La onda expansiva de la resolución judicial que respalda el cartel de Vox sobre menores migrantes no acompañados

El auto de la Audiencia Provincial de Madrid del pasado lunes, en el que desestima el recurso de la Fiscalía contra el cartel que Vox utilizó en la campaña electoral madrileña señalando a los menores migrantes no acompañados como una fuente de gasto público exagerado, ha despertado la indignación de varias asociaciones que trabajan con estos niños y adolescentes. El tribunal sostiene en su escrito que estos jóvenes “representan un evidente problema social y político”. Una frase que, según lamentan ONG de Andalucía, Madrid y Cataluña, dificulta y empeora la integración de los menores, confunde a la ciudadanía y transmite el mensaje de que son una amenaza. Un aval judicial a ese tipo de propaganda política, advierten, genera una desconfianza que en algunos casos puede llevar a las empresas a ser más reacias a contratar a los menores o a los propietarios de un piso a ofrecerles un alquiler. En España hay cerca de 9.000 menores extranjeros tutelados por las administraciones.

Michel Bustillo, delegado en Cádiz de Voluntarios por Otro Mundo y responsable del programa de jóvenes migrantes extutelados, acompaña desde hace 14 años a estos jóvenes. “Lo que dice un magistrado es para muchos una palabra de mucha fuerza y mucho poder”, afirma en conversación telefónica. Y recuerda que el cartel del partido ultra en la estación madrileña de cercanías de Sol provocó una onda expansiva que llegó hasta la provincia de Cádiz, donde en un vecindario se organizó una recogida de firmas para que la casa de acogida no siguiera allí. “Están cabreados porque están pasando por una situación económica precaria, de desempleo, y se quedan con lo de que estos chavales cobran 4.700 euros”, explica. Al final, la iniciativa no se llevó a cabo porque la asociación logró convencer a los vecinos de que los menores no eran los responsables de esta situación.

El delegado de Voluntarios Por Otro Mundo denuncia además la precariedad del sistema nacional y autonómico que debería proteger a estos chavales en su proceso de integración. “Si los dejamos en la calle abandonados, si no les atendemos como tendríamos que hacer, si no le damos la documentación, se generan bolsas de marginalidad y exclusión que alimentan estos discursos de odio”, dice. Por ello, Bustillo considera clave la reforma del reglamento de la Ley de Extranjería en la que está trabajando el Gobierno: un cambio legal que pretende agilizar los trámites a miles de jóvenes extranjeros no acompañados y eliminar aquellas trabas burocráticas que les dificultan obtener permisos de residencia y trabajo y que los condenan a la marginalidad y la irregularidad una vez que cumplan 18 años.

Marta Sánchez Briñas, abogada de Pueblos Unidos, un centro social jesuita que acompaña a las personas migrantes, coincide con Bustillo. “Mientras no se cambie el reglamento y se adopten medidas más flexibles para estos jóvenes, se seguirá alimentado el problema”, señala. La abogada considera el cartel de Vox un acto de xenofobia, y se posiciona en contra de la resolución del tribunal madrileño. Sánchez Briñas, que coordina un piso de jóvenes extutelados en Madrid, sostiene que el mensaje del cartel electoral es una forma de discriminación que existe desde hace tiempo. “Los menores nos dicen que van por la calle y los miran mal, que se sientan en el metro y la gente se levanta”, cuenta. Para ella, el hecho de que el tribunal “quite hierro al asunto” afectará a su trabajo del día a día, a la hora de buscar oportunidades laborales para estos jóvenes: “La gente piensa que es un problema social y político porque creen que vienen a quitarnos el trabajo y el dinero con los gastos que tienen”, lamenta.

Albert Parés Casanova es presidente de la Asociació Noves Vies de Barcelona, que presta asesoramiento jurídico a los menores extranjeros no acompañados. Este abogado social considera que el auto del tribunal madrileño da “carta blanca” para que “se pueda decir cualquier cosa contra este colectivo”. El riesgo, según Parés, es que se cree una conciencia social negativa contra estos menores que afecta a la labor diaria de las asociaciones. “Si se tiene que montar un piso para acoger a los menores no acompañados los vecinos pueden poner muchos problemas. Y las empresas pueden ser más reacias a la hora de contratarlos u ofrecerles trabajo”, advierte.

En ese mismo sentido, Pilar Núñez, vicepresidenta de la Federación de Entidades de atención a la infancia y adolescencia (Fedaia), explica que la desconfianza y el miedo se vuelven obstáculos en los procesos de integración. “Cuando quieren acceder al alquiler de un piso, los propietarios desconfían o las comunidades de vecinos llegan a dudar de ellos”, cuenta.

Núñez considera que la valoración que hacen los jueces de la Audiencia de Madrid “hiere y daña” el trabajo que las ONG realizan. “Este es un auto que confunde, porque pone a la libertad de expresión como un derecho que prima por encima de otros derechos de la infancia”, afirma. Para Fedaia, plataforma que agrupa a más de 100 asociaciones en Cataluña, la propaganda del partido de ultraderecha criminaliza a esta población vulnerable: “Apunta a una parte de la ciudadanía que no está correctamente informada y despierta en ellos una aversión, alimenta miedos y desinforma” concluye.