El Canal pierde un contrato millonario en Santo Domingo por “lesionar” los intereses estatales

Ayuso aprueba que la compañía pública pueda acudir al arbitraje tras el fin de un acuerdo firmado en 2001 por 23 millones para gestionar el consumo de agua

Instalación de control del Canal de Isabel II.
Instalación de control del Canal de Isabel II.M. ANGEL GOMEZ /CANAL DE ISABEL II (Europa Press)

Isabel Díaz Ayuso decidió el miércoles que AAA Dominicana, empresa controlada por el Canal de Isabel II en la República Dominicana, pueda someterse a un proceso de arbitraje para obtener una indemnización por “la extinción anticipada” del contrato público que tenía en el país para la gestión del agua de Santo Domingo. Las autoridades americanas justifican el fin del acuerdo en su “lesividad para el Estado”. Para la compañía española, que sigue negociando una solución amistosa, supone un roto: aunque el Canal no desvela el montante actual del acuerdo, su primera adenda, de 2001, recogía la cifra de 23 millones de dólares, según documentación a la que accedió EL PAÍS. Un traspiés más en la aventura americana de la compañía pública madrileña, a la que el gobierno de Colombia acaba de expropiar otra filial en aplicación de una ley antinarco.

En agosto de 2020, Luis Abinader llega a la presidencia de la República Dominicana . Y algo cambia en el país. “Se ha puesto de manifiesto, por parte del ejecutivo entrante, su intención de internalizar ciertos servicios, entre los que se encuentra el prestado por AAA Dominicana”, se lee en un informe del Canal de abril de 2021.

Con el contrato teóricamente vigente hasta finales de febrero de 2022, toca poner fin a una etapa de casi un cuarto de siglo descrita con espíritu literario en un informe de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), la compañía pública dominicana que tiene un acuerdo con la participada española.

“Desde el año 1996, nuestro país entró en un sorprendente proceso de privatización, lo que muchos llamaron la corriente neoliberal, privatizándose servicios públicos básicos, como lo es la energía eléctrica, y luego, el servicio de agua potable”, se lee.

Y para tomar la decisión, las autoridades americanas tienen un argumento de peso: un dictamen de septiembre de 2020 del Ministerio de Hacienda de la República Dominicana en el que se concluye que ha habido “irregularidades” en las tres últimas renovaciones del contrato, pues no se respetó el principio de competencia, lo que ocasionó perjuicio al interés general.

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Es la semilla del conflicto empresarial internacional. La dirección del CAASD decide la terminación del contrato, y en abril de 2021 justifica la operación con dos argumentos. Primero: que un análisis técnico-jurídico destaca “la lesividad del contrato para el Estado dominicano”. Y segundo: que a juicio de la Administración, hay facturación dolosa por parte de AAA Dominicana, según afirma en público el director de la CAASD, Felipe Suberví.

Así, mientras cientos de empleados quedan durante semanas en el limbo, reclamando sus salarios ante las oficinas y lamentando sus penas en la prensa, también queda servido el choque de intereses: la compañía de participación española se va a quedar sin el 87% de sus ingresos, según la última auditoría hecha pública por el Canal de Isabel II, correspondiente a 2020, y que detalla que el gobierno dominicano, a través de la CAASD, no había realizado los pagos previstos desde agosto de ese año. El único otro cliente de la AAA Dominicana, Coraapplata, ha anunciado desde entonces que también quiere rescindir su contrato.

Toda esa información llega hasta el Consejo de Gobierno de Díaz Ayuso el miércoles 2 de febrero. Allí se expone que hay negociaciones en marcha para lograr una indemnización de manera amistosa. Pero también se argumenta en favor de prepararse para cualquier contingencia, incluida la de tener que someterse al arbitraje de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo. Una opción a la que se da luz verde.

“Los servicios (del contrato) se han ejecutado durante los últimos 20 años de manera satisfactoria”, sostiene un portavoz del Canal de Isabel II. “En septiembre de 2020 se inició una revisión general de los contratos (que las empresas públicas dominicanas) tienen suscritos con distintas entidades y a principios de 2021 se nos solicitó la extinción anticipada del mismo”, añade. “Nos encontramos en un proceso de diálogo con CAASD, pero para el supuesto de que no alcancemos un acuerdo, nuestro contrato establece que debemos someternos a un procedimiento de arbitraje”.

El relato de los auditores de la compañía, en un informe de abril de 2021, es aún más detallado: “La Dirección del Grupo viene trabajando conjuntamente con la nueva Dirección de la CAASD en un acuerdo que satisfaga las pretensiones de ambas partes, que, en lo referente a AAA Dominicana se resume en la recuperación de todos los conceptos adeudados por los servicios prestados hasta el momento de cancelación del servicio, la transmisión de los activos asociados a la concesión y a percibir por parte de la CAASD un importe en concepto de indemnización, todos los importes ya han sido conciliados y acordados por ambas partes”.

El Canal controla AAA Dominicana a través de su matriz Inassa, investigada judicialmente en el caso Lezo, la empresa paraguas bajo la que organiza todas sus inversiones en América. Entre ellas está, por ejemplo, la de la AAA en Colombia, que el gobierno local acaba de expropiar en aplicación de una ley diseñada contra paramilitares y narcos. La Fiscalía local considera que Inassa cobró más de 60 millones a Triple A por asesorías técnicas que no se produjeron.

Ahora los problemas también llegan a Santo Domingo, donde el Canal se prepara ante la posibilidad de acudir a un proceso de arbitraje siempre complejo. Veinte años después, la aventura americana que iba a cubrir de oro a la empresa pública es una fuente de problemas judiciales y empresariales.

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Sobre la firma

Juan José Mateo

Es redactor de la sección de Madrid y está especializado en información política. Trabaja en el EL PAÍS desde 2005. Es licenciado en Historia por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Periodismo por la Escuela UAM / EL PAÍS.

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