El Defensor del Pueblo reclama a Madrid datos sobre la demora media en atención primaria
El organismo lleva meses recibiendo “quejas por la elevada presión asistencial que registran los centros de salud de la región”
En la mesa de Francisco Fernández Marugán, el Defensor del Pueblo en funciones, se acumulan hasta medio centenar de expedientes sobre alrededor de 40 centros de salud o consultorios de Madrid. Son solo los que ha iniciado desde el pasado septiembre por las quejas de ciudadanos, que informan de que, al pedir cita en atención primaria, el mínimo son 10 días para ser atendidos. Este martes, Fernández ha reclamado a la Comunidad los datos de demora media para primera cita disponible en este ámbito, tras las “quejas por la elevada presión asistencial que registran los centros de salud de la región”, informa el organismo en un comunicado.
Informa también de que “la Consejería no ha facilitado los datos solicitados sobre esa demora media, y ha señalado además que el indicador sobre demora para consulta no es aplicable en el nivel de la atención primaria”. El Defensor “no entiende que no pueda disponerse de esta información, dado el grado de informatización del sistema” y recuerda que “los servicios de salud de otras comunidades autónomas no han tenido problemas para facilitar sus datos sobre demora para cita en consultorios y centros de salud concreto” cuando se le han pedido y “tampoco lo tuvo la propia Consejería madrileña cuando se le requirió esta información en el pasado”.
Con esta negativa a dar esas cifras, el Defensor “ha recomendado” a la Comunidad que “establezca los mecanismos que permitan conocer el periodo comprendido entre la solicitud de consulta por el paciente y la primera cita disponible en cada centro de atención primaria”.
Para conocer esa cifra hace falta conocer la demora media de cada una de las agendas de los 4.071 médicos de Familia y 926 pediatras que trabajan en la Comunidad [según los últimos datos de la Consejería de Sanidad, del pasado abril] repartidos en los 266 centros de salud, 163 consultorios locales, un centro adscrito y 40 Servicios de Atención Rural.
En cada uno de ellos, las esperas difieren, no solo por centros sino también por turnos, dependiendo de si es mañana o tarde. En el centro de salud Ciudad de los Periodistas, en el distrito de Fuencarral, por ejemplo, es imposible coger cita antes del 22 de junio para una especialista que trabaja por la mañana. En el C.S. Paracuellos del Jarama, no antes del 17, también por la mañana; en el C.S. Montesa, en el distrito de Salamanca, para el 16 como fecha más temprana. Mientras que en el C.S. Segovia, en el distrito Centro, por teléfono, hay huecos para este mismo miércoles; y en Imperial, en el mismo distrito, de forma presencial, hay un par de citas disponibles el viernes.
Esto, agudizado por la pandemia, no es una situación nueva. “Aunque la Institución lleva años recibiendo quejas sobre la insuficiencia en la dotación de recursos humanos, sobre todo relativas a las condiciones de precariedad laboral y escasez de profesionales”, explica el Defensor en ese mismo comunicado, “las situaciones de retraso para recibir asistencia se están incrementado de manera significativa desde el pasado verano”. A juicio de la institución, identificar este retraso “permitiría conocer si la prestación se realiza realmente a tiempo y en caso de no ser así, ofrecer una respuesta de carácter organizativo y llevar a cabo una adecuación de los recursos humanos”.
Cuando llegó el virus, el primer lugar donde hizo mella fue en los centros de salud, que se vieron desbordados en apenas unos días y después reorganizados para que sus profesionales pudieran ser derivados al hospital de campaña de Ifema.
Desde el 21 de marzo de 2020, decenas de ellos fueron cerrados y la atención que prestaban fue derivada a los que se mantuvieron abiertos. También se cerraron entonces los SUAP, los servicios de urgencias que cubren las noches, los festivos y los fines de semana. Mientras que el cierre de Ifema el 1 de mayo sí conllevó la apertura, poco a poco [aunque no del todo], de los consultorios y centros de salud que habían suspendido su actividad, nunca ha ocurrido con los SUAP, que permanecen cerrados desde entonces.
Aquella “redistribución” de los recursos se suma más de un año después a las bajas, las excedencias y la falta de plantilla estructural que arrastra la Comunidad, alrededor de 1.800 profesionales entre Enfermería, Medicina y Administración. También a las plazas que hay actualmente sin cubrir, 574 plazas de médicos de cabecera y 150 de pediatría. Y al rechazo mayoritario de los nuevos especialistas a quedarse a trabajar en la primaria madrileña. Hace un par de semanas, los pediatras que terminaban la residencia tuvieron que coger plaza en la región, había 44 libres y solo cinco decidieron ocupar una; después les tocó a los 223 médicos de Familia que finalizaron la especialidad, solo 17 se quedaron y había 84 vacantes.
El organismo afirma, como lo han hecho durante los últimos 15 meses instituciones internacionales, expertos y profesionales, que “la atención primaria desempeña un papel crucial como base del sistema sanitario y por tanto garantía del derecho a la protección de la salud, y la actual emergencia sanitaria ha revelado, aún más, las importantes debilidades estructurales que le afectan en algunos territorios”. Y que la primaria “tiene que ampliar su capacidad de respuesta para poder atender en plazos razonables a todos los pacientes” más que nunca en tiempos de crisis sanitaria.
Por eso, concluye, también ha solicitado a la Consejería “que detalle las medidas de refuerzo de personal facultativo y de enfermería previstas a corto y medio plazo en el Plan Integral de Atención Primaria y los datos concretos sobre los plazos de su ejecución”. Unos plazos que, según el organismo, “deberían ser breves, para evitar que la situación empeore aún más durante el periodo estival”.
Un plan que se deshizo en 24 horas
Frente a estos meses que llegan, siempre complicados por las vacaciones de una plantilla con déficit habitual, la Dirección Asistencial Centro, una de las siete en las que se divide el área sanitaria de la comunidad y de la que dependen 49 centros, decidió plantear una reestructuración por fases en la que el último escalón suponía el cierre de 41 de esos centros. Envió esa planificación a los centros a finales de mayo.
En el documento, al que tuvo acceso este diario, la dirección explicaba que “una asistencia idónea se garantiza por la permanencia de un número mínimo de profesionales en cada categoría”, y asumía la falta de recursos humanos: “Teniendo en cuenta la situación actual, la organización del plan está centrada en aquellas categorías con una situación más crítica (Medicina de Familia y Pediatría), en las que es improbable la disponibilidad de recursos ante posibles eventualidades”.
La Consejería de Sanidad reconoció en aquel momento aquel plan y explicó a este periódico que “cualquier medida a adoptar, si llegara el caso, debería ser aprobada por la gerencia. Cuenta con diversos escenarios para abordar cualquier eventualidad, lo que no quiere decir o implica que se vayan a adoptar”. Un día después, ese plan fue primero suspendido y luego negado por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso.
Poco después, la Comunidad informó en una nota de prensa que, debido a la buena evolución epidemiológica de la región, los centros de salud iban a ampliar su capacidad de atender presencialmente, llegando a tener un 60% de presencialidad para el 15 de junio. María Justicia, responsable de atención primaria de la Asociación de Médicos y Titulados de Madrid, explica que la “idea sería buena si no fuese porque es imposible”. Sin más recursos, alega, “la única solución es empezar a hacer horas extras sin descanso, de otra forma es materialmente imposible, la capacidad de los centros y de los profesionales no da para más”.
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