituales.

Un tercer médico citaba algunas de las frases proferidas “en tono jocoso” por el jefe de servicio: “Las mujeres cuando son madres ya no se puede contar con ellas” o “a un hombre se le entiende mejor, con las mujeres es más difícil porque no dejan de hablar”. En otro episodio, durante una reunión con cuatro doctoras, el profesional habló de algo llamado “M de mujer”, para explicar cómo la maternidad afectaba al rendimiento laboral de las mujeres: primero sube, cuando son madres baja, después vuelve a subir, luego a bajar de nuevo. En el informe se señala que el propio jefe reconocía haber mantenido esta conversación.

Proceso poco riguroso

El texto, de 15 páginas, está fechado a 11 de diciembre de 2020 y es el resultado final de la investigación liderada por recursos humanos, que se da una vez abierto el protocolo de conflictos a petición de un profesional. Al comienzo del escrito se matiza que, aunque las indagaciones parten de una solicitud individual ―de agosto de ese año―, esta se hace en connivencia con otros cinco sanitarios de la UCI pediátrica. A lo largo de cinco meses, el instructor del proceso entrevistó a 16 trabajadores del hospital ―sanitarios de la unidad, personal administrativo y miembros del equipo ya jubilados― y al jefe de servicio.

Una vez terminado el proceso, el informe concluyó que, aunque las formas del jefe eran “hirientes”, “intimidatorias” y “humillantes”, el objetivo del médico no era crear un entorno laboral “hostil” o “perturbar” al resto de facultativos. Aun así, se recomendaba “la posibilidad de relegarlo de sus funciones” como responsable de la UCI pediátrica. Eso se hizo efectivo apenas una semana después y fue cesado.

El doctor recurrió el cese, que ha sido revocado en febrero de este año por sentencia judicial, donde se concluye que no hubo acoso laboral, sino “claros incumplimientos de unas órdenes impartidas por un superior jerárquico”. “No se aprecia ánimo humillador o envilecedor en el actor frente a sus subordinados, no se aprecian los sentimientos de temor ni de angustia que dicen padecer los sujetos pasivos del acoso y que no están probados en modo alguno por sus meras declaraciones, habiéndose basado el instructor y el director gerente hospitalario en un discurso concertado entre varias personas (por muchas que ellas sean) dándolo por cierto”, recoge el texto. También se indica que la investigación interna se llevó a cabo “sin indagación probatoria rigurosa, sin contrastación de las fuentes, sin un procedimiento contradictorio riguroso y quebrando un principio básico de igualdad de armas en una materia de tan alta sensibilidad como frivolidad en su uso como son las denuncias por acoso laboral”.

Los abogados del jefe de servicio, a través de un escrito enviado a este periódico, describen el procedimiento como “inquisitorial” y denuncian que “los hechos declarados probados en la Resolución del Protocolo, y que motivaron el cese, son falsos”. También señalan que durante el proceso no se permitió al doctor “conocer el contenido de las denuncias, acceder al expediente administrativo ni formular alegaciones a la propuesta de resolución del instructor de forma previa a que la Dirección resolviese su cese”. El médico, continúan, solo pudo acceder al expediente y saber de qué se le acusaba una vez tramitado el cese. “Todos los denunciantes fueron emplazados debidamente por el Juzgado para personarse como codemandados en el proceso junto con el Servicio Madrileño de Salud, contestar a la demanda y proponer todos los medios de prueba que estimasen oportuno. Y dicho derecho no fue ejercido por ninguno de ellos”, indican en el texto.

“Constantemente amenazado”

Los médicos, por separado y según consta en el informe, hablaban de un entorno de trabajo “roto”, “quemado” e “instalado en el miedo”. “La comunicación con el equipo es inexistente y la forma de actuar del doctor hace que [los compañeros] se inhiban y no participen”, relataba uno de los profesionales. Otros señalaban una actitud “dura” o que el día a día en el servicio era cada vez peor: “Antes había un ambiente muy bueno, hasta que llegó a la jefatura, que empezó a crear favoritos y perseguidos”. Esto se traduce, describe el informe, en comentarios hirientes y humillantes, tanto en público como en privado, y en poca tolerancia a opiniones discrepantes. Uno de los sanitarios decía sentirse “constantemente amenazado y vigilado”. “Conoce el punto débil de cada uno y lo utiliza para desacreditarlo o anular sus argumentos”, añadía otro. El documento concluía que la mayoría de testigos compartían visiones similares a estas y que la atmósfera en la UCI “se había tornado irrespirable por la actitud del jefe de servicio”.

Los abogados, en el escrito, aluden también a un auto de este septiembre, del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 24 de Madrid y emitido tras alegaciones de la Administración de no poder ejecutar la sentencia y, por tanto, la readmisión del médico. “El cumplimiento de una decisión judicial no puede quedar al arbitrio de la voluntad de un grupo concertado de personas. Y la extrema importancia y sensibilidad de la función que tales personas desempeñan no debería utilizarse como un instrumento de presión para impedir el cumplimiento de una decisión judicial”, concluye la magistrada.

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