Nadie protege de los “okupas” al palacete Villa Menchu
La invasión de intrusos en un edificio candidato a ser patrimonio protegido en Madrid suscita dudas sobre el papel del Ayuntamiento y el banco propietario
La líder de la extrema derecha en Madrid, Rocío Monasterio, apareció la semana pasada por Villa Menchu para prometer su apoyo a los vecinos y a todo aquel que denuncie “okupaciones”, una alarma social que da músculo a Vox como si fueran esteroides. “Bravo, bravo, Rocío, gracias”, le agradecieron entre aplausos varias decenas de personas, hartas de ver a intrusos que entran y salen de ese palacete de 1920 en el barrio de Salvador, en el este de la capital. Desde hace tres semanas, el caso de Villa Menchu ha aparecido en televisiones y periódicos, reforzando a quienes promueven una narrativa de inseguridad en los barrios de Madrid, como Monasterio, que en un debate de la campaña del 4-M dijo que los ciudadanos tienen miedo de que los okupas se cuelen en sus casas cuando van a comprar al supermercado.
El foco se pone normalmente en el peligro de los llamados okupas, pero en el caso de Villa Menchu, ¿tienen alguna responsabilidad el dueño del palacete o el Ayuntamiento de Madrid?
Villa Menchu no pertenece a ninguna abuela desposeída al ir a por pan, sino al banco Caixabank, que se lo quedó en febrero de 2019 después de que los hijos de un médico que había sido propietario dejaran de pagar la hipoteca. Se trata de una vivienda singular que una asociación de protección del patrimonio llamada Legado de Arturo Soria quiere proteger. Desde hace unas semanas es candidata para entrar en el Catálogo de Bienes Protegidos del Ayuntamiento. Villa Menchu era uno de los palacetes de estilo modernista construidos a principios del siglo XX como parte de Ciudad Lineal, el proyecto inacabado del urbanista Arturo Soria, quien quería rodear Madrid con una gran calle circular en la que convivirían puerta con puerta obreros y burgueses.
Según los vecinos, los intrusos no usan Villa Menchu para vivir, sino para fiestas, o quizás actividades ilegales. Desde sus balcones en los edificios de pisos colindantes, han grabado a invasores saltando la valla del palacete. En el jardín dejan a veces botellas, cartones de pizzas y otros residuos. En una grabación se ve a un intruso haciendo caso omiso de una vecina que le grita “¡no saltes, eso es propiedad privada!”. En otra, la Policía Nacional arresta a plena luz del día a un invasor mientras escala la valla. Da igual, siguen volviendo. En un vídeo que una vecina dice haber grabado este martes por la mañana se ve de nuevo a un joven saltando la verja. A la vista de todos están los desperfectos que sufren los ventanales o los frisos de la fachada.
A pesar de esto, Caixabank no ha instalado alarmas, sensores o las puertas y ventanas de acero que se suelen emplear en estos casos. El banco alega que, aunque sea propietario, no puede hacer ningún tipo de intervención en el edificio hasta que no concluya el procedimiento de desahucio de los supuestos ocupantes. Una portavoz culpa a la lentitud de la justicia, que puede tardar más de cinco años en resolver estos casos. “Estamos atados de pies y manos”, dice. “Por desgracia somos víctimas porque sufrimos un daño reputacional”.
Una ley de 2018 agilizó los procedimientos de desahucios para evitar estas situaciones, pero benefició a propietarios particulares y dejó fuera a bancos y grandes tenedores. Las mafias de la ocupación de viviendas suelen buscar esos pisos vacíos precisamente porque conocen los mayores obstáculos a los que se enfrentan los bancos. Hay voces que piden incluir a los bancos en el procedimiento exprés de la ley de 2018. Manuel Hernández, socio director de Vilches Abogados, dice: “Hace falta un cambio normativo para acabar con este clima de inseguridad a la hora de recuperar viviendas”.
Con todo, este jurista apunta que Caixabank podría ser más proactivo a la hora de cumplir su deber de mantenimiento y conservación. Si Caixabank quisiera demostrar que nadie habita la casa, sino que es una ocupación de ocio, el juez les daría derecho a acceder a la vivienda, apunta Hernández. Para ello bastaría que contrataran a unos detectives privados y presentaran la prueba en juicio, agrega el letrado de Vilches Abogados. A eso se añaden los indicios de que ahí no habita nadie: saltos de la valla y patrullas policiales.
La falta de auxilio por parte del Ayuntamiento de Madrid es otra fuente de frustración para vecinos y defensores del patrimonio. A raíz de las apariciones de Villa Menchu en los medios de comunicación, la policía pasa de vez en cuando por la zona, pero es inútil. Un intruso en buena forma puede saltar la valla en un abrir y cerrar de ojos.
Los conservacionistas han visto con angustia los desperfectos en la vivienda y se preguntan por qué nadie toma medidas más decididas. La presidenta de la asociación, Cristina Keller, critica: “Debería ser sencillo de solucionar, pero todos los involucrados se limitan a poner paños calientes”. Keller es tataranieta de Arturo Soria y cuenta con el respaldo de historiadores, arquitectos y políticos.
El concejal @MCasariegoCor de San Blas y @Cs_Madrid no recibe a @Leg_ArturoSoria. Hoy quinta okupación desde el fin de semana de Villa Menchu. ¿@caixabank y @MADRID Estáis esperando a que la quemen? A este paso no tendréis que esperar mucho. ¡@begonavillacis haz algo por favor! pic.twitter.com/KrgvwfG8mk
— Pedro Blasco Solana (@pericoblasco) May 27, 2021
“Golosa para los especuladores”
Una portavoz del área de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento le dice a este periódico que no pueden hacer nada más: “Es un asunto entre privados”, explica. “El deber de conservación de los edificios es de los dueños. Y en caso de ocupación, es el dueño el que debe iniciar el proceso para desalojar”. Una empresa contratada en abril por el Gobierno municipal para revisar el Catálogo de Bienes Protegidos debe concluir su trabajo en un máximo de dos años, pero la inclusión de Villa Menchu no facultaría a las autoridades locales para intervenir, según la portavoz. La protección del catálogo únicamente afectaría a los elementos arquitectónicos que habría que conservar obligatoriamente, explica.
Los partidos de la oposición discrepan. Más Madrid y PSOE creen que el Ayuntamiento tiene herramientas legales para proteger la propiedad. El miércoles de la semana que viene el asunto será debatido en el pleno de la junta del distrito de San Blas.
Villa Menchu se llama así porque el médico propietario la bautizó con el nombre cariñoso con el que llamaba a su hija, Carmen, que acabó metiéndose a monja. La vivienda, en la calle María Lombillo 1, se encuentra en una parcela de 336 metros cuadrados. No resalta por sus materiales caros o sus ornamentos, pero los conservacionistas destacan su valor histórico y temen que corra la misma suerte que otras villas similares de Ciudad Lineal. Desde hace décadas los inversores las han comprado para sustituirlas por pisos de lujo, borrando las huellas del proyecto originario de Arturo Soria. Una propuesta de la asociación Legado de Arturo Soria contempla convertir Villa Menchu en un museo de Ciudad Lineal.
Keller dice: “Es una zona muy golosa para los especuladores”. Esta amenaza parece aún mayor que la de los temidos “okupas”.
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