Los vecinos desalojados por la línea 7B de Metro de Madrid piden ayuda a Europa

La capital europea sintió este martes, por un rato, la angustia de los vecinos de San Fernando de Henares cuyos hogares están amenazados —o ya han sido destruidos— por las obras de la línea 7B del Metro de Madrid. La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo escuchó la frustración, desamparo y rabia de los desalojados, que pidieron que Bruselas escuche y atienda unas demandas a las que, según afirman, el gobierno conservador de la Comunidad de Madrid, primero con Esperanza Aguirre y ahora con Isabel Díaz Ayuso, ha hecho oídos sordos durante los últimos 15 años.

“El hundimiento de la línea 7B es la historia de una decisión política tomada en contra de criterios técnicos que ha arruinado la vida de decenas de familias en San Fernando de Henares”, cuyos derechos se están “vulnerando y cercenando en todo momento”, denunció el presidente de la Asociación de Afectados Rafael Alberti-Presa de San Fernando de Henares, Juan Antonio Fuentes.

Ante la comisión parlamentaria que atiende denuncias ciudadanas y que está presidida por la eurodiputada popular Dolors Montserrat, Fuentes recordó que las obras, que comenzaron en 2007, han dejado hasta la fecha 600 viviendas dañadas, 13 calles con afecciones, 88 familias desalojadas, tres viviendas unifamiliares, un bloque de 24 apartamentos y tres negocios derruidos, así como la notificación de una treintena más de desalojos realizada el mes pasado. Frente a estas alegaciones, el director general de Infraestructuras de Transporte Colectivo de la Comunidad de Madrid, Miguel Núñez, aseguró que la “máxima preocupación” de las autoridades madrileñas es “salvaguardar la seguridad de los vecinos”. Mientras estos negaban con la cabeza y susurraban “mentira” desde su banco, Núñez lanzó una lista de cifras asegurando, entre otros, que Madrid se ha hecho cargo de forma “inmediata y directa” de los gastos del centenar de familias realojadas, por un valor de entre 26.000 y 75.000 euros al año. Hay una “total transparencia”, insistió.

Era la segunda vez en pocos meses que la delegación de vecinos tomaba el avión rumbo a Bruselas —en noviembre viajaron para tramitar de urgencia la petición, iniciativa que obtuvo el apoyo de todos los partidos salvo el PP—, pero fue la primera ocasión que tuvieron ocasión de hablar pública y formalmente ante los eurodiputados de diverso signo y países.

Y lo aprovecharon para hacer demandas muy concretas: que los eurodiputados realicen una visita formal a la localidad afectada para “conocer en el propio terreno la magnitud de los derechos vulnerados”. También quieren que la Comisión Europea investigue las obras de ampliación del metro por su “mala ejecución”, así como los nuevos fondos destinados a las reparaciones ordenadas, que los vecinos consideran una “chapuza” que sigue vulnerando sus derechos.

Una representante del Ejecutivo europeo se encargó de echar rápidamente un jarro de agua fría a esta última petición y replicó que Bruselas “no puede seguir interviniendo en este asunto”. Según explicó, la Comisión Europea no tiene competencias en este caso puesto que son los propios Estados miembros los que “deben garantizar que se respetan las obligaciones relativas a los derechos fundamentales que resulten de acuerdos internacionales como la Carta Europea de Derechos Fundamentales” a la que aludieron los demandantes en referencia al derecho a una vivienda digna. A pesar de ello, la eurodiputada Sira Rego (IU) dijo tras la sesión que buscarán que se realice una “auditoría por si se han utilizado fondos europeos para la construcción de esas infraestructuras”.

La respuesta de la Comisión llevó al eurodiputado del PP Pablo Arias a reclamar el cierre de la petición de los vecinos de San Fernando, a los que acusó, junto con los diputados de izquierdas que los apoyan, de traer a Bruselas una “cuestión electoral” con la que buscan hacer “ruido mediático” contra Díaz Ayuso. “No hay competencias en la UE, por lo que no sé qué hace esto aquí. Si tienen dudas, acudan a los tribunales y pongan una querella (…) siéntense con la Comunidad de Madrid para que, entre todos, podamos buscar una solución definitiva, pero no vengan ustedes aquí para hacer como si esto fuera un ring”, acusó.

La petición seguirá no obstante abierta por decisión de la mayoría de los eurodiputados, por lo que la Comisión de Peticiones podrá continuar analizando la situación. Montserrat anunció además que solicitará a Bruselas que remita su respuesta “por escrito” y señaló que la decisión sobre una misión a Madrid de los eurodiputados deberá ser votada por los coordinadores de esta comisión parlamentaria.

Dado que en cualquier caso el viaje oficial tardará aún bastante en realizarse —probablemente no antes de 2024—, las diputadas Sira Riego y la socialista Cristina Maestre acordaron, tras la sesión, realizar una visita no oficial a las zonas afectadas este lunes próximo a la que, según anunciaron en los pasillos de la Eurocámara, invitarán a todos los eurodiputados que quieran apuntarse.

“Esto no es politiqueo, no es demagogia, no es electoralismo, son 15 años de ninguneo (….) Esto es la vida de muchas personas que necesitan que Europa les dé una respuesta que de momento no les está dando”, defendió Maestre, coordinadora del Grupo de Socialistas y Demócratas (S&D) en la Comisión de Peticiones. Porque independientemente de las competencias legales o no de las instituciones europeas, acotó la gallega Ana Miranda, deben regir unos “principios éticos”. Más que nunca ahora que, “esta cámara, cuestionada en estos momentos, tiene que dar ejemplos claros de que estamos con los ciudadanos y no con las mafias que tocan a veces a algunos diputados”, recordó la diputada del grupo de La Izquierda en referencia al escándalo de sobornos Qatargate que ha sacudido al Parlamento Europeo.

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