Un ganadero mandó 49 correos a Ayuso para exigirle que cumpliera la ley y no obtuvo respuesta

Eugenio de la Morena denuncia que en la cadena de distribución recibe menos dinero de lo que cuesta producir la leche de sus vacas y que la Comunidad de Madrid no cumple la normativa para evitarlo

Eugenio de la Morena, ganadero y vicepresidente de Agaprol, junto a algunas de sus vacas, en su finca de Colmenar Viejo.
Eugenio de la Morena, ganadero y vicepresidente de Agaprol, junto a algunas de sus vacas, en su finca de Colmenar Viejo.DAVID EXPÓSITO

Eugenio de la Morena es el ganadero que le ha escrito 49 correos a Isabel Díaz Ayuso. Uno cada día desde hace más de dos meses, quitando los fines de semana, que es cuando la deja descansar. Pero no ha recibido ni una respuesta. “Mira, es la segunda persona a la que más he escrito en mi vida”, enseña en su móvil. La primera no es una persona, es la Dirección General de Ganadería de la Comunidad de Madrid, que tampoco ha contestado. Y está desesperado. Cabreado y en números rojos. Y para explicarlo lanza una idea sencilla: el sector primario se muere. Lo hace y se pone como ejemplo. A él le cuesta más producir la leche de sus vacas que lo que le paga el distribuidor, el segundo eslabón de la cadena, el que recoge el producto para tratarlo y venderlo a los supermercados. Y lo mejor para entender su problema, y el de todo el sector, nada como los números, así que los lanza de carrerilla: “Me cuesta producir 48,65 euros la tonelada. Y me pagan 41. ¿Le hago las cuentas? 10.500 euros pierdo todos los meses desde hace dos años”. Y eso es lo que denuncia. Que en Madrid no se cumple la ley estatal de la cadena alimentaria, que estipula precisamente eso, que no se puede pagar al productor menos de lo que le cuesta producir. Por eso ha escrito hasta la misma presidenta de región. 49 veces. Ahora prepara el correo número 50.

El ganadero, de 49 años, se mueve por sus tierras cojeando, porque le operaron de las dos rodillas, pero no para quieto ni un segundo. Acaba de despedir a un chico con el que llevaba trabajando 12 años. Era como de la familia. Hasta ha ido a las comuniones de sus hijos. Pero Eugenio lleva meses sin cobrar y cada vez le cuesta más pagar las nóminas de sus trabajadores. “Lo ha entendido, claro, me decía: ‘Jefe, no podemos pelear contra el sistema”, cuenta. Así que para salirse del sistema le ha llevado él mismo en coche a las oficinas del paro y le ha ayudado a arreglar sus papeles. Y ahora hace cuentas para apretar horarios, ya que en un año esta granja familiar en Colmenar Viejo ha visto mermada la plantilla a la mitad: ya solo quedan otros dos trabajadores, su hermano Diego, con el que comparte la responsabilidad de la granja, y él. “Y un chico que hace de correturnos. Nada más”.

No es de extrañar que no sepa lo que es irse de vacaciones o disfrutar de un fin de semana con su mujer. Trabaja, trabaja y trabaja. Sin festivos. Sin Navidades. Sin verano. “Yo soy el que trabaja para que la gente desayune su cafetito con leche por las mañanas”, recuerda. Tiene a su cargo 480 cabezas de vacuno que campan por un paisaje idílico entre las montañas de Colmenar Viejo, un terreno donde caben “208 Bernabéus”, que heredó de su padre; este lo hizo de su abuelo; aquel de su bisabuelo; el otro de su tatarabuelo... “Tengo datos de esta granja de 1816, aquí estaban mis antepasados. Tengo papeles antiquísimos. Tengo datos de venta de leche que venían en cántaras, en reales. Pero date cuenta, lo que no han conseguido dos guerras mundiales y una guerra civil… que lo consiga un Estado de derecho… me parece triste”. Habla con amargura mientras señala a sus vacas y lamenta haber mandado al matadero a 60 de ellas en el último año, animales a los que ha visto nacer y a los que no tenía con qué darles de comer, el doble de lo que solía mandar antes, “cuando se les acababa el ciclo vital”.

Diego de la Morena, hermano de Eugenio, en la granja de vacas de la que ambos son propietarios en Colmenar Viejo.
Diego de la Morena, hermano de Eugenio, en la granja de vacas de la que ambos son propietarios en Colmenar Viejo. DAVID EXPÓSITO

Pero el problema de esta granja no es una excepción. Hace una década, más de 100 ganaderos se dedicaban al mercado lácteo en la región madrileña. Ahora sobreviven 28, según datos que aportó el diputado del PP Ángel Ramos Sánchez en una comisión de Medio Ambiente el pasado 19 abril. Unos datos que van por delante de los oficiales, que todavía las cifran en 33, porque no se han actualizado las cinco granjas que han bajado la persiana en los últimos meses, han vendido el ganado y han claudicado ante un sistema contra el que Eugenio pelea a base de correos, de reclamaciones y de cantarle las cuarenta a todo el que se le ponga delante.

Eso fue lo que pasó en aquella comisión, la del 19 de abril. Estaba invitado Adolfo Galván, el presidente de la asociación de ganaderos productores de leche (Agaprol) y apareció acompañado de Eugenio, vicepresidente, que tomó la palabra e hizo un discurso acalorado, personal e inapelable.

