La fiscal concluye que Metro actuó con “absoluto desprecio” a la seguridad de los trabajadores en el caso del amianto, pero pide archivarlo

La Fiscalía ha pedido archivar el caso del amianto del Metro de Madrid al considerar que no se pueden atribuir los delitos investigados a ningún responsable concreto de la empresa, dependiente de la Comunidad de Madrid. El ministerio público ha tomado esta decisión pese a concluir que la compañía “expuso a un peligro sumamente grave a los trabajadores”; y después de que el Gobierno regional, tras años de peleas, anunciase hace dos semanas que había cerrado un acuerdo con los sindicatos y las víctimas para indemnizar con 7,3 millones de euros a los afectados. Este acuerdo implica que las partes “renuncian al ejercicio de acciones penales, civiles y laborales”, según concretó entonces el Ejecutivo de la popular Isabel Díaz Ayuso.

A lo largo de un detallado informe de 30 páginas, fechado este lunes y al que tuvo acceso EL PAÍS, la fiscal Alejandra Navarro pide al Juzgado de Instrucción 23 de la capital poner punto final a las pesquisas, que arrancaron el 23 de julio de 2019, cuando el ministerio público presentó una denuncia tras una investigación previa de 16 meses. Entonces, solo se tenían registrados dos muertos y se había reconocido a dos trabajadores como enfermos por “exposición al amianto”. A día de hoy, según la acusación, esas cifras se han multiplicado: se han contabilizado 13 fallecidos y a 7 empleados se les ha reconocido la enfermedad.

“Es un hecho constatado que Metro Madrid expuso a un peligro sumamente grave a los trabajadores, dado que conocía de la existencia de amianto en lugares y equipos desde 2003”, recalca el informe de la fiscal, que remacha: “Conocía la empresa que sobre MCA [material con amianto] se efectuaban tareas que suponían desprendimiento de fibras de amianto y los riesgos para la salud de los trabajadores [...] La ocultación del riesgo a los trabajadores supuso una desprotección absoluta y un desprecio intolerable a su seguridad”. La compañía pública depende de la Comunidad, gobernada por el PP desde 1995.

El informe recoge duras críticas a la compañía. Por ejemplo, para el ministerio público resulta sorprendente que, entre 2003 y 2006, se adoptaran medidas para eliminar “el riesgo de amianto” —encapsulando las piezas que contenían este material mediante “un proceso de barnizado o pintura con capacidad de aislarlo”—. Pero que, sin embargo, desde 2006 y hasta 2017, se permitieran desarrollar trabajos sin haber “evaluado ni planificado el riesgo de exposición”. “No se alcanza a entender” esta forma de actuar, insiste la fiscal, que explica cómo se “taladraron, seccionaron, cortaron, remacharon y lijaron” piezas con amianto durante esa década: “Sin que se adoptara ninguna medida, con absoluto desprecio a la seguridad de los [operarios], dado que ni siquiera conocían que las piezas que manipulaban contenían amianto, poniendo de esta forma en peligro grave su vida e integridad”.

“Los trabajadores han sufrido las consecuencias de la pasividad de la empresa”, prosigue el ministerio público en su informe, donde también calcula el número de afectados. Además de los 13 fallecidos y los 7 reconocidos con la enfermedad, la fiscal estima que, al menos, otros 907 empleados se vieron expuestos al riesgo y siguen activos a día de hoy; a los que se suma un “número indeterminado” de operarios que ya no están en la empresa.

Pese a las irregularidades, se diluye la posibilidad de condenar a alguien por un delito contra los derechos de los trabajadores, en opinión de la Fiscalía. Durante la instrucción se ha llegado a imputar y a interrogar a siete responsables de la empresa, pero no se cuentan con pruebas suficientes para “atribuir” los hechos a ninguno de ellos, “ni a ninguna persona conocida”.

Según afirma la fiscal sobre los cargos responsables entre 2006 y 2017, “no ha sido posible determinar sin género de dudas que conocieran los informes de 2003”, en referencia a los documentos que dieron luz verde a la adopción de medidas de seguridad hasta 2006 y que acabaron “extraviados” por “ignoradas circunstancias”. Tampoco se ha acreditado que supieran que existía amianto en las instalaciones o equipos. Ni se les puede atribuir que “omitieran dolosamente la adopción de medidas de seguridad frente al amianto o que ocultaran intencionadamente su existencia”.

El ministerio público introduce otro elemento clave a la hora de pedir el archivo de la causa contra ellos: no se les puede atribuir el delito “por el mero hecho de la posición o cargo” que ostentaban, “por muy alto que este sea”. Se debe probar su participación directa. Y, en este punto, la fiscal resalta la dificultad de conseguirlo en “estructuras jerarquizadas”, con complejas cadenas de mando, como el Metro de Madrid, con más de 7.000 empleados. “La delegación de funciones, y por tanto, de la capacidad de decisión, recae en un grupo diverso de personas que ejercen algún tipo de mando y dirección dentro de la empresa, lo que hace difícil la afirmación de la responsabilidad criminal [...] Esa jerarquización puede conducir a la paradoja de que cuanto más relevante sea la capacidad de decisión, más lejano se encuentra el responsable respecto de las acciones u omisiones llevadas a cabo por los últimos eslabones”.

El ministerio público celebra los siete millones de euros que la Comunidad abonará: “Es una de las mayores indemnizaciones conseguidas en España por la exposición al amianto”. Y la fiscal también recalca que, aunque este acuerdo con el Gobierno de Ayuso en “modo alguno puede erradicar el dolor de las víctimas y de sus familias”, implica que la compañía desistirá de impugnar todos los procedimientos que los afectados abran en la jurisdicción social. Eso “facilitará una rápida respuesta ante la posible existencia de nuevos casos de personas trabajadoras de Metro, a las que se les reconozca una enfermedad profesional a posteriori, garantizando la misma cuantía indemnizatoria”.