La viuda de la víctima del amianto del Metro de Madrid que inició el caso: “Ha habido dinero, pero no justicia”

Fue su denuncia la que hizo que se empezara a hablar del amianto en el Metro de Madrid. Julián Martín, el marido de Eugenia Martín, ya había empezado a mostrar síntomas de intoxicación por este material tóxico en 2017 y, cuando la doctora le preguntó si había estado expuesto a él, no tuvieron duda en llevar el caso a los tribunales. Así desataron un proceso que ha llevado a la empresa pública dependiente de la Comunidad de Madrid a firmar un acuerdo millonario de indemnizaciones a las víctimas a cambio de no seguir con el proceso penal. Este miércoles, la Fiscalía ha pedido el archivo de la causa. Julián murió en 2018, antes de poder ver este desenlace. Un final que a su viuda le deja una gran decepción: “Ha habido dinero, pero no justicia, y yo no tengo fuerzas para seguir sola”.

Julián fue uno de los dos primeros, pero hoy se contabilizan 13 fallecidos y a siete empleados se les ha reconocido la enfermedad. Después del acuerdo al que llegaron la mayoría de los afectados con la Comunidad, Eugenia ya sabía que la Fiscalía iba a solicitar que se cerrara la causa al no poder “atribuir los hechos a ningún cargo concreto”. Pero no por esperado, el golpe ha sido menos duro al constatar que no se condenará a nadie por dejar desprotegidos a los trabajadores del suburbano por la exposición al amianto.

“La fiscal dice que hay una jerarquía muy compleja como para determinar quién fue exactamente el responsable, pero ¿y quién si no los técnicos de prevención de riesgos lo son? ¿Y todos los miembros del consejo de administración cuando se redactó el primer informe en el que se comunicaba que existía amianto en 2003? Cuando comenzó la investigación, la jerarquía era igual de compleja, así que no entiendo que se use ese argumento”, apunta Eugenia. “Entiendo que es complejo, pero ha habido mucho tiempo para seguir investigando”, añade.

Ella y la familia del otro fallecido con el que se inició el proceso no acababan de estar de acuerdo con el pacto, porque incluía renunciar a la vía penal para dirimir responsabilidades. Pero ante el cambio de postura de la Fiscalía y del resto de familias, su abogado le comunicó que no podía seguir solo con el proceso. “Ha sido una decepción, un final que no habríamos esperado jamás”, se lamenta.

Juan Carlos de la Cruz, secretario de Comisiones Obreras en Metro, cree que este acuerdo conlleva, al menos, “algo de dignidad” para las víctimas. “La Fiscalía en su escrito habla de una ‘gestión del desprecio’. Claro que habríamos querido que declarara algún máximo responsable de la empresa, pero es importante que se reconozca el delito y que Metro no vuelva a poner problemas para reconocer estas enfermedades profesionales”, explica. Al igual que el Ministerio Público, De la Cruz argumenta que la investigación para señalar con nombres y apellidos entre “tantos consejeros delegados de Metro, del consorcio de transportes, de la Comunidad...” habría sido de una tremenda complejidad y no se sabe si habria llegado a alguna conclusión. Aunque admite que “el dinero no compra la vida”.

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