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Cientos de miles de recetas caducadas saturan aún más la sanidad madrileña

Los pacientes con dolencias crónicas deben ir al médico para renovar su medicación al concluir la prórroga automática que se adoptó por la pandemia

Una mujer compra medicamentos en una farmacia con su tarjeta sanitaria en Madrid, el pasado 2 de junio.
Una mujer compra medicamentos en una farmacia con su tarjeta sanitaria en Madrid, el pasado 2 de junio.Víctor Sainz
Isabel Valdés

Miguel Ángel Álvarez entró la semana pasada a su farmacia, en Villaverde, como ha entrado docenas de veces. Iba a por su medicación, como ha ido docenas de veces.

–Tiene la receta electrónica caducada, le dijo la farmacéutica.

–¿Cómo que caducada? ¿Qué ha pasado?

Lo que ha ocurrido es que las recetas ya no se renuevan de manera automática, algo que la Comunidad habilitó de manera extraordinaria durante la pandemia. Con la llegada del virus, la atención primaria colapsada y sometida a una reorganización exprés —que supuso el cierre de decenas de centros—, y el confinamiento de la población, la Consejería de Sanidad decidió, como hicieron muchas autonomías, que las prescripciones se prorrogaran automáticamente. Lo hizo el 17 de marzo de 2020, para evitar que los ciudadanos tuviesen que ir a los centros de salud y minimizar el riesgo de contagio, y para asegurar la medicación continuada que necesitan, sobre todo, los pacientes crónicos, aquellos que tienen una o varias afecciones de larga duración (más de seis meses) y con una progresión generalmente lenta, según los define la OMS.

El problema está comenzando a afectar a cientos de miles de madrileños, que tendrán que pedir cita a su médico para una revisión y la correspondiente prescripción de las recetas. Esta afluencia de enfermos crónicos con sus recetas caducadas será la vuelta de una carga para los centros de salud. En Madrid, en 2019, había 1.114.948 pacientes con hipertensión arterial, 1.164.727 con hipercolesterolemia, 401.420 con diabetes y 141.701 con cardiopatía isquémica, entre otros crónicos, según las cifras de la última memoria del Sistema Madrileño de Salud, que no son un dato global único porque estos pacientes pueden tener varias patologías crónicas concomitantes.

Jesús Germán, técnico en una farmacia del barrio de Salamanca, indica que esa circunstancia excepcional “ha terminado y ahora tienen que llamar al médico para que les valoren si les renuevan o no la medicación, que es lo normal”. El “problema”, dice Álvarez, es “justo ese”: “Llamé a mi centro de salud de El Espinillo la semana pasada y me daban cita para el 24 de junio, luego me quejé y me la adelantaron para el 17, pero no dejan de ser tres semanas”, cuenta este hombre de 75 años. Fueron cuatro para María Jiménez, que tiene 92. Su nieto, Víctor Jiménez, intentó cogerle cita por teléfono en el centro de salud Guayaba el 13 de mayo: “Llamé durante todo el día y fue imposible contactar. Lo intenté por la aplicación y me encontré con que no había ninguna cita presencial ni ampliando el rango a tres meses. La telefónica, la más próxima, era para el 8 de junio. Es demencial”.

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27 ABRIL 2020 SANIDAD;SISTEMA SANITARIO;CORONAVIRUS;PANDEMIA;COVID-19;PACIENTES;ENFERMEDAD;
Jesús Hellín   / Europa Press
26/04/2020
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La situación en la que se encuentra la atención primaria en la Comunidad es la de un sistema con una carencia estructural de 1.800 profesionales entre enfermería y medicina de familia, a lo que se suman en este año de crisis sanitaria 574 plazas de médicos de cabecera y 150 de pediatría sin cubrir. Y soporta alrededor de un 25% más de pacientes por profesional en enfermería que la media española; un 39% más en auxiliares de enfermería y un 17% más en auxiliares administrativos, según un informe de UGT con datos del ministerio de finales de 2019.

