La falsa voladura de la Transición

Pocos asuntos provocan tantos aspavientos políticos y sobreactuación como la Transición española. Revisando hemerotecas y declaraciones podríamos decir que no había grises porque la población entera estaba corriendo delante, y la Constitución parece tener más padres y padrinos que artículos.

El debate sobre la Ley de Memoria Democrática ya lo vimos con su antecesora, la Ley de Memoria Histórica. Exceptuando la presencia de Vox, que ha introducido en las actas del Congreso la novedad de culpar al PSOE de la Guerra Civil, casi todos los partidos repiten postura y coletillas. El PP y ERC fueron las únicas formaciones que votaron en contra de la norma que entró en vigor en 2007, aunque por motivos opuestos: para los primeros no hacía falta. Para los segundos, se quedaba corta. Hoy los populares se oponen por considerarla una “voladura de la Transición” y los independentistas catalanes un “blanqueamiento” de ese periodo.

Los 14 años de vigencia de la ley —el PP no la derogó cuando gobernó— deberían probar que no se voló nada, pero en todo caso, los dos primeros párrafos de la norma son una loa a la Transición. También en el nuevo texto, que recoge en su exposición de motivos: “La vigente Constitución se fundamentó en un amplio compromiso social y político para la superación de las graves y profundas heridas que había sufrido la sociedad española durante la guerra y los 40 años de dictadura franquista. Este consenso fue el espíritu de nuestra transición política, y ha sido la base de la época de mayor esplendor y prosperidad que ha conocido nuestro país”. En el texto, la Transición es el punto de partida para hablar de las tareas pendientes, entre otras, un censo oficial de víctimas, un banco de ADN para identificar a las recuperadas de fosas y cunetas, y un plan para que la represión franquista se estudie en los colegios. Según ha declarado esta semana Isabel Díaz Ayuso, esto es “demonizar” la Transición. Según Pablo Casado, un “revisionismo suicida” para derribar “el pilar de nuestra democracia”.

Un relator de Naciones Unidas, Fabián Salvioli, y su antecesor en el cargo, Pablo de Greiff, que ha asesorado al Gobierno en la elaboración de la ley, recuerdan, desde la distancia, en el extranjero, lo obvio: que han pasado 40 años y “aquellas circunstancias no son las de ahora”, es decir, que ahora se puede y se debe hacer lo que entonces no se creyó posible. Podrían escucharles. También a Fausto Canales, hijo y sobrino de fusilados del franquismo: “Así no. Os lo dice alguien mayor que lleva la herida abierta desde hace más de 85 años —en febrero cumplirá los 88—. He vivido con compromiso la dictadura y la Transición. He luchado y sigo luchando, pero nunca he sido un empecinado en maximalismos. Por lo que más queráis, sentaros y negociad”.

Lo piden voces autorizadas, los que más cedieron. Quienes invocan constantemente aquel espíritu de consenso deberían escucharles ahora que ya no molesta el ruido de sables.

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