MADRID CENTRAL

La Justicia anula Madrid Central por defectos formales pero las multas continuarán

La sentencia del TSJM tumba la medida estrella de Carmena, aunque el fallo se puede recurrir

Atasco en la Gran Vía durante el primer día sin multas en Madrid Central.
Atasco en la Gran Vía durante el primer día sin multas en Madrid Central.Julian Rojas

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado Madrid Central, el área de bajas emisiones con tráfico restringido en el centro de la capital, por “defectos formales” al considerar que “no se cumplió con el trámite esencial de información pública y con la imprescindible memoria económica previa a la aprobación de la ordenanza”. La sentencia, motivada por dos recursos del PP y uno de una empresa privada, no es firme por lo que el Ayuntamiento de Madrid entiende que hay que seguir multando a los ciudadanos que accedan sin permiso a la zona restringida, según explican fuentes municipales. Ante la sentencia cabe recurso de casación, algo que hará Ecologistas en Acción. Si el fallo se confirmara en la siguiente instancia decaerían las 815.000 multas impuestas hasta febrero de este año.

El PP se enfrenta ahora a una disyuntiva: recurrir el fallo o mantener la posición que le llevó a presentar el recurso cuando estaba en la oposición. Si mantiene la posición, podrá sacar pecho de que llevaba razón pero se enfrenta a la posible anulación de las sanciones, lo que le crearía un agujero en las cuentas municipales de más de 36 millones de euros. El Ayuntamiento no ha explicado todavía lo que va a hacer y ha convocado a los medios a un acto de Almeida este martes. Además, si la sentencia se convirtiera en firme, los coches más contaminantes podrían volver a entrar en el centro de la capital sin restricciones.

Madrid Central fue el proyecto estrella de la alcaldesa Manuela Carmena (Ahora Madrid) y entró en vigor a finales de 2018. El nuevo regidor, José Luis Martínez Almeida (PP), intentó paralizar las multas en julio del año pasado, pero la justicia se lo impidió “para preservar la salud y el medio ambiente”. Carmena puso en marcha el área de bajas emisiones recogiendo una idea de su predecesora, la popular Ana Botella. Se trata de un área similar al distrito Centro en la que no pueden entrar vehículos sin etiqueta de la DGT (los más antiguos), mientras que aquellos con etiqueta B o C tan solo pueden acceder si van a un aparcamiento de uso público. Hay excepciones tanto para vecinos (que pueden invitar a 20 vehículos al mes) como para comerciantes, así como para vehículos no contaminantes y transporte público.

El PP se opuso a la puesta en marcha de la medida con críticas furibundas, y llegó a comparar Madrid Central con el gueto de Varsovia y el muro de Berlín. Por eso, tanto la Comunidad de Madrid (gobernada por este partido) como el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de la capital (entonces en la oposición) llevaron el proyecto a los tribunales —algo que también hizo la empresa de reclamación de multas de tráfico DVuelta Asistencia Legal— y pidieron la paralización cautelar. Los jueces no estimaron entonces dicha paralización, por lo que el proyecto siguió adelante.

Ahora, en cambio, los tribunales tumban varios artículos Madrid Central. La Sección Segunda de lo Contencioso ha estimado parcialmente en tres sentencias los recursos presentados por la Comunidad de Madrid, el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Madrid y la empresa DVuelta Asistencia Legal —dedicada a recurrir multas de tráfico— sin entrar al fondo del asunto y sin valorar la delimitación de esta zona de bajas emisiones y su regulación, informa el TSJM. Las tres sentencias pueden ser recurridas en casación.

Así, los magistrados anulan la ordenanza de movilidad sostenible aprobada por el Pleno del Ayuntamiento el 5 de octubre 2018 por la omisión del trámite de información pública, un requisito que se considera esencial. La sala estima parcialmente la reclamación del grupo municipal del PP y anula el artículo 23 del mismo acuerdo del Pleno, al entender que falta la memoria económica, imprescindible para valorar la repercusión que los costes de su aprobación pueden representar.

Reacciones a la noticia

“La sentencia no solo confirma lo que denunciábamos como oposición; falta de información, falta de estudio de impacto económico...”, ha tuiteado la vicealcaldesa Begoña Villacís, de Ciudadanos. El alcalde ha guardado silencio sobre la sentencia.