Un problema de recursos

“Ese es el problema”, subraya Vicente Baos, médico de familia en un centro en Collado Villalba, “de recursos, pero no el hecho de que los pacientes tengan que volver a consulta, que es como ha de ser”. Explica que la revisión de estos enfermos, de los medicamentos que toman y cómo los toman o los análisis son habituales y necesarios, “es como tiene que ser”. Añade que “la excepcionalidad” ha sido este último año por la covid. Y que las prescripciones a los crónicos “ya tienen habitualmente una vigencia máxima de un año”: “A mí me parece demasiado tiempo, y caduca cuando toca, depende de cuando se haya iniciado”.

La diferencia: “Sin esta situación los pacientes vienen más, los vemos más y los controlamos más, pero así ha sido imposible”. Por eso, todos aquellos a los que la receta electrónica les caducaba en mayo, que es cuando ha finalizado esa renovación automática, se han encontrado con que al ir a recogerlas, ya no estaban disponibles. Aunque, ahonda Baos, “también los pacientes tienen que ser responsables de estar pendientes de su propio tratamiento, algo que facilita mucho la Tarjeta Sanitaria Virtual [la aplicación para móviles de la Comunidad en la que, entre otras cuestiones, aparece la medicación disponible y su vigencia]”.

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La Consejería de Sanidad no ha ofrecido datos sobre cuántas de esas prescripciones han perdido su validez este mes de mayo, pero de marzo a junio del pasado año, según una nota de prensa de la propia administración, se visaron “de forma automática más de 130.000 prescripciones en la Comunidad de Madrid” y sin que se detectaran incidencias. Un cálculo basado en ese dato, arroja una cifra de más de medio millón de recetas desde el comienzo de la pandemia.

¿Sobrecarga para los médicos? Salvador Casado, especialista en un centro de Soto del Real, asegura que no “por igual para todos”. Él, por ejemplo, puede dar cita incluso en el día o al día siguiente, “pero en los que están achuchados eso es imposible”. Dice que han estado “con este tema cubierto”, pero ahora “empiezan a llover y se van acumulando”. Es un “suma y sigue” al que también hace referencia Baos: “Lo de siempre, yo tengo un cupo de 2.000 pacientes y la media de paciente atendido son entre ocho y diez veces al año, cualquiera puede hacer el cálculo de cuántos pacientes y cuántas veces los tengo que ver”.

La ayuda de las farmacias

121.069.610 envases de medicamentos, ese es el número que dispensaron las farmacias en Madrid en 2019, según los últimos datos de la Comunidad. De ellas, el 90,25% eran prescripciones de primaria. El trabajo de estos locales con sus clientes, a los que conocen, está siendo parte de la solución para los crónicos a los que les está afectando estas semanas la supresión de la renovación automática de la receta electrónica. Un farmacéutico del centro de la capital que prefiere el anonimato porque no es el titular de la botica, cuenta que “hacen lo que pueden": “No se puede dejar a esas personas sin su medicación, así que se la damos, la pagan y les pedimos que cuando la tengan renovada, vuelvan y lo arreglamos”.

Esto va un poco más allá cuando los medicamentos tienen precios elevados. Dice Miguel Ángel Álvarez, de 75 años y uno de los que ha visto caducada su receta electrónica, que él tiene una pensión “alta”, pero que “no todos tienen la misma, ni todo el mundo cobra lo mismo si está trabajando”. María Justicia, médica de familia y miembro de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores, explica que hay “medicación muy barata, pastillas de las diabetes de tres euros, y otras para hipertensos que pueden ser 40 o 50”. Algo que puede suponer un problema para aquellos “que no se puedan permitir medicamentos con ese coste”, añade.

Asegura que desde los centros de salud aligeran “por encima de sus posibilidades”, que la vuelta de estos pacientes es una “bendición” porque significa que la situación no es la de hace un año, pero que ha habido "un abandono” durante un año que es imposible recuperar en poco tiempo: “No porque no queríamos sino porque no podíamos, no podemos, la población quiere y necesita una atención como la de antes y no se puede dar. No tenemos manos”.

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Sobre la firma

Isabel Valdés
Corresponsal de género de EL PAÍS, antes pasó por Sanidad en Madrid, donde cubrió la pandemia. Está especializada en feminismo y violencia sexual y escribió 'Violadas o muertas', sobre el caso de La Manada y el movimiento feminista. Es licenciada en Periodismo por la Complutense y Máster de Periodismo UAM-EL PAÍS. Su segundo apellido es Aragonés.

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