Un gran expediente no sirve para ejercer de profesor en Madrid si eres sordo

Pablo Colinas es funcionario por oposición, es profesor de Geografía e Historia, pero nunca ha podido ejercer plenamente su oficio. No ha podido dar clase como docente titular en 13 años de actividad. Todo lo que se ha ganado a pulso se convierte en una frustración. Es sordo. No debería ser un obstáculo. La ley está de su parte, aunque no se cumple. Es uno de tantos casos de profesores con alguna discapacidad en la Comunidad de Madrid.

Desde hace más de un año no se atiende su petición urgente de un intérprete, que le ayude a comunicarse con alumnos y profesores cuyos labios están tapados por una mascarilla. Labios que él no puede leer. Pablo ha dicho basta y amenaza con llevar su caso a la justicia.

Consiguió en selectividad la mejor nota de su instituto, un 8,93. Se matriculó en la Universidad Autónoma de Madrid. Se sacó la carrera de Geografía e Historia, en tiempo y forma, es decir, en los cuatro años estipulados. Con 24, aprobó las oposiciones para convertirse en profesor. Y consiguió una plaza. A la primera. Y ahora, con 37, se pelea contra el sistema.

Pablo es todo ese camino lleno de éxitos y también es sordo de nacimiento, algo que no le ha impedido estudiar, ser de los mejores de su promoción, casarse o tener tres hijos. Sí le impide, por lo visto, dar clases, pese a tener una plaza de pleno derecho. La Administración madrileña se niega a ponerle un intérprete de lengua de signos porque no tiene ningún convenio para eso y “porque le sale más barato pagar a un profesor interino”, según las palabras que un alto cargo de la administración le expresó con honestidad a una representante de CC OO que intentó mediar para que le permitieran ejercer su trabajo. Y eso, a pesar además de estar en medio de una pandemia y con mascarillas, lo que ha mermado más sus posibilidades. Así que tras estar toda su vida saltando barreras para demostrar que vale tanto como cualquier otro, se ha encontrado con un muro, el que le ha puesto la Comunidad de Madrid. Apartado del sistema ordinario, Pablo se tiene que conformar con ir a un centro para apoyar a niños sordos, la única solución que le han ofrecido. El problema es que no se conforma. Y su lucha contra el Gobierno regional no ha hecho más que empezar.

La reivindicación de Pablo no se sale ni un ápice de lo que dice la ley. Madrid determinó en 2006 que sobre el total de plazas que conforman la oferta pública se debe reservar un cupo como mínimo del 6% para personas con una discapacidad superior al 33%. Luego, una vez los opositores han aprobado sus exámenes, al menos un 2% de las plazas definitivas tienen que estar ocupadas por personas con otras capacidades, como prefieren definirse a sí mismos. La norma también estipula que, una vez forman parte del sistema ordinario, se les debe facilitar siempre las condiciones necesarias para desarrollarse profesionalmente. No vale la integración si solo sirve como marketing. Hay que ponerla en práctica.

Y de eso trata la historia de esta persona que pone palabras a los gestos a pesar del silencio impuesto con el que llegó al mundo. Creció entre alumnos oyentes en el instituto Mariano José de Larra, en Madrid, y supo entender y hacerse entender gracias a la lengua de signos, la lectura de labios de personas castellanohablantes y a atreverse a pronunciar palabras que al principio cuesta entender, hasta que el interlocutor se acostumbra a su dicción. Con ese esfuerzo, se sacó la carrera con buenas notas poniéndose en la primera fila de la clase, pidiendo apuntes a sus compañeros por si algo se le había escapado e hincando codos para demostrar que el conocimiento en una materia no tiene que ver con la sordera.

De esa manera se convirtió, con todos los honores, en profesor de Geografía e Historia, ocupando una de las casi 55.000 plazas de docentes de primaria y secundaria que imparten clase en la región entre funcionarios e interinos. Y tiene su mérito, más teniendo en cuenta los datos recabados año a año por CC OO que dejan en entredicho a la Administración, ya que menos del 2% de esas plazas están ocupadas por personas con una discapacidad, pese a lo que dice la propia norma, obligatoria también para las empresas privadas con más de 55 empleados.

