La mayoría de las empleadas domésticas carece de un hogar digno

Las trabajadoras del hogar son uno de los colectivos que más precariedad padece. En ocasiones, encontrar una vivienda es una carrera de obstáculos que les condena a una vulnerabilidad residencial que repercute notablemente en su calidad de vida. Son las conclusiones del último informe Mujeres inmigrantes en el servicio doméstico de GISMAT, un grupo de investigación de la Universidad Complutense de Madrid, que analiza la relación entre vulnerabilidad y vivienda de este colectivo de rostro femenino, en su mayoría latino, que afronta la dificultad de conseguir una alternativa habitacional digna. “A nivel social sigue existiendo esa mentalidad clasista de la chacha y la criada”, señala la salvadoreña Carolina Elías, presidenta de la Asociación de Mujeres Empleadas de Hogar y Cuidados (SEDOAC).

Marta Domínguez, directora del informe, explica que la vulnerabilidad residencial es una realidad que se ha tratado poco. “La gente que limpia en las casas de todos vive situaciones muy complejas. Tener un hogar es muy importante porque da ese sentimiento de pertenencia, de identidad”, añade. La metodología está basada en 21 testimonios de mujeres migrantes trabajadoras del servicio doméstico procedentes de América Latina y Caribe, y como complemento, cinco entrevistas en profundidad con informantes clave de organizaciones académicas y del tercer sector. El resultado es un estudio piloto que pone el foco en las distintas trayectorias residenciales de las empleadas del hogar, que varían en función del tiempo que llevan en España o del tipo de régimen que tengan: de externa o interna, siendo estas últimas las que duermen en el domicilio de la persona que cuidan, algo que este colectivo pide eliminar.

En la Comunidad de Madrid hay registradas unas 120.000 empleadas del hogar, aunque si se suman las que están en la sombra se alcanzarían las 200.000, según SEDOAC. “España es uno de los pocos países de Europa, sino el único, que mantiene el régimen de interna de manera legal. Además, las trabajadoras del hogar están así expuestas no solo a los abusos de largas jornadas, también a los abusos sexuales, cuestiones que pasan todavía, lamentablemente. Ante todo esto hay muy poca protección”, denuncia Carolina Elías, abanderando el eslogan de su asociación: “Trabajo de interna, esclavitud moderna”.

En la Comunidad de Madrid hay registradas unas 120.000 empleadas del hogar, aunque si se suman las que están en la sombra se alcanzarían las 200.000, según SEDOAC.

España tiene la mayor tasa de trabajadoras del hogar, junto a Italia, con casi un 50% en régimen interno, advierte Elías, que cuenta que después del estado de alarma se han incrementado en Madrid las ofertas de internas porque muchas personas han optado por sacar a sus familiares de las residencias ante el caos que se vivió durante la primera ola del coronavirus. “Las jornadas se hacen interminables, las cuidadoras están disponibles de 16 a 24 horas al día ante la familia, sobre todo en los casos de personas mayores. No pueden tener vida propia”, alerta.

Blanca es colombiana, tiene 50 años y atiende a una persona mayor con una enfermedad mental muy severa. Va a cumplir tres años residiendo en Madrid, en esa misma casa, como interna. Todo lo que gana lo manda a su país. En su caso, dice que tiene dos trabajos, el de cuidadora y el de doméstica con las tareas del hogar. En su limitado tiempo libre entre cuidado y cuidado, no puede desconectar. “Nosotras podemos caer enfermas por este desgaste mental, esta situación emocional que nos compromete y que es inevitable. Tengo lo que llaman el síndrome del cuidador quemado”, afirma.

La regulación de los horarios es así uno de los principales problemas que afrontan estas mujeres que fueron consideradas como esenciales durante los momentos más oscuros de la pandemia, pero que ni siquiera han sido prioritarias en el calendario de vacunación, a pesar de convivir con personas dependientes y de riesgo que necesitan atención constante. Los casos más extremos llegan a que algunas empleadas no pudieron salir durante meses de sus casas por imposición de las familias al temer que trajeran el coronavirus.

El informe Mujeres inmigrantes en el servicio doméstico desvela también que muchas empleadas del hogar viven en pisos compartidos, a veces hasta con sus hijos, atadas a las normas de convivencia que pueden llegar a ser tan estrictas como que a las siete de la tarde los niños ya no puedan salir de la habitación, comenta Marta Domínguez. Sobre las mujeres que son internas, alquilan la habitación solamente el fin de semana. “Hay veces que ven más a los hijos de los que cuidan que a los propios”, continúa Domínguez.

Aunque la discriminación del colectivo no se termina cuando alcanzan el estadio más avanzado: acceder a una vivienda propia. El lugar de origen y el acento les deja fuera de ser seleccionadas como arrendatarias, a pesar de tener una estabilidad laboral y sentimental. “Eso es claro racismo. Se une el tipo de trabajo de la empleada del hogar con salarios precarios, poco sujeta a créditos o a tener los avales suficientes para los dueños. Nuestro sector es el único que permite el despido por desistimiento. Cuando el empleado alega pérdida de confianza en la trabajadora la despiden, y es un despido mucho más barato”, critica Elías.

Nuestro sector es el único que permite el despido por desistimiento. Cuando el empleado alega pérdida de confianza en la trabajadora la despiden, y es un despido mucho más barato.

Carolina Elías

Los tres años que exige la ley de Extranjería tampoco facilitan a este colectivo una pronta regularización. “Y mientras tanto se enfrentan a estos controles de documentación. Si no la tienen en regla son llevadas a un CIE o deportadas. Esa es una de las principales causas por la que muchas terminan aceptando trabajos de interna, para exponerse menos en la calle”, indica Elías. Todo esto favorece la economía sumergida, que a falta de datos oficiales, supone un 40% en el sector, estima SEDOAC. Una cifra que se agudiza con la crisis económica que ha llevado a familias al ERTE, con disminuciones de jornada y escuetas pensiones. El caldo de cultivo para que a las empleadas del hogar no se las de de alta en la Seguridad Social o coticen menos horas de las que trabajan, como ocurre en el sector de la hostelería.

El objetivo de GISMAT es dar visibilidad a la vulnerabilidad residencial del colectivo, que pide a gritos al Gobierno un cambio en el marco normativo que les permita acceder a todas las prestaciones sociales que disfrutan el resto de trabajadores, como el derecho al paro. La portavoz de SEDOAC es consciente de que esto supondría un incremento a la cuota de la Seguridad Social que muchas familias no podrían asumir. En Europa ya se han dado soluciones y el Estado se hace cargo de una parte de la cuantía para que las familias paguen el salario que corresponde. “Pero claro, no se quiere tocar el bolsillo de Hacienda”, concluye Elías.

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