Siete médicos de la UCI pediátrica del hospital de La Paz de Madrid, de baja por un supuesto acoso del jefe de servicio

Siete médicos de la UCI pediátrica del hospital de La Paz ―más de la mitad de la unidad, donde trabajan 13 especialistas― se han cogido la baja por el “acoso” y los reiterados “comentarios de descrédito” del jefe de servicio, según denuncian los propios sanitarios en una carta firmada por ellos y por algunos compañeros. En 2020 ―como indica el texto y ha confirmado a EL PAÍS la Consejería de Sanidad―, varios miembros del servicio acusaron al doctor Pedro de la Oliva de tratarles de manera humillante y de generar un ambiente de “hostilidad” y “miedo” entre los trabajadores. Entonces, el centro inició un protocolo de conflicto y en diciembre de ese año el profesional fue cesado de su cargo, aunque continuó sus labores como médico adjunto. De la Oliva recurrió el cese y una sentencia de 2023 ha obligado a La Paz a readmitirle. La consecuencia pone en peligro una unidad clave como la UCI infantil, donde se han quedado menos de la mitad de la plantilla.

“La reciente reincorporación del antiguo Jefe de Servicio, casi tres años después de su anterior cese, ha precipitado la baja laboral de los siete médicos con más experiencia, lo que supone más de la mitad de la plantilla, amenazando la continuidad y la calidad de la asistencia en este servicio”, comienza la carta, a la que ha tenido acceso este periódico y que también ha recogido el medio especializado en información sanitaria iSanidad. En el texto, los médicos exponen la cronología de los hechos, que coincide con la de la Consejería de Sanidad.

En agosto de 2020, un grupo de sanitarios advierten de “graves problemas” con Pedro de la Oliva y hacen uso del protocolo de actuación ante conflictos internos y casos de acoso laboral. También, cuentan en la misiva, presentan un escrito firmado por 37 profesionales, entre los que se incluyen jefes de otras áreas y donde denuncian la actitud de De la Oliva.

Una vez abierto el protocolo, comienza la fase de investigación, liderada por la Dirección General de Recursos Humanos, donde se habla con las partes e indaga sobre o denunciado. Según el texto de los médicos, las indagaciones se prolongaron durante cuatro meses y fueron entrevistados más de 15 profesionales. El resultado: “Queda acreditado que las formas del jefe de servicio para con los interesados son injustificadas. Amén de sus formas físicas que causan intimidación, destaca ante todo el uso a veces de una forma de expresión que puede definirse como humillante para su interlocutor”. Este es el primero de los puntos, pero la carta recoge otros cinco, como que el ambiente en la UCI pediátrica es “irrespirable”, que el servicio está “roto e instalado en el miedo y la tristeza”.

En el resto de los puntos, se enumeran algunas de las actitudes “hostiles” del doctor: no admite la discrepancia de los subordinados; emite comentarios negativos sobre la maternidad y paternidad de los trabajadores, junto con “muestras reiteradas de acoso por razón de sexo”; inequidad en la distribución de las actividades, y comentarios “de descrédito” hacia los sanitarios, no solo los denunciantes. Este periódico ha intentado contactar con De la Oliva por varias vías para recoger su versión, pero todavía no ha obtenido respuesta.

A raíz de las conclusiones del protocolo, la dirección de La Paz cesó a De la Oliva en diciembre de 2020 y un portavoz de la Consejería de Sanidad señala que siguió trabajando en el servicio, pero ya como médico adjunto y no como jefe. También añade que la Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales de la consejería abrió un expediente disciplinario al doctor, que fue derivado a otra área del hospital público. Esto último fue recurrido ante el contencioso-administrativo, recoge la carta de los médicos, y el proceso todavía no se ha resuelto.

De la Oliva también recurrió su cese, que fue revocado en febrero de este año por sentencia judicial, a la que ha tenido acceso EL PAÍS y donde el juez concluye que “no se está ante [un caso de] acoso laboral”. Con todo, el doctor se reincorporó al servicio como jefe el pasado 25 de septiembre y en el texto consta que al menos 15 profesionales adscritos al hospital infantil presentaron procedimientos de acoso contra el médico, aunque la mayoría no fueron admitidos.

La defensa hace un relato pormenorizado de los hechos y al comienzo señala que bajo las denuncias contra el facultativo “subyacen unos conflictos estrictamente profesionales y el resentimiento por el hecho de que el demandante pusiese de manifiesto determinadas prácticas médicas incorrectas”. También incide en que “no hay prueba alguna” que sustente las descalificaciones hacia los trabajadores. “El actor [De la Oliva] padece una minusvalía denominada ‘temblor esencial’ que, en ocasiones, le provoca temblor en las manos y no poder controlar la elevación el tono de voz”, recoge el texto.

En la sentencia, la defensa reproduce las palabras del médico, que habla de un “motín” contra él, orquestado por seis compañeros del servicio a raíz de discrepancias laborales. El texto también recoge que las acusaciones son “meras críticas [...] sin que consten hechos de un determinado lugar, tiempo o circunstancia, deduciéndose del expediente varias omisiones graves que subraya: no darle traslado de las denuncias formuladas contra él, no ponerle de manifiesto el expediente hasta la resolución final, y no respetar el trámite de audiencia al interesado para formular alegaciones”.

Según el escrito judicial, fueron seis los médicos que denunciaron al De la Oliva en 2020 y tantos ellos como el doctor acusado fueron entrevistados “hasta en cinco fechas distintas” en septiembre de ese año como parte del protocolo de conflicto y acoso. También prestaron declaración otros 10 facultativos y se solicitó un informe del programa de atención a los profesionales sanitarios. Dicho informe, que valora el estado psicológico de los trabajadores, concluyó que “los profesionales que acudieron a dicho programa en el año 2020 describían una sintomatología ansioso-depresiva de origen laboral que relacionaban directamente con el jefe del servicio, debido a un deterioro progresivo del trato que describían como autoritario, despótico, vociferante y muy poco dispuesto a escuchar a los subordinados”.

La sentencia ha sido recurrida y los médicos opinan que “con la reincorporación les ha vuelto a generar [...] trastornos psicológicos graves que les impiden desarrollar su trabajo, por lo que han recibido la baja laboral y están actualmente recibiendo atención especializada”. En su carta, califican de “indignante” que el sanitario haya regresado a su anterior puesto, mientras ellos ―“al no poderse garantizar un entorno seguro”― se encuentran de baja. “La seguridad de los pacientes y la salud de los profesionales sanitarios está claramente amenazada y esto no parece ser motivo suficiente para poner fin a esta situación”, concluyen.

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