El Ejecutivo de Ayuso se va de la Asamblea mientras se debate si reabrir la comisión de las residencias

No está la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Tampoco Enrique Ruiz-Escudero, el consejero de Sanidad. Ni Enrique López, el consejero de Interior. Solo uno de los nueve integrantes del Ejecutivo regional, Concha Dancausa, se queda en el pleno de la Asamblea mientras Más Madrid, PSOE y Podemos critican al PP y a Vox por bloquear la investigación de los protocolos que impidieron las derivaciones de ancianos desde las residencias a los hospitales durante lo peor de la pandemia. En total, hubo más de 5.000 muertos por causas vinculadas al virus en esos centros.

Los trabajadores de las residencias: "Han vuelto a olvidarnos"

Vox impide que se investigue el triaje de los mayores con covid en las residencias

La ausencia de los responsables del Gobierno en el debate sobre la procedencia de investigar lo que ocurrió en las residencias enerva a la oposición. Díaz Ayuso se va a inaugurar la nueva estación de Metro de Gran Vía. Ruiz Escudero simplemente sale del pleno, porque apenas unos segundos después de que acabe el debate comparece ante la Cámara para hablar de las listas de espera. Y López se marcha a recibir una distinción del colegio de Procuradores en nombre del Gobierno.

La desbandada del Ejecutivo, cuyos integrantes vuelven por la tarde, cuando toca simplemente votar, refleja la aritmética parlamentaria. Como Vox ha rectificado su posición, pasando de apoyar la investigación a anunciar su abstención, todos los diputados saben ya que la iniciativa no saldrá adelante. Al tiempo, el aluvión de compromisos de los consejeros resume lo incómodo que le resulta el debate al Gobierno regional, enfrentado a una cuestión tan espinosa como para concitar problemas de carácter social (la atención a los ancianos y sus familias), político (provocó graves tensiones en el Ejecutivo de coalición formado por PP y Cs) y jurídicos (el asunto está judicializado).

Cambio de posición

En esta misma Asamblea, allá por junio de 2020, Alberto Reyero, entonces consejero de Políticas Sociales, reventó la unidad del Gobierno de coalición de PP y Cs: dijo que la responsabilidad de lo que había ocurrido en las residencias era del Ejecutivo regional, y no del central, como defendían una y otra vez los portavoces del PP. Aquí, ese mismo mes, se aprobó investigar lo ocurrido en esos centros sin que ningún grupo, ninguno, se opusiera en la Mesa del Parlamento. Y aquí, este mismo jueves, el PP y Vox han impedido retomar aquellos trabajos que apoyaron entonces, y que no terminaron al quedar interrumpidos por el adelanto electoral decidido por Isabel Díaz Ayuso. Un cambio de posición que les han afeado Más Madrid, PSOE y Podemos.

“Representan la insensibilidad humana y una absoluta falta de compasión, y esto va mucho más allá de lo político”, asegura Irene Lozano, del PSOE. “Lo que está haciendo el Gobierno de Díaz Ayuso, al impedir que hablemos de cómo se aplicaron los protocolos que impidieron que se derivaran a los mayores a los hospitales, es uno de los casos más escandalosos de negligencia política”, sigue. “Y Vox, ¿Cómo se pude cambiar de opinión en una semana [la extrema derecha anunció que apoyaría la investigación, y luego no lo ha hecho]? ¿Esta es la derechita valiente? Es la derechita cobarde contra los mayores de las residencias”, ironiza. “La verdad se va a saber en los tribunales. La justicia hará que aflore la verdad en este caso, como ocurrió en la Gürtel, en la Púnica y en la Kitchen”.

“Les pierde la boquita”, le dice Emilio Delgado, de Más Madrid, a los diputados de Vox, sobre su cambio de posición. “¿Qué les han dado [en el PP] a cambio de hacer el ridículo de esta manera? ¡Vaya manera de cubrirse de vergüenza!”, sigue. “Con la decisión que van a tomar hoy demuestran, simplemente, ser malas personas”.

“El que nada tiene que ocultar, nada tiene que temer, y aquí se está viendo que el Gobierno tiene muchas cosas que ocultar”, afirma Paloma García Villa, de Unidas Podemos, que lamenta la ausencia de los integrantes del Ejecutivo.

Unidos alrededor del argumento de que la izquierda busca venganza y réditos políticos con la investigación, el PP y Vox anuncian que combinarán sus votos para bloquearla. “Piden esta comisión los que decían en campaña que había que aprovechar este drama, y la piden para seguir soltando basura”, dice Alfonso Serrano, del PP. “No estamos ni con unos ni con otros”, añade Mariano Calabuig, de Vox, que intenta justificar el cambio de posición de su partido, del voto afirmativo a la abstención.

¿Qué pasó en medio? El mismo día que Vox anunció su apoyo a la investigación, por “necesaria”, Díaz Ayuso intervino personalmente para que rectificara su posición. “Con respecto a la decisión de Vox de volver otra vez a unirse a la izquierda contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid, y contra mí, les pediría que recapaciten”, dijo. Que la presidenta de la Comunidad de Madrid se arremangara para cambiar el rumbo del partido ultra revela la importancia que tenía para su Gobierno evitar la investigación. Durante la legislatura pasada, los protocolos de triaje supusieron un desgaste continuo para el Ejecutivo regional. Y con ellos, la comisión de investigación.

En ella los diputados escucharon con estupor a Encarnación Burgueño, que relató el caos de la Operación Bicho, su esfuerzo clandestino para salvar vidas en los geriátricos durante los peores días de la pandemia de covid-19 en primavera. También, que el Ejecutivo prefirió emplear en el hospital temporal de Ifema a los sanitarios que podían haber reforzado las residencias. O que hasta 22 geriatras aplicaron el protocolo de triaje regional, cuya existencia la Comunidad negó primero, y definió luego como un borrador.

Meses después, la investigación no será reactivada. Díaz Ayuso logró 65 diputados en las elecciones del 4-M, duplicando los resultados de 2019. Sigue dependiendo de Vox, pero hasta ahora ha impuesto siempre su criterio al de la extrema derecha. El partido ultra criticó la reforma de la ley de Telemadrid, al considerar que está diseñada para que el PP controle la televisión pública, y luego permitió que saliera adelante. Reclamó austeridad, y no ha protestado porque se haya creado una Oficina del Español en la que Toni Cantó cobrará más de 70.000 euros al año. Y ahora ha pasado de querer investigar lo que ocurrió en las residencias con los protocolos de triaje a impedir la investigación.

Suscríbete aquí a nuestra nueva newsletter sobre Madrid.