Renglones torcidos

El sentido común y la legislación en las sociedades avanzadas dice que los menores, especialmente los que no están acompañados por adultos, nunca son un problema, lo tienen y quienes han superado ese umbral de vulnerabilidad y ejercen alguna clase de autoridad –por ejemplo, la delegada por los votos y el dinero público- deben ayudarles. Lo tenía claro la entonces candidata a la presidencia madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quien el pasado abril , cuando Vox llenó el metro de carteles xenófobos que los presentaban como una amenaza para la seguridad y la economía – “Un mena, 4.700 euros al mes. Tu abuela, 426 euros de pensión. Protege Madrid”-, dijo: “Hay que integrarlos, por caridad y porque estamos obligados”.

Pero tres magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid, Valentín Sanz Altozano, Eduardo de Urbano Castrillo (el ponente) y Tania García Sedano, han dejado por escrito en un auto judicial la siguiente frase: “Con independencia de si las cifras que se ofrecen son o no veraces, [los mal llamados menas] representan un evidente problema social y político, incluso con consecuencias o efectos en nuestras relaciones internacionales, como resulta notorio”.

La afirmación de los jueces sí presenta algunos problemas notorios. Lo es desplazar la verdad al rincón de lo irrelevante cuando en este caso el dato que se proporciona en el cartel – falso- pretende, al igual que la escenografía – el supuesto menor extranjero aparece encapuchado y con la boca tapada, como los delincuentes- criminalizar a un colectivo, injuriarlo. Y eso sí puede tener “consecuencias” muy negativas para ellos. La asociación Jueces para la Democracia recordó, tras el auto de sus colegas, que el último informe del Defensor del Pueblo muestra su preocupación “por la proliferación de discursos de odio contra esos niños y niñas”.

Se suele decir que Dios escribe recto sobre renglones torcidos, pero cabe preguntarse si los intérpretes del Derecho no se desvían también a veces de lo recto, que es sinónimo de justo

El auto comienza diciendo que no va a entrar sobre “el fondo” del asunto, esto es, si el cartel en cuestión es o no “un delito de odio”, pero a continuación lo hace, aportando los argumentos que, según los magistrados, restan relevancia penal a los mensajes de Vox. Así, los encuadra en los “excesos verbales” de las campañas electorales – travesuras de políticos, vienen a decir-; niega que pongan “en riesgo” a un determinado colectivo y añade que no pueden prohibirse estas ideas “mientras han de admitirse otras de signo contrario, pero tan criticables o más que estas” – aquí se entiende a quiénes se refiere con el “signo contrario”, pero no aportan los magistrados ejemplos de esos otros mensajes comparables o peores que los racistas-.

La Real Academia define “racismo” como la “exacerbación del sentido racial de un grupo étnico que suele motivar la discriminación o persecución de otro u otros con los que convive”; “xenofobia” como “el odio a los extranjeros” e “injuria” como “delito o falta consistente en la imputación a alguien de un hecho o cualidad en menoscabo de su fama o estimación”. Unicef ya recordó que la inmensa mayoría de niños migrantes tutelados en España no han cometido ningún delito y que afirmar lo contrario vulnera la Convención sobre los Derechos del Niño. Se suele decir que Dios escribe recto sobre renglones torcidos, pero cabe preguntarse si los intérpretes del Derecho no se desvían también a veces de lo recto, que es sinónimo de justo.

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