En la calle por culpa del Metro de Madrid: 50 vecinos de San Fernando abandonan a la carrera sus casas ante la amenaza de derrumbe

La tarde del martes apura sus últimas horas cuando un ruido sacude un edificio en la plaza de la Fuente del Trébol de San Fernando de Henares, un municipio de 40.000 habitantes al Este de Madrid. Los 50 residentes salen a la carrera hacia la calle. Hay grietas en las paredes de sus casas que no estaban hace un segundo. Puertas que antes abrían que ahora están violentamente encajadas. Y ninguno de ellos necesita esperar a los bomberos porque todos saben perfectamente lo que está pasando: viven en una localidad donde más de 100 vecinos han tenido que abandonar sus hogares desde 2021 como consecuencia de las grietas, roturas y desperfectos que empezaron a aparecer en sus viviendas con la llegada de la línea 7B de Metro, en 2007. Tras varias horas de tensión, con varios ancianos esperando en un banco cubiertos con mantas, estas 24 familias unen su nombre a la lista. No pueden volver a sus casas y pasan la noche del martes repartidas entre un hostal, un hotel y casas de familiares. Al día siguiente, ya miércoles, la Comunidad les comunica que el edificio es seguro. Pero hay quien no quiere volver. Sienten, dicen, “pánico”. Miedo a que el techo se les caiga sobre la cabeza.

Así lo resume Nines, una de las vecinas afectadas: “Yo no voy a volver. A mi no me dan ganas. Me da igual si me llevan con grilletes, que hagan lo que quieran. Yo no entro a mi casa. Tengo a mi nuera embarazada, y lo que experimenté en mi casa no lo quiero experimentar más. El suelo tembló. Las paredes crujieron. Las copas se movían. La puerta de casa se descuadró. Tengo grietas para parar un tren, que me las han sellado con silicona para que no entre agua de la calle. El suelo se me está levantando. No. Yo no vuelvo. ¡Como si tengo que estar en una tienda de campaña!”.

Todo arranca en 2007, cuando la entonces presidenta regional, Esperanza Aguirre, celebra la inauguración de la línea 7B, hecha a toda prisa para que se estrene justo antes de las elecciones. Desde el primer día, las obras provocan algo parecido a un terremoto en el subsuelo: facilitan que el agua entre en contacto con la sal que entrevera el terreno, disolviéndola y causando un corrimiento de tierras que hace que los cimientos de los edificios pierdan pie. 15 años después, ya se han derribado 27 viviendas y otras tantas están a un paso de seguir el mismo camino, según anunció en diciembre la Comunidad, para un total de 54, según cifras de la Administración regional, que no concuerdan con las de la local (que dice tener constancia de 53). Como consecuencia, más de 150 personas de más de 100 familias han tenido que dejar sus hogares. Y muchas siguen viviendo entre grietas, ruidos tenebrosos y el miedo permanente a que se les caiga el techo encima.

“El desalojo constata que lo que está haciendo aquí la Comunidad de Madrid son parches, puesto que en la parte trasera del edificio se lleva inyectando hormigón desde hace semanas, y no está resultando”, lamenta el alcalde socialista de la localidad, Javier Corpa, sobre los trabajos de estabilización del terreno que impulsa la administración regional desde octubre. “No puedo entender el pasotismo del gobierno regional”, añade el regidor, que este miércoles visitará la zona de nuevo junto al líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato. “San Fernando está harto. ¡Ya está bien! ¡Soluciones definitivas ya!”.

Porque el martes se viven en San Fernando escenas de gran tensión. Los vecinos llegan a su límite tras meses y más meses de desalojos, demoliciones y malas noticias. Así ocurre todo.

“Esto es impresionante. Gente mayor, sin cenar, sin nada, porque solo les han dejado coger lo imprescindible”, cuenta en directo Eva, una de las vecinas afectadas por los desalojos, sobre el tenso ambiente que se genera en el municipio durante la tarde-noche del martes, cuando nadie sabe aún qué va a pasar. “Ningún bombero quiere firmar y tener la responsabilidad [de que los vecinos vuelvan a sus hogares]”, añade. “Esto es vergonzoso”.

A la puerta del edificio se agolpan bomberos, miembros de protección civil y policías locales. La zona está acordonada durante largos minutos. Abundan los cascos, por el peligro de que se caiga cualquier cosa, y los chalecos reflectantes. Pero lo que cae, inclemente, es el frio. Los vecinos lo aguantan sin saber qué va a ser de ellos, ni de sus seres queridos, pequeños y mayores. El veredicto llega cuando se acercan las 22:00, y ya llevan varias horas de tribulaciones, nervios, enfado, desesperación y tensos desencuentros con un representante de la Comunidad, el director general de infraestructuras, Miguel Núñez, que se lleva algún empujón.

Los que no tengan coche dormirán en un hostal cercano. Los que sí tengan medio de transporte irán a un hotel. Así se distribuyen: 18 son realojados por la Administración regional y 32 se van a residencias de sus familiares. Algunos logran permiso para volver a entrar en el edificio al filo de las 23.00, para recoger sus cosas. Es una escena mil veces vista en San Fernando. La estampa que resume la desgracia de un municipio lleno de pancartas contra el Metro, zaherido por las grietas que se ven desde la calle, y roto por dentro. Por un lado de la escalera sale un residente cargando una bolsa. Por otro, uno que lleva una maleta con ruedines, como si se fuera de viaje. Pero no. El problema es que no: igual que cientos de vecinos antes que ellos, los que salen este martes conocen el día en el que abandonan sus hogares, pero no la fecha en el que podrán volver. Si es que pueden: ya se han derribado 27 viviendas, y la Comunidad ha planteado que se derriben otras 27. Por eso nadie se fía cuando el miércoles llega la noticia de que los 50 desalojados de la plaza de la Fuente del Trébol pueden volver a sus casas.

Da igual que la Administración autonómica asegure que esa misma mañana del martes sus técnicos han realizado trabajos de auscultación en la plaza Fuente del Trébol, y que han comprobado que los edificios están estables después de realizar las labores de consolidación del terreno, consistentes en inyectar hormigón debajo de la zona. No importa tampoco que la Comunidad recuerde la inversión de decenas de millones a lo largo de los años para intentar arreglar un desaguisado originado por el gobierno de Aguirre, con una obra tan mal rematada como para que la línea 7B se haya tenido que cerrar nueve veces desde su inauguración (más de tres años en total) para ser reparada.

Los bomberos prefieren aplicar “el principio de prudencia”. Menos de doce horas después, ya en miércoles, los técnicos contratados por la Comunidad de Madrid dan el visto bueno al realojo del edificio. Se observan grietas, sí. Puertas encalladas, también. Es necesario un seguimiento constante, por supuesto, se lee en su informe. Pero invitan a los vecinos a volver a sus casas. Los afectados están que trinan. Protestan ante la oficina de atención que ha abierto la Comunidad en el barrio. Se encierran. Gritan. Para muchos de los residentes en la plaza de la Fuente del Trébol, donde está el edificio desalojado el martes, no es una buena noticia que puedan volver a sus hogares, ni están dispuestos a dar el paso tan fácilmente: hacerlo significa dormir pensando en que la casa se les puede caer encima en cualquier momento.

Suscríbete aquí a nuestra newsletter diaria sobre Madrid.