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El único presente que le llevó la contraria en algo fue el propio Sánchez, que aseguró que el Gobierno de Ayuso “igual podría hacer más” pero defendía y le preocupaba el campo. “Mentira”, le contestó Eugenio. “El movimiento se demuestra moviéndose. Y no me duele en prenda decirlo: soy de derechas, a todas luces. Pero lo mismo me siento con un señor de Unidas Podemos, como con uno de Más Madrid, como con un socialista. Siempre y cuando reivindiquen lo que creo que es justo: hacer cumplir la ley”.

Durante la intervención, parecía que había chinches en el asiento del director general de Ganadería, Ángel de Oteo Mancebo, que se colocó justo detrás del diputado del PP, y que intentaba defenderse de los datos que aportaba el ganadero con aspavientos, resoplando, moviéndose en el asiento, pasándole papeles a su compañero.

Pero Eugenio había llegado con el discurso bien elaborado. Y no se amilanó:

“Que ustedes están jugando con un proyecto de vida (...) que salgan llenándose la boca, la fotito, pero ¿qué vergüenza es esa? No es ni vergüenza torera. Yo no apoyo las subvenciones. El sector ganadero no quiere subvenciones, a ver si les queda claro a los políticos. Queremos que se nos pague por nuestro producto”.

Los ganaderos firman un contrato anual con el distribuidor en abril de cada año. En ese momento fijan el precio de lo que van a recibir por cada tonelada de leche. Él, a regañadientes, acepta perder 10.500 euros al mes, “porque si no firmo nada me quedo con la leche y es mucho peor”. “Y te digo una cosa, nos quedaremos sin leche, pero luego vendrá de fuera y os quejaréis de lo cara que es”, avisa.

Un empleado de la granja en el espacio donde se ordeñan las vacas.
Un empleado de la granja en el espacio donde se ordeñan las vacas. DAVID EXPÓSITO

La reforma de la cadena alimentaria aprobada por el Congreso de los Diputados entró en vigor el 16 de diciembre de 2021 y busca equilibrar las relaciones comerciales, mediante la transposición de la directiva comunitaria de prácticas comerciales desleales. El Parlamento español aprobó, con los votos en contra de PP y Vox, la obligación de que los precios que se establezcan en los contratos respeten los costes de producción de los productores primarios y que, además, en cada una de las sucesivas transacciones se respeten los costes de producción de cada uno de los eslabones anteriores.

Eso defiende Eugenio de la Morena con uñas y dientes. Pero la Consejería de Medio Ambiente de Madrid replica que esa norma “tiene muy difícil encaje en el marco de la economía de mercado, basada en la oferta y la demanda, donde no cabe la intervención de precios”. Aunque, eso sí, admite que “a las comunidades autónomas les corresponde efectuar los controles, donde se verifique que los contratos y las declaraciones son conformes a derecho y, por lo tanto, cumplen los requisitos que marca la ley. Pero en ningún caso las autonomías tienen atribuidas labores fiscalizadoras”.

¿Qué pasa entonces cuando detectan que a un productor le pagan menos de lo que toca? ¿Hay multas? ¿Algo? No ha habido respuesta por parte de la Consejería.

Eugenio, sin embargo, lo resume rápido: “No hacen nada. Cero. Y no me importa decirlo, es un delito, este Gobierno está prevaricando”. El ganadero ha perdido 38 kilos, no duerme, la ansiedad le come, de día y de noche. Así que prepara el próximo correo para Ayuso, a la que reconoce, votó en las pasadas elecciones. “¿Que si repetiré el año que viene? No. Ni de coña”. Eso sí, sigue siendo de derechas. Es lo que hay. Pero no le dolerá en prenda apoyar a quien cumpla la ley. Sea quien sea.

Una ley para salvar al primer productor

Antes de la ley aprobada a finales de 2021, el campo miraba hacia la de 2013, que se aprobó en el Congreso con el Gobierno de Rajoy, cuando se reguló la cadena de valor, que explica que ningún productor puede vender a pérdidas en todo tipo de sistemas agrarios. Más tarde llegó un Real Decreto de 2020, que insistió en esa idea, tipificó las sanciones y se hicieron públicos los datos de las empresas que incumplen el Real Decreto.

La nueva ley de 2021 supone, sin embargo, un importante cambio de cultura en las relaciones comerciales entre los operadores de la cadena. Desde su entrada en vigor está funcionando y hay en marcha investigaciones de oficio y tramitación de expedientes sancionadores, según el Ministerio de Agricultura. Además, las sanciones van a ser públicas (una vez que sean firmes y no se admita recurso). Con ella se ha aumentado el catálogo de prácticas comerciales desleales y se incluyen nuevas infracciones, endureciendo algunas de las ya previstas.

Para coordinar el cumplimiento de la ley, se ha creado la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), que es el Organismo Autónomo del Ministerio de Agricultura Pesca y alimentación encargado de sancionar las infracciones. La AICA, dice el Ministerio, supone una prioridad y ha visto incrementado su presupuesto en 2022 con 9,3 millones de euros, que supone un incremento del 13% respecto al año anterior. AICA debe coordinarse con las comunidades autónomas, con las que forma un comité para que las inspecciones realizadas sigan su cauce legal.

La Comunidad de Madrid no ha respondido a este periódico cuántas inspecciones en las que haya detectado infracciones ha comunicado a AICA en el último año. 

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Sobre la firma

Berta Ferrero

Especializada en temas sociales en la sección de Madrid, hace especial hincapié en Educación o Medio Ambiente. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en EL PAÍS. Es licenciada en Periodismo por la Universidad Cardenal Herrera CEU (Valencia) y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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