Lo suyo no es casualidad. Metódico. Trabajador. Serio. Válido. Pablo lleva 13 años trabajando y sus compañeros le definen por sus méritos más que por sus barreras. En junio pasado, para su sorpresa, un sorteo le otorgó un puesto en uno de los 500 tribunales que se formaron para corregir exámenes de los 28.000 opositores a docentes de este año. Al principio el miedo se apoderó de él. Pero duró unos minutos. “Enseguida pensé que era una manera excepcional para demostrar que las personas sordas somos tan válidas como las oyentes”, explica. Pidió al presidente de su tribunal, Eduardo Montagut, un intérprete de lengua de signos y consiguió así ejercer su papel sin problemas. “No se le pone ni una pega. Ha sido una experiencia muy enriquecedora para todos”, explicó Montagut en un reportaje que La2 le dedicó entonces a Pablo.

La buena experiencia en el tribunal gracias al intérprete contrasta con el de su día a día, sobre todo desde que la pandemia impuso la obligación de las mascarillas, quitándole a Pablo la opción de leer los labios. “Es mi vehículo de comunicación”, explica. El curso pasado, en plena crisis sanitaria, su petición a la Administración se intensificó. Llevaba desde 2015 demandándolo, año en que dejaron de proporcionárselo de cuajo tanto en los claustros de profesores como en las reuniones con las familias o en las clases debido a que el convenio que firmó el Gobierno regional con una empresa de intérpretes excluía el servicio para los docentes.

Pero él quería trabajar y quería hacerlo bien. Y seguía pidiéndolo. La respuesta que ha recibido, en todo caso, siempre ha sido la misma. “La Comunidad de Madrid tiene intérpretes para discapacidad auditiva, pero es un servicio para los alumnos y no se puede prestar a un profesor porque el contrato especifica que es para los estudiantes, y por tanto se estaría incumpliendo, cometiendo una irregularidad”, explica a este periódico un portavoz de la consejería de Educación. “Lo que se hace en situaciones puntuales como esta es buscar la mejor solución para el profesor que en este caso ha sido buscarle un puesto adaptado a su situación que él ha aceptado”, continúa.

Esa respuesta de la Comunidad de Madrid es una verdad a medias. Pablo, “con la moral baja” y cansado de pedir, se “rindió” en septiembre y aceptó una comisión de servicios humanitaria para trasladarse a un centro de integración preferente de sordos para dar clases de apoyo. “Es que no han contemplado la posibilidad de que haya profesores sordos. Es intolerable”, lamenta.

Está cansado. Lo lleva sufriendo desde 2008. Ha estado en cuatro centros y solo en dos ha podido crecer algo profesionalmente, dando rienda suelta a sus conocimientos, aunque fuera en clases contadas y como segundo profesor, de apoyo al titular de la materia. Por eso, y tras seis años sin la posibilidad de contar con un intérprete, se ha vuelto a rearmar anímicamente. “Quiero que se me reconozca mi derecho a una adaptación del puesto de trabajo”, insiste. Por eso ha decidido acudir a CC OO, para pedir asesoramiento y apoyo. “Está en manos de nuestros servicios jurídicos”, explica Isabel Galvín, representante del sindicato. “Lo llevaremos a juicio si es necesario porque se están vulnerando derechos fundamentales”, insiste, a la vez que cuenta que en una reunión con altos cargos del Gobierno para tratar este tema pusieron en duda “si le habían regalado la oposición”.

Escandalizado. Ninguneado. Incluso insultado. Pablo ha decidido rebelarse. “Me preparé hace mucho para ser profesor y tengo que estar peleando todo el rato. No me valoran. Prefieren apartarme. Es agotador”.

Ante las preguntas de EL PAÍS, un portavoz de la Consejería de Educación ha asegurado ahora que “se está estudiando la posibilidad de incluir este tipo de casos en el contrato de los intérpretes para alumnos o realizar un contrato específico para cubrir ese apoyo de forma excepcional”.

Pero Pablo no se conforma con esa última posibilidad. “Tienen que incluirlo en el convenio con la empresa. No para momentos puntuales. Es su obligación”. Eso, y dejar al lado el marketing.

Suscríbete aquí a nuestra newsletter diaria sobre Madrid.