Un pozo socavado con roturas y fugas de agua: así se aceleró el drama de las casas destruidas por el Metro de Madrid en San Fernando

Si el drama causado por el Metro de Madrid en San Fernando de Henares (40.000 habitantes) es un incendio que lleva devoradas 54 viviendas, el suburbano es la chispa y parte del fuego está en un pozo del Canal de Isabel II. Así lo detalla un informe de la Comunidad de Madrid que admite la responsabilidad patrimonial de la Administración en que más de 150 vecinos hayan tenido que abandonar sus hogares de este municipio al este de la región en algún momento desde 2021, y en que cientos de viviendas estén llenas de grietas desde que la llegada de los trenes modificó el subsuelo e hizo que los edificios perdieran pie. Todo empezó en 2007, cuando las obras impulsadas por el gobierno de Esperanza Aguirre facilitaron que el agua entrara en contacto con la sal que entreveraba el terreno, disolviéndola. Quince años después, en mayo de 2021, la Administración concluyó que un pozo del Canal de Isabel II era en parte responsable, porque estaba anegando el subsuelo, según un informe que ahora enarbolan los damnificados.

“A finales de mayo de 2021, se instó al Canal de Isabel II a revisar y reparar el colector existente que discurre a lo largo de la calle de la Presa, desde el cruce de esta con Rafael Alberti”, se lee en el documento, que también detalla la reparación previa de un colector municipal. “Se encontraron roturas en el pozo de recogida de las aguas de bombeo procedentes del pozo de metro situado en la calle Rafael Alberti, cuyo fondo se encontraba completamente socavado; además, había una rotura en las paredes laterales del mismo, que permitía fugas de agua hacia el terreno, produciéndose pérdidas de agua abundantes”, sigue. “Como consecuencia de estos hechos [el colector y otros], y en el entorno del pozo, se han visto afectados diversos edificios, procediéndose en algunos casos a la demolición de las edificaciones, así como al desalojo de los vecinos afectados”, se añade.

Y se reconoce: “Los daños a las viviendas se produjeron como consecuencia de los movimientos del terreno, vinculados con las filtraciones en torno al pozo de bombeo del túnel situado en el PK 2 + 890 de la línea 7B del Metro y las condiciones geológicas e hidrogeológicas de la zona, por lo que se manifiesta que hay un nexo causal entre las actuaciones de la Administración y los daños a las viviendas, sin que ello suponga que la construcción de la infraestructura de prolongación de la línea 7 del Metro de Madrid haya sido la única causa concurrente en la aparición de tales daños y la posterior evolución de los mismos, puesto que los perjuicios referidos son probablemente el resultado de un conjunto de hechos y condiciones entre los que también se encuentran, como factor concurrente, las deficiencias detectadas en la red de saneamiento donde se bombean los caudales recogidos por la infraestructura de la línea”.

En 2021, cuando actuó sobre el colector, la Comunidad ya conocia a través de múltiples informes internos y externos que la causa del problema era clara: el agua.

Así, el mismo año del estreno de la línea 7B, en 2007, los gestores de la infraestructura conocen que se han detectado “diversas patologías en relación con una anómala y creciente entrada de agua de elevada conductividad al pozo de bombeo situado entre la estación 7 (San Fernando) y 8 (Henares)”. Apenas seis meses después, en junio de 2008, otro informe advierte a la Comunidad “del consiguiente riesgo de colapsos en el túnel de metro y las edificaciones del entorno”. En 2009, un tercer balance alerta a la Administración de que es “de extrema urgencia” actuar por ese motivo. Y en 2010, cuando los problemas de las casas son aún incipientes, se registra un documento taxativo.

“La karstificación en esta zona no fue detectada con los reconocimientos del proyecto, probablemente porque no existía”, se lee sobre los cambios en el terreno provocados por la entrada en contacto del agua (que no había antes) con las sales fácilmente solubles que entreveran el subsuelo (que ya estaban allí). “Sin embargo, la construcción del túnel y posterior drenaje comenzó a movilizar el flujo de agua subterránea y a iniciar un progresivo proceso de disolución del terreno, en concreto y preferentemente, de los niveles salinos existentes”, añade. “(…) En este tipo de terreno, movimiento de agua significa capacidad de disolución”, subraya, en alusión a los cambios del terreno que afectan al asentamiento de los cimientos de los edificios.

En todo ese tiempo, Madrid ha tenido seis presidentes regionales y ocho consejeros de Transportes, pero el problema ha aumentado sin que nadie lo solucione hasta convertirse en un drama vital. Que la propia Comunidad haya puesto en el foco el pozo, subrayan fuentes populares, interpela a Paloma Martín, la titular de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, y una de las consejeras preferidas por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. El Canal está bajo su responsabilidad. Una conexión que recalcan fuentes populares, donde la proximidad de las elecciones del 28 de mayo eleva poco a poco unas tensiones internas que incluyen la sorpresa porque Ayuso quisiera responsabilizar parcialmente del problema a los ayuntamientos de izquierdas que aplaudieron en su día la llegada de la infraestructura.

“El Canal de Isabel II actuó ante una avería en 2021 como consta en la orden”, explican desde el equipo de la consejera en referencia al documento. “Se renovó el colector de la calle Presa en los números pares, y se desviaron las aguas freáticas hacia el colector de la calle Francisco Sabatini”, añaden, sin ver problema alguno.

Desde que fue inaugurada a toda prisa en 2007, para que coincidiera con las elecciones, la línea 7B ha sido cerrada en nueve ocasiones. En total, ha dejado de dar servicio, al estar cerrada, tres años de sus quince de vida. En medio, el agua se filtraba carcomiendo los cimientos de las viviendas de una zona de al menos 10.000 metros cuadrados en la que el gobierno está ahora inyectando cemento para consolidar el subsuelo. En paralelo, el Ejecutivo dice que invertirá más de 120 millones de euros en arreglar los problemas de la zona, que también afectan a edificios públicos e instalaciones municipales. Y ha ofrecido de 136.000 a 355.000 euros a los vecinos por sus viviendas, y de 10.000 a 33.000 euros por sus garajes.

Cifras que reflejan dos dramas. Primero, el de las más de 80 familias que han tenido que abandonar sus casas, dejando atrás su sueños y sus recuerdos, por la llegada del Metro a San Fernando. Y segundo, el de los vecinos que aún residen en pisos llenos de grietas, que rugen de crujidos por las noches, y que viven con la incertidumbre constante de saber que pueden ver sus viviendas condenadas a la piqueta.

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