La Comunidad de Madrid ingresa a una mujer sin vacunar en una residencia con un brote de coronavirus

Pilar Larena, de 69 años, lleva siendo víctima de un cúmulo de despropósitos desde hace seis días: el viernes pasado, la residencia de mayores de Madrid capital donde ha vivido seis años la echó a la calle con la ayuda de cinco policías, alegando que causaba problemas de convivencia; el sábado, domingo, lunes y martes, buscando un nuevo destino, sufrió el rechazo de al menos una quincena de hogares de mayores; y este miércoles ha sido derivada por trabajadores sociales de la Comunidad de Madrid a un centro donde hay un brote de coronavirus, a pesar de que ella no está vacunada.

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Pilar ingresó este miércoles por la mañana en la residencia Fátima, un centro privado de tamaño mediano (96 plazas) en el municipio madrileño de Galapagar. Se enteró del brote horas más tarde durante una entrevista con este periódico. Desde que fue expulsada el viernes, su suerte había quedado en manos de los trabajadores sociales del Hospital Ramón y Cajal. Como no está vacunada contra el coronavirus por decisión propia, muchas residencias se negaban a aceptarla, según le dijo una empleada del hospital a la hermana de Pilar, Concha. La consejería de Familia y Política Social de Madrid no intervino para encontrar un nuevo hogar para ella, a pesar de tratarse de una persona vulnerable con un grado dos de dependencia reconocido debido a varias patologías psíquicas. Ese departamento del Gobierno madrileño tenía este miércoles una lista de 24 residencias donde las visitas están suspendidas debido a brotes y entre ellas se encontraba la residencia Fátima.

Pilar puede mantener una conversación ordenada y describir con pelos y señales lo sucedido en la última semana, en particular cómo la echaron a la calle de la residencia Los Nogales Hortaleza, donde vivía desde septiembre de 2015. Este miércoles por la tarde su hermana Concha habló con ella por videoconferencia en presencia de este periódico.

“Me sentí maltratada. Vejada, vejada y vejada”, repite Pilar de forma enfática.

Pilar narra cómo entre las 10:00 y las 11:00 del viernes, se encontraba en el pequeño cuarto de fumadores de la planta baja de la residencia. Otro residente fumaba con ella cuando el director, Henry Polo, se asomó para pedirle a ese señor que saliera. A continuación, Pilar vio en la puerta a cinco agentes de Policía nacional que le informaron de que debía cumplir la orden de expulsión que había firmado Polo.

“Eran cinco policías como cinco armarios. Me negué a irme y entonces uno me dijo, ‘¿prefieres por las buenas o por las malas?”, cuenta Pilar, que pesa 42 kilos y tiene un aspecto muy frágil. “Entonces me montaron entre los cinco en una silla de ruedas y me sacaron a la calle”.

Eran cinco policías como cinco armarios. Me negué a irme y entonces uno me dijo, ‘¿prefieres por las buenas o por las malas?

Pilar Larena, expulsada de la residencia Los Nogales Hortaleza

La residencia despejó de usuarios el patio de la entrada, para que no vieran la expulsión, relata Pilar. Ya fuera, se vio en una calle estrecha rodeada de los pisos de ladrillo del barrio de Hortaleza. Los vecinos se asomaban a los balcones para ver qué pasaba. Según Pilar, los policías devolvieron la silla de ruedas a la residencia y sacaron una silla de plástico para ella. Los agentes la observaban de pie, apoyados en su coche patrulla, mientras conversaban con el director, Polo. Ella sufre de agorafobia, pero dice que en una situación así no se le activó el miedo. Lo que sentía era humillación.

Los Nogales Hortaleza la avisó el 30 de julio de que planeaban expulsarla por haber roto el código interno del centro de más de 300 plazas y las cláusulas del contrato de admisión. Le dieron un plazo para irse voluntariamente, pero ella se negaba. Alegando que molestaba a sus compañeras de habitación, el director le había ofrecido pagar 500 euros más por una habitación individual. Estaba fuera de su presupuesto. Según la familia, Pilar ha estado pagando sin demoras casi 1.800 euros al mes durante años, un dinero que sale de su pensión de enfermera jubilada.

Durante las semanas previas a la expulsión, la asociación de defensa de los derechos en residencias Pladigmare denunció los planes a la Fiscalía Provincial de Madrid y a la Comunidad, porque entienden que nadie puede ser desalojado de su hogar sin un proceso de desahucio supervisado por un juez y un alojamiento alternativo. Pero no sirvió de nada. La fiscal María Piedad Gutiérrez archivó la investigación dando la razón a la residencia. A su entender, era un asunto entre partes privadas y debía regir el código de buenas conductas elaborado por el centro. La ley madrileña 11/2002 dice, sin embargo, que para limitar el derecho de un residente a continuar en su hogar hace falta una resolución administrativa o judicial.