El Grupo Municipal Socialista acata el fallo pero pide que se recurra en casación y se anule cautelarmente, según una nota hecha pública. “Ahora es cuando vamos a ver si Almeida es el alcalde de todos o el hooligan insensato que era antes de la crisis sanitaria del coronavirus”, ha comentado el concejal Alfredo González. “No podemos compartir que, por defectos de forma, se ponga en peligro la salud de los madrileños y las madrileñas”, ha añadido el concejal antes de criticar también la gestión del equipo de Carmena. Los defectos aludidos en los recursos “tienen que ver con la gestión defectuosa de Madrid Central que hizo el Gobierno de Ahora Madrid”.

La empresa DVuelta, que presentó uno de los tres recursos, se alegra por la sentencia pero espera con cautela a que haya un fallo definitivo y firme. Entienden que, de mantenerse los tribunales en la misma dirección, quedarían anuladas todas las multas interpuestas desde 2018, las cobradas y las no cobradas, las del mandato de Carmena y las del actual, Martínez-Almeida. “Esta sentencia acaba con todas las multas”, ha afirmado Pedro Javaloyes, portavoz de esta empresa especializada en recursos. En este sentido, DVuelta trata de defenderse de las críticas que recibe desde ámbitos ecologistas y asegura que lo que hacen es tratar de defender a los ciudadanos en el ámbito administrativo.

Ecologistas en Acción, organización que consiguió frenar en los tribunales el intento de paralización de las multas de Madrid Central, ha avanzado que llevará las tres sentencias de este lunes a los tribunales. “Nosotros estamos personados en las seis causas del área de bajas emisiones por si acaso el Ayuntamiento no defendía el área”, ha explicado Paco Segura, portavoz de la organización ecologista. “En este caso, el Ayuntamiento era acusador y defensor a la vez, porque ellos pusieron el recurso y ahora lo tienen que gestionar desde el Ayuntamiento. Pensábamos que retirarían el recurso. No lo han hecho porque su opción política era hacer oposición a cualquier medida de Carmena, independientemente de que sea sensata o beneficiosa para la población”, ha añadido. Además, ha insistido en que las multas tienen que seguir en vigor.

Mientras, el consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, que presentó otro de los recursos como presidente del Gobierno regional, ha celebrado que la justicia haya reconocido que faltaban trámites e informes obligatorios. “El gobierno populista de izquierdas hizo las cosas como las suele hacer: no atendiendo a los criterios de legalidad”, por lo que “la justicia finalmente nos ha dado la razón”, ha apuntado.

La sentencia supone una “terrible noticia para la salud” de los madrileños, ha dicho Rita Maestre, portavoz municipal de Más Madrid. Para ella “Madrid Central es una ordenanza correcta” y “no existen defectos de forma”. El PP, ha añadido, se resiste a plantear “mejoras” a nivel de contaminación, algo que ha logrado reducir Madrid Central en un 20% en la zona central y un 10% en el conjunto de la ciudad. “Lo que tiene que hacer Almeida es garantizar que se mantiene (Madrid Central). Y después ampliarlo”, ha continuado la portavoz de la formación política heredera de Ahora Madrid.

815.000 sanciones

La medida entró en vigor primero sin multas —a los infractores se les enviaba una carta informativa— y, a partir de marzo de 2019, con sanciones de 90 euros (45 euros con pronto pago). En los 12 meses que van de marzo de 2019 a febrero de este año (últimos datos disponibles), el Consistorio ha emitido alrededor de 815.000 sanciones, aunque no sabe precisar la cuantía recaudada por este concepto. Si todas se abonaron con pronto pago, habrá supuesto unos ingresos de unos 36,6 millones de euros para las arcas municipales, según cálculos de EL PAÍS, aunque probablemente la cantidad sea superior. Esa sería la cantidad a devolver si las sentencias son firmes.

En su primer año de funcionamiento, el área ha impulsado una reducción de los niveles de gases contaminantes como el dióxido de nitrógeno (NO2) en un 10% en toda la ciudad, cifra que aumenta al 20% en la plaza del Carmen, la única estación municipal de medición situada en el interior de Madrid Central. Desde 2010, Madrid ha incumplido los niveles máximos de NO2 y ese incumplimiento ha motivado la amenaza de sanción millonaria por parte de la Unión Europea.

Durante la pasada campaña electoral, Almeida prometió derogar Madrid Central, lo que suponