Telemadrid pagará 3.000 euros a la Comunidad por cada consulta a sus abogados

Telemadrid pagará 3.000 euros por cada solicitud de asistencia jurídica que le realice la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, ya sea de carácter contencioso o consultivo. Así lo refleja un convenio publicado este jueves en el boletín autonómico, y firmado en representación de la compañía pública por José Antonio Sánchez, el polémico administrador provisional elegido por Isabel Díaz Ayuso para dirigir el ente tras declararse votante del PP y admitir que figura en los papeles de Bárcenas. La alianza, habitual en las empresas públicas regionales, cristaliza en el caso de Telemadrid en un momento especialmente sensible, ya que la oposición cuestiona su independencia respecto al Ejecutivo, y la audiencia está a la baja desde que el el PP logró tomar el control de la televisión y la radio públicas gracias a una reforma legal aprobada con el apoyo de Vox.

“Según el artículo 2.1 de la Ley 3/1999, los Letrados de la Comunidad de Madrid podrán asumir el asesoramiento jurídico y la representación y defensa en juicio de las empresas públicas de la Comunidad de Madrid constituidas como sociedades mercantiles, fundaciones participadas total o parcialmente por la Comunidad de Madrid, consorcios y cualesquiera otros entes públicos no contemplados en el artículo 1.1, mediante la suscripción del oportuno convenio al efecto”, se lee en el convenio, que invoca como justificación de la firma los principios “de cooperación y colaboración, economía y eficiencia en la asignación de recursos públicos”. Y añade: “La asistencia jurídica de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, por medio de los Letrados de la Comunidad de Madrid integrados en esta, no se prestará con carácter general cuando exista contraposición entre los intereses de Radio Televisión Madrid, S. A. U., y los de la Comunidad de Madrid”.

El acuerdo estará vigente durante todo 2022, aunque podrá ser renovado en cualquier momento durante un periodo máximo de cuatro años. Su firma, además, refleja el interés que está mostrando el Gobierno regional por Telemadrid desde que Díaz Ayuso ganó las elecciones del 4-M.

La primera medida que llevó la presidenta regional a la Asamblea tras su triunfo fue una reforma para destituir a la dirección de Telemadrid, que le era incómoda. Todo empezó en la campaña electoral de 2019, cuando los ejecutivos del ente se negaron a elegir para el debate la fecha más idónea para los intereses de la candidata.

Una vez investida como presidenta, gracias a Ciudadanos y Vox, Ayuso llegó a decir sobre el canal: “Ya no es un servicio público esencial”. También se quejó por carta sobre el contenido de un programa de la cadena, Aquí hay madroño, al entender que se mofaba de la Infanta Elena. Y la Consejería de Hacienda denegó fondos para financiar coberturas concretas de Telemadrid con el argumento de que el 31 de diciembre de 2020 había caducado el contrato programa que regula el día a día del ente.

La culminación del enfrentamiento llegó en la campaña electoral del 4-M: en un gesto sin precedentes, Ayuso anunció que no participaría en el debate electoral de la televisión pública autonómica. Solo la presión del resto de candidatos le hizo rectificar.

Tras su triunfo electoral, el PP de Díaz Ayuso se alió con Vox para cambiar la ley de Telemadrid y lograr el control de la compañía, que ahora dependerá del Gobierno autonómico para todos sus asuntos jurídicos.

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