Durante el plazo para irse, el director recordó una y otra vez a Pilar que la iban a echar, según cuenta ella: “El día anterior me dijo que me tenía que ir, que me tenía que ir”. Pero ella no pensaba en la expulsión: “Me habían dado un plazo, pero yo no sabía lo que iba a pasar”.

En la calle la mañana del viernes, nadie acercó a Pilar sus pertenencias. Solo tenía consigo su bolso rojo, donde guarda con celo su tablet y un par de libros de intriga, de Carlos Ruiz Zafón y Patricia Highsmith. Llegaron sanitarios de la Comunidad de Madrid y trabajadores sociales del Samur Social, el servicio del Ayuntamiento que trata con las personas sin techo.

Unas trabajadoras de la residencia vieron la escena y sintieron pena. Le mandaron un beso desde la distancia. Pilar cuenta que también hizo lo mismo un par de amigas de la residencia que la vieron desde una ventana. “Recibí muchas muestras de cariño. Estaban asombradas de verme en esa situación. Me decían ‘Pero Pilar, ¿qué haces ahí?”. Ella recuerda que estuvo en esa situación más de una hora.

El testimonio de Pilar está respaldado por una grabación publicada por este periódico en la que se oye a una trabajadora social del Ayuntamiento informar por teléfono a Concha de la expulsión. La trabajadora reprocha el trato dado a Pilar. Luego asegura que iba a reportar lo sucedido a sus superiores.

La versión de Los Nogales es que Pilar causaba graves problemas de convivencia y fue avisada de su salida con 15 días de antelación, un plazo que fue luego prorrogado por una semana más. Un portavoz asegura que la residencia ha sido cuidadosa con ella y con el resto de residentes.

Refugiada en el hospital

Los trabajadores del Samur Social no encontraron de inmediato un techo para Pilar, así que debido al calor que hacía en plena calle un mediodía de agosto, decidieron ingresarla en urgencias del Hospital Ramón y Cajal, en la capital. Ha sido ahí donde una trabajadora social del departamento de Atención al Paciente buscó sin éxito durante días un nuevo destino.

Concha recurrió a la ayuda de Gransliving, una especie de Tripadvisor de residencias. Beatriz Carro, una empleada de este mediador, dice que le dieron portazo en una quincena de residencias de mayores. “Jamás de los jamases me había encontrado un caso tan difícil”.

A principios de esta semana, la noticia de que Los Nogales Hortaleza había expulsado a Pilar por resultarle problemática complicó las cosas. Al indagar sobre la candidata a ingreso, las residencias respondían con negativas. Su hermana Concha se pregunta si una residencia de mayores es el lugar idóneo para Pilar. Una doctora de Los Nogales Hortaleza le dijo hace años que quizás estaría mejor en un centro psiquiátrico, pero nadie en la residencia tomó cartas en el asunto. Tampoco en el hospital Ramón y Cajal han optado por esa solución.

La inacción de la Comunidad de Madrid ante la expulsión de Pilar y su derivación a un nuevo centro ha llevado a Pladigmare a pedir responsabilidades. Exigen que se abra un expediente contra Polo, el director de Los Nogales, y que sea cesado Iván Molina, el subdirector del Cira, el departamento de inspecciones de la consejería de Familia y Política Social.

Este miércoles Pilar se bajó de una ambulancia para entrar sin maletas en su nueva residencia. Ella enfermó por el virus en mayo del año pasado y decidió no vacunarse este año porque se declara “negacionista”. No parece muy preocupada por el riesgo. Le indigna más la expulsión “de juzgado de guardia” que sufrió. Su hermana Concha ya ha puesto una denuncia contra la residencia y quiere que Pilar vaya también a declarar.

Las pertenencias de Pilar seguían este miércoles en Los Nogales Hortaleza, adonde su hermana y su cuñado, Víctor García, tuvieron que ir a recogerlas ellos mismos. A las 18:00, les recibió Elena, una trabajadora social del centro. El director no dio señales de vida. Elena les dio seis cajas con libros, ropa, un televisor y batidos de proteínas.

En la puerta de Los Nogales Hortaleza los dos se cruzaron con una amiga de Pilar, Mercedes, que estaba dando un paseo con la ayuda de un andador. Se echó a llorar al verlos.

“Pobrecita”, les acertó a decir la mujer entre lágrimas. “Parece mentira que nos hagan esto”.

¿Tienes más información? Escribe a fpeinado@elpais.es al reportero de la sección Madrid Fernando Peinado

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