El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid afronta el pago de indemnizaciones millonarias por las casas derribadas, agrietadas y desalojadas desde que el Metro llegó a San Fernando de Henares (40.000 habitantes), en 2007. Según documentación a la que accedió EL PAÍS, el Ayuntamiento reclama a la administración regional casi dos millones por los equipamientos municipales destrozados, y sigue evaluando unos daños que no paran de crecer y engordar esa factura. En paralelo, la Comunidad ha hecho una oferta de indemnización de siete millones en total a los primeros afectados, pero estos la han rechazado en su mayoría, han presentado en muchos casos alegaciones, y están dispuestos a acudir a la justicia. Como consecuencia, la situación es muy volátil: en el municipio ya se han demolido 27 viviendas, otras tantas están a un paso de seguir el mismo camino, para un total de 54, y más de 150 vecinos de 81 familias han tenido que abandonar sus hogares en algún momento desde 2021 como consecuencia de las grietas, roturas y desperfectos que han aparecido en sus edificios.

“Con esas cantidades que nos ofrecen no podemos retomar nuestras vidas. Es imposible”, explica Juan Fuentes, uno de los afectados, que es presidente de la Asociación Presa–Rafael Alberti. “Como le dije al viceconsejero [Miguel Nuñez], yo no quiero comenzar una vida nueva, sino retomar la que tenía con dignidad”, añade. “Que no vuelvan a decir que nos dan el máximo legal [de indemnización], porque es falso, ya que no han tenido en cuenta nuestras tasaciones, ni la cuantificación del daño moral”, sigue. “Lo que nos han propuesto es insuficiente y discrimina al conjunto de los convivientes de una familia porque al primero le dan 20.000 euros, al segundo, 8.000, y al tercero, 5.000″, argumenta. Y se pregunta: ¿Qué ocurre? ¿Vale menos el dolor del segundo que el del primero, y todavía menos el del tercero?”.

La Comunidad de Madrid defiende su decisión. “El total del importe de las indemnizaciones hasta la fecha son siete millones y el plazo de aceptación todavía no ha vencido”, dice un portavoz gubernamental, que detalla que esa cifra abarca a la treintena de afectados de viviendas ya derribadas, por lo que la inversión se multiplicará cuando se empiecen a tramitar las indemnizaciones de la veintena de residencias que la Comunidad ha pedido derribar, pero que aún siguen en pie mientras se finalizan los trámites administrativos. “No obstante”, continúa este interlocutor; “hasta el momento tenemos 18 aceptaciones de la indemnización, que se corresponden con dos viviendas, un inquilino y 15 garajes”.

El origen del conflicto se remonta a 2007, cuando las obras impulsadas por el gobierno de Esperanza Aguirre facilitaron que el agua entrara en contacto con la sal que entreveraba el terreno, disolviéndola. Como consecuencia, cambió el terreno, los edificios perdieron pie, y comenzaron a aparecer grietas como acantilados, ruidos fantasmales, vibraciones como pequeños terremotos, ventanas que no se abrían y puertas que no se cerraban.

Quince años después, y con la línea 7B acumulando nueve cierres y casi tres años en total sin dar servicio por el mismo problema, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso dice estar haciendo todo lo posible para resolver la situación. Así, el Ejecutivo ha ofrecido de 136.000 a 355.000 euros a los vecinos por sus viviendas y de 10.000 a 33.000 euros por sus garajes. Un baremo que permite calcular que las indemnizaciones rondarán los 15 millones cuando se les ofrezcan a todos los afectados reconocidos hasta ahora.

En el entretanto, un informe elaborado por los residentes en el que se reúne la posición de la mayoría de afectados, pero no de todos, refleja que ninguno ha aceptado la oferta de indemnización por sus viviendas, y que algunos, la minoría, lo han hecho o quieren hacerlo para sus plazas de aparcamiento. Por lo tanto, el grueso de las personas que se han quedado sin casa han presentado alegaciones para obtener una oferta mejor, y evalúa emprender acciones judiciales para que los tribunales decidan la compensación a la que tienen derecho.

