La fiscal superior de Madrid: “Entendemos que hay delito en el cartel electoral de Vox”

Almudena Lastra (Madrid, 55 años) asumió el cargo de fiscal superior de la Comunidad de Madrid hace apenas dos meses. Con 30 años de carrera a la espalda, es la primera mujer que lo ostenta. “Ya es hora”, subraya, de que el alto porcentaje de mujeres en la justicia se refleje en puestos de responsabilidad. La institución tiene numerosos retos por delante: como la persecución de responsabilidades penales derivadas de la gestión de la pandemia y de los delitos de odio. Como sus predecesores, pide más recursos y personal para una comunidad con una tasa de litigiosidad “muy alta”.

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Pregunta. ¿Cómo se afronta la época post pandemia?

Respuesta. Hay que recuperar el tiempo perdido. La pandemia dejó sin efecto muchos señalamientos judiciales y, una vez salimos del confinamiento, estos se distanciaron por medidas higiénicas. Hay que volver a conseguir la normalidad y eso va a suponer intentar llegar a acuerdos. La consigna para los fiscales en la jurisdicción penal, que es el grueso de nuestra Fiscalía, es intentar llegar al mayor número de conformidades que eviten la celebración de juicios con testigos para poder agilizar el trabajo. Además, lo presumible es que a partir de este momento tengamos un repunte de delincuencia que nos coloque en los parámetros de 2019.

P. ¿Cómo se trabaja en la persecución penal en la gestión de las residencias? Hasta ahora se han distinguido dos planos: gestores y el área de toma de decisiones políticas.

R. Se está analizando caso por caso, porque hay que depurar responsabilidades. El último escalón es la responsabilidad política y ha habido antes de eso muchas responsabilidades intermedias. Hasta ahora hay nueve denuncias y solo se ha archivado una. Se ha hecho un trabajo exhaustivo para determinar dónde estaba el problema: unas veces ha recaído en el responsable médico, otras en el gerente… Si de cada caso deriva algún otro tipo de responsabilidad, ya se verá. Cada residencia es un mundo.

P. Sin una regulación clara, muchas decisiones han acabado en los tribunales. ¿Se ha dejado en manos de la justicia decisiones meramente políticas?

R. Al final, todo termina en nosotros. Hacemos el control de la Administración y, en el momento que afecta a derechos fundamentales, tiene que intervenir la justicia.

P. Se ven resoluciones en un sentido u otro que confunden a la ciudadanía.

R. Hemos hecho frente a una pandemia con una legislación que no estaba pensada para ello. Hemos tomado decisiones políticas y judiciales en función de cómo se desarrollaban los acontecimientos. Esto no es blanco ni negro. En justicia hay una gama de grises enorme y la interpretación siempre da juego.

P. La intención es legislar para que los fiscales instruyan los casos (ahora lo hacen los jueces). Una denuncia histórica es la falta de recursos y personal en la Fiscalía. ¿Cómo se afronta esta transformación, que previsiblemente aumentará la carga de trabajo?

R. Es un cambio de modelo que no sé si llegará porque requiere unos consensos que no sé si veremos. No podemos estar aislados en el entorno europeo, en el resto de países los fiscales sí pueden instruir. Harán falta muchos medios. La plantilla en España es de 2.553 fiscales y ya, con las funciones actuales, es deficitaria. Nos faltan casi 400 fiscales.

P. ¿Qué otras necesidades tiene la Fiscalía de cara a este cambio?

R. Hay que hacer un cambio cultural dentro de la propia Fiscalía. Los fiscales tienen que aprender las técnicas de investigación más ágiles y eficaces. Madrid siempre es deficitario porque, en proporción a la población de habitantes, tiene muchos órganos judiciales y la tasa de litigiosidad es muy alta. Madrid siempre va por detrás de las necesidades. Eso nos obliga a recurrir a fiscales interinos y eso no es deseable.

Hemos hecho frente a una pandemia con una legislación que no estaba pensada para ello

P. La Audiencia Provincial archivó el recurso de medidas cautelares contra el cartel electoral de Vox sobre los menores extranjeros. ¿Qué se puede hacer?

R. La Fiscalía entiende que hay delito y ese procedimiento está abierto. La Audiencia ha resuelto solo sobre las medidas cautelares, que pedía que durante la campaña se retiraran los carteles. Ahora queda todo el procedimiento para convencer al juez de instrucción y posteriormente al órgano de enjuiciamiento de que se ha cometido un delito.

P. ¿Cómo valora las valoraciones del auto que rechazó el recurso ―calificaba a los menores como un “evidente problema político y social”―?

R. Yo solo veo un auto que confirma la denegación de una medida cautelar. Las valoraciones que han deslizado, se quedan ahí. Eso no va a ningún sitio. Donde tenemos que dar la batalla es en el seno del procedimiento. Ellos construyen un argumento que sitúan en el contexto electoral y entienden que, en ese momento, la libertad de expresión lo permite durante la campaña. Que todo es discutible, pero nosotros no vamos más allá.

