Madrid Central

Anuladas las primeras multas de Madrid Central por la sentencia del Tribunal Supremo

Pese a tratarse de demandas anteriores al auto del 10 de mayo, el juez cree que las sanciones no tienen validez porque la zona de bajas emisiones está anulada

Acceso a la zona de Madrid Central desde la plaza de Cibeles, el pasado 13 de mayo.
Acceso a la zona de Madrid Central desde la plaza de Cibeles, el pasado 13 de mayo.Samuel Sanchez

Una semana han tardado los tribunales en emitir dos sentencias que anulan dos multas de Madrid Central asentadas en el auto del Tribunal Supremo del 10 de mayo que dejó sin validez el lunes de la semana pasada la zona de bajas emisiones de la capital. En ambos casos, son demandas anteriores a esa fecha, pero el juez falló contra las sanciones que impuso el Ayuntamiento haciendo mención directa a ese auto. La Administración, que defendía que las multas se ajustaban a derecho, tendrá además que pagar las costas: 200 euros en cada caso.

“La sanción recurrida se ha impuesto al amparo de un precepto (el artículo 23 de la ordenanza de Movilidad Sostenible) que el TSJ de Madrid, en la referida sentencia ha anulado, por lo que no cabe más que estimar el presente recurso y anular la sanción en cuanto que es consecuencia de un precepto anulado”, recogen las dos sentencias, contra las que no cabe recurso.

La abogada Susana Sagra, de la empresa Pyramid Consulting y responsable de haber ganado las dos demandas, cree que vendrán próximamente muchas más sentencias con el mismo resultado. Por lo pronto, estas dos, tramitadas en el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 34 de Madrid, ya han creado un precedente para encarar con cierto optimismo las cientos de llamadas que este despacho ha recibido desde la semana pasada, tanto de clientes antiguos como de personas interesadas en saber cómo actuar a partir de ahora.

Pyramid Consulting, una de las empresas más potentes del sector especializada en recurrir multas, explicó este martes en una nota de prensa que “las multas impuestas durante este periodo y por este motivo [acceso a Madrid Central sin autorización] resultan nulas” y que “miles de usuarios se han visto afectados, habiendo generado hasta la fecha ingresos millonarios para las arcas del Ayuntamiento de Madrid”.

Solo en las primeras horas después de conocerse el fallo del Tribunal Supremo, esta empresa recibió “miles de llamadas” de personas que ya eran clientes y de otros conductores en general interesados por las sanciones de Madrid Central. Muchos buscan “calibrar las posibilidades que tienen de poder recuperar el dinero de las multas que ya pagaron y de recurrir en los que aun están en plazo para hacerlo”, según explica un representante de Pyramid Consulting. El Consistorio dejó entrever que el dinero ya recaudado no va a salir de nuevo de las arcas municipales y que en ningún caso iban a devolver lo ya pagado de oficio sea cual sea la decisión de los tribunales. Pero despachos como este están dispuestos a dar la batalla porque hay muchos millones de euros en juego. Ante esa negativa de la Administración municipal, los afectados deberán presentar escritos con sus argumentos y adjuntar las sentencias, entiende la letrada Susana Sagra. Esta abogada es consciente de que esto es solo el comienzo de un largo recorrido que enfrenta a decenas de miles de madrileños a su Ayuntamiento, con mucho dinero en juego.

Hasta el momento, se han puesto 1.393.000 multas, según datos ofrecidos por fuentes municipales, lo que en términos económicos significaría una recaudación de 125 millones (o 62 por pronto pago). La Administración, que no ha aclarado cuántas ha cobrado ya, debería devolver ese dinero de oficio, según diferentes gabinetes jurídicos de empresas especializadas que ya asumen que solo recaudarán lo abonado por aquellas personas que den el paso para reclamarlo a través de una petición de indemnización por responsabilidad patrimonial.

No es el caso de los dos sancionados que han ganado a la Administración en los tribunales, ya que ellos no habían abonado todavía el dinero de sus multas. Esto deja en el aire el destino de una recaudación que el Gobierno lleva acumulando dos años, el motivo de una guerra que acaba de empezar y que los jueces tendrán que solventar a golpe de sentencia. Si los magistrados dan la razón también a los que ya han pagado, el desembolso extra del Consistorio podría alcanzar los 278 millones de euros en caso de que le impongan el mismo pago en costas que con los dos primeros.

Marcha atrás

Las últimas decisiones judiciales han colocado en el disparadero al Ayuntamiento de la capital. El propio alcalde tuvo que recular en 48 horas sobre la cuestión más polémica: qué pasaba con las multas. José Luis Martínez-Almeida dijo el mismo martes que se conoció la sentencia que seguirían tramitando y el jueves dio marcha atrás. No habría sanciones, pero como medida “provisional”, es decir, hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) le informara de qué debía hacer a partir de entonces. Las cámaras, eso sí, seguirán funcionando. Por si acaso. Todavía no ha recibido respuesta del TSJM. “No hay novedades”, dijo este martes un portavoz del Ayuntamiento.

Todo sigue en suspenso desde que el Tribunal Supremo dejó en el aire Madrid Central, el proyecto con el que la alcaldesa Manuela Carmena trató de reducir la contaminación restringiendo el acceso de vehículos al corazón de la capital. Ese proyecto fue duramente atacado cuando estaba en la oposición por el actual regidor, que llegó a asentar la carrera a la Alcaldía sobre la promesa de acabar con esa zona de bajas emisiones.

Ahora, Almeida, desde la alcaldía, se encuentra en una situación paradójica, ya que su Gobierno defiende en los tribunales que las multas están “ajustadas a derecho” —según se puede leer en las sentencias— a la vez que se enfrenta a las consecuencias de lo que su propio partido denunció cuando estaba en la oposición.

El Supremo rechazó en su auto el recurso de casación que presentó Ecologistas en Acción contra la sentencia que anulaba Madrid Central. En él daba por buenos los argumentos del contencioso que inició el Grupo Municipal Popular en 2018, donde defendía que no se había tramitado correctamente la ordenanza, ya que no se tuvieron en cuenta los 11,7 millones de impacto económico que, se estimaba, tendría sobre las cuentas del Ayuntamiento de Madrid.

La decisión judicial dejó en suspenso las restricciones a los vehículos contaminantes en el centro de la capital, aunque el alcalde se apresuró a asegurar que las normas de restricción de Madrid Central seguían vigentes. Ahora el tiempo corre en contra de Almeida. Primero, porque el espinoso tema de las multas ya ha llegado a los tribunales y segundo porque deberá aprobar Madrid 360, un plan alternativo que deberá poner en marcha si no quiere evitar una multa millonaria de la Comisión Europea.

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