Todo queda explicado por los cálculos de los afectados, que una y otra vez subrayan que no se trata de pasar a vivir en un palacio, ironizan, sino de sobrevivir. Como ejemplifica Fuentes: “Si a una indemnización de 235.000 euros le restas 47.000 que se lleva Hacienda, 30.000 para amueblar una casa nueva y 18.000 para las escrituras nuevas... te quedan 140.000. Con eso, ¿a dónde vas?”, pregunta.

No es el único problema. Quien tenía hipotecada en su casa destruida debe restar ese dinero de la indemnización que reciba. Y lo mismo le ocurre al que haya estado de alquiler hasta ahora, mientras su casa en propiedad era inhabitable.

“Las tasaciones realizadas se han realizado valorando por igual todas las viviendas y, por lo tanto, sin considerar las reformas realizadas ni las calidades de cada vivienda”, se queja también el Ayuntamiento en un escrito enviado a la Comunidad. “Con la indemnización que le ofrezca la Comunidad de Madrid, cada familia debe tener la oportunidad de comprar una vivienda en el mercado de similares características a la que tenía”, se añade en el documento. “Cualquier cantidad inferior supone un agravio para unas personas que son completamente ajenas a las circunstancias causantes del destrozo que las obras de la línea 7B de Metro ha producido en sus vidas”.

Hoy la zona cero del problema es un hervidero de operarios con mono naranja o chaleco amarillo fluorescente que se afanan por inyectar cemento en el subsuelo, intentando asentar 10.000 metros cuadrados de las entrañas de la ciudad. Junto a ellos suena constantemente el zumbido de inmensas máquinas rojas, y rebosa el agua que se extrae a litros bajo tierra mientras aletean como fantasmas las pancartas colgadas de los balcones con las quejas de los vecinos. La imagen es caótica. Hay vallas plateadas por todas partes, instaladas a escasos centímetros de las puertas de los edificios en los que sigue viviendo gente. Operan las excavadoras, que poco a poco destruyen aceras, muros y edificios.

Los últimos son varias viviendas de la calle Presa y los pertenecientes a El Pilar, un complejo de la Comunidad que estuvo lleno de dependencias municipales y donde el lunes se registró una explosión que no provocó daños pero sí un buen susto entre los vecinos.

Una guardería con niños afectada

“Seguimos exigiendo desalojos voluntarios y pactados en condiciones dignas para aquellas familias que se ven obligadas a vivir en un entorno inhabitable e inseguro”, reclama la Plataforma Afectados por el Metro (PAML7B) a través de un comunicado. “Es inaceptable que, en el transcurso de los trabajos, se piloten calles, se ejecuten demoliciones y se corten líneas de luz, agua y gas, con cientos de personas viviendo a escasos metros de estos trabajos”, añade el texto. Y advierte: “Ponemos especialmente nuestra preocupación en el caso de la guardería ubicada en la calle Nazario Calonge, que, sin alcanzar ningún acuerdo con la Comunidad de Madrid, se le han impuesto trabajos de consolidación a menos de un metro de un centro con infantes de corta edad en su interior”.

Por su parte, el Ayuntamiento de San Fernando ha registrado ante la Comunidad un escrito de reclamación por responsabilidad patrimonial en el que detalla los múltiples daños sufridos por las obras: aceras, asfalto, zonas verdes desmanteladas y árboles talados, obturación de canalizaciones de saneamiento, impuestos que se han dejado de cobrar a los afectados....

“Es una reclamación patrimonial abierta, porque el problema sigue creciendo y no tiene fin”, lamenta Javier Corpa, el alcalde socialista de San Fernando, un municipio que se ahoga en el caos generado por la llegada de la línea 7B de Metro.

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