P. ¿Han aumentado los delitos de odio?

R. El delito de odio permanecía oculto, como pasó en su día con la violencia machista. A la hora de realizar los atestados no se clasificaba como delito de odio. Se ha hecho una labor importante para aflorar los datos. Pero, en una sociedad crispada como tenemos, hay más delitos de odio .

P. Una de las dificultades es que es un delito muy abierto a interpretaciones

R. Es complicado porque no hay que acreditar el hecho objetivo —por ejemplo, una lesión—, sino el subjetivo, que es la intención del que causa la lesión. Lo más difícil para probar es siempre la intencionalidad. Y en estos delitos es la clave. Ojalá que se vaya creando una conciencia social. Hace 25 años, la violencia sobre la mujer quedaba absolutamente soterrada, y se hizo aflorar. Estamos en ese mismo proceso.

El delito de odio ha permanecido oculto, como pasó en su día con la violencia machista

P. El ministerio público no recurrió el archivo de la causa por la falsificación de documentos de la líder de Vox en Madrid, Rocío Monasterio ¿Cómo explica el cambio de criterio?

R. La Fiscalía denunció una falsedad ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), y este entendió que efectivamente se incorporó documentación manipulada a un expediente administrativo. Una vez más, la explicación es técnica. Los hechos se habían producido en tres periodos distintos: 2005, 2011 y 2016. La Sala reconoce una manipulación, que no atribuye a nadie, que se produce en 2011, hechos que están prescritos. Y la realidad es que en 2016, aparte de burda, [esa falsificación] es inocua porque cambió la normativa y no era necesario que esa documentación se aportase. La jurisprudencia entiende que las alteraciones burdas o inocuas no constituyen el tipo penal.

P. Pero, pasaron de iniciar la acción a aceptar el criterio del TSJ.

R. Como pasa muchas veces. Donde hay que discutirlo es ahí. La Fiscalía analiza unos hechos, presenta una denuncia o una querella ante el órgano de enjuiciamiento, que es el que tiene que hacer esa valoración. El TSJ lo ha motivado y argumentado razonadamente, y nosotros poco más tenemos que añadir. Como tantas otras veces que asumimos la resolución judicial siempre que es motivada y razonada.

P. ¿Han recurrido al Supremo la absolución de la expresidenta autonómica Cristina Cifuentes por el caso Máster?

R. No, también por una cuestión técnica. Hemos construido una acusación que ha sido vista dos veces, en instancia y se ha revisado en el TSJ. Hemos tenido nuestra oportunidad. Hemos intentado acreditar unos hechos, pero no lo ha visto el tribunal de instancia y el tribunal de apelación ha entendido que no había ninguna irregularidad en la resolución.

P. ¿La Fiscalía se siente decepcionada por ese caso, que resultó finalmente con penas mínimas solo para dos personas que no implican entrar en prisión?

R. La Fiscalía no se decepciona. La Fiscalía hace su trabajo. A veces tenemos el convencimiento de que unos hechos son constitutivos de delito y no podemos articular una acusación porque no tenemos los medios de prueba. Son las reglas del juego.

P. Podemos, tras la petición de Fiscalía de dos imputaciones en el caso Niñera, habló de una “judicatura patriótica”. ¿Se siente la Fiscalía señalada?

R. No nos sentimos señalados por nadie porque trabajamos ajenos a las interferencias exteriores. Este procedimiento está en fase de instrucción y nuestra función es recopilar el material probatorio haciendo abstracción de todo lo que se hace alrededor. Lo que hagan otros, a nosotros no debe afectarnos.

P. ¿Se ha iniciado alguna investigación por la brecha de seguridad en la vacunación con la filtración de datos del Rey incluido?

R. Se denunciaron los hechos en esta Fiscalía y se han remitido a la Fiscalía Provincial, que es la competente y es la que tendrá que investigar qué es lo que ha ocurrido. No sé si es una brecha de seguridad. Ahora mismo estamos en la fase de investigación. Veremos si hay detrás una conducta delictiva o no, porque puede ser simplemente una actualización que se carga y hay un fallo en la plataforma.

P. La Asociación de Fiscales ha criticado los nombramientos de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, por primar a la Unión Progresista de Fiscales, ¿se siente usted cuestionada?

R. Yo solicité esta plaza y he recibido el respaldo unánime del Consejo Fiscal. A mí me han apoyado expresamente los cinco vocales de la Asociación de Fiscales. Por lo tanto, estoy absolutamente tranquila y satisfecha de que vengo con todo el respaldo del Consejo Fiscal. Pertenezco a la UPF, sí; pero no creo que haya sido determinante en mi nombramiento.

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