A la Asamblea de Madrid llegan el 1 de marzo 300 folios de documentación para argumentar lo que parece un escándalo: que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso acabe de pagar 73.388.672,44 euros a la constructora de la MP-203, una autopista de peaje impulsada en época de Esperanza Aguirre, por la que nunca ha circulado ni un solo coche, y que ni siquiera se ha terminado. La indemnización a Ferrovial, determinada por la justicia, compensa la parte ejecutada de la obra, como ya pasó en diciembre con los 162 millones pagados a OHLA por el tren de Móstoles a Navalcarnero, también de la época de Aguirre, y que tampoco se ha usado nunca. Y abre un nuevo escenario: la Comunidad quiere licitar este año las obras para completar el trazado, lo que exigirá resolver los problemas técnicos que dieron al traste con el proyecto.

“La Comunidad de Madrid, a través de la aprobación de Consejo de Gobierno, ha abonado a Ferrovial casi 73,4 millones de euros [68.062.634,52 euros corresponden al principal y 5.326.037,92 euros al interés legal del dinero por retraso en el pago] por las obras ya realizadas”, afirma un portavoz gubernamental. “Vamos a licitar la obra este año para terminarla”.

La MP-203 se empezó a construir en 2005, cuando Aguirre gobernaba Madrid. Iba a tener 12,5 kilómetros y su propósito era conectar la M-203 y la A-2 (en el término de Torrejón de Ardoz) con la M-208 y la R-3, ya a la altura de Mejorada del Campo, para descongestionar la entrada a Madrid desde Alcalá de Henares. A Madrid, anunció Aguirre, le iba a salir gratis: la constructora lo pagaría todo y luego explotaría la carretera en régimen de peaje durante tres décadas. Estaba previsto que por ella circularan más de 2,7 millones de vehículos al año.

Sin embargo, era una apuesta de alto riesgo. Las obras comenzaron sin haber resuelto dos incógnitas clave. A un lado, cómo superar las líneas del AVE Madrid-Zaragoza, lo que más adelante se logró cambiando el trazado. Y al otro, cómo conectar con la R-3, a lo que se oponía la concesionaria de esa vía, alegando que perjudicaría al volumen de tráfico de su carretera, y por lo tanto a su negocio (lo que comunicó ya en 2001). El entonces Ministerio de Fomento no dio su autorización al engarce, atendiendo a esas razones, y Ferrovial desistió de la obra en 2007. Quedaban 300 metros del trazado por hacer, además de cubrir el firme ya instalado. Tras comenzar la obra sin asegurar su viabilidad, la Comunidad se topaba con un muro infranqueable.

“No ha llegado a resolverse nunca el enlace con la R-3 debido a que la autorización del Ministerio de Fomento no se ha concedido pues dependía de la firma de un convenio entre el Ministerio y la Comunidad que no se ha suscrito”, se lee en el expediente del caso, al que accedió EL PAÍS, y en el que la adjudicataria de las obras argumenta su posición como perjudicada durante más de un decenio. “Lo cierto es que la Comunidad, a partir de abril de 2012, no ha realizado ninguna actuación tendente a la firma del convenio, inactividad que se mantiene, con lo cual, la puesta a disposición de los terrenos necesarios para ejecutar el enlace con la R-3 sigue sin producirse más de ocho años y medio después de la firma del contrato de concesión”.

Así, las dos partes defienden sus intereses en los juzgados. Y cuando la Comunidad dice encontrar defectos en la ejecución de la obra (en drenajes o firmes) que aminorarían la indemnización a la concesionaria, esta protesta: “El deterioro de las obras por el tiempo transcurrido desde su paralización es imputable única y exclusivamente a la Comunidad de Madrid por incumplimiento culpable del contrato”.

Pendiente de los Presupuestos

La MP-203 es empleada hoy por corredores y ciclistas para entrenarse. No hay ni rastro de los coches y camiones por cuyo paso iba a cobrar la concesionaria, que llegó a pactar con la Comunidad explotar la autopista durante 60 años para así compensar los retrasos. La obligación legal de compensarla por la parte ejecutada de la obra, y el proyecto de retomarla, se han visto retrasados por el terremoto constante en el que se ha convertido la política madrileña desde hace un lustro.

A la expresidenta Cristina Cifuentes, dispuesta a terminar la infraestructura, la devoró el caso máster. Y a Ángel Garrido, que como consejero de Transportes estaba preparado para ejecutar la indemnización, se lo llevó por delante el adelanto electoral decidido ahora hace un año por Díaz Ayuso. En medio, el problema para el pago ha sido siempre el mismo: en 2020 y 2021, Madrid no tuvo Presupuestos porque el Ejecutivo que preside la líder conservadora ni siquiera envió un proyecto de cuentas públicas a la Asamblea regional. En 2022, ya con unos Presupuestos actualizados gracias al pacto de PP y Vox, ha llegado la solución: un pago millonario para una infraestructura pública que nadie puede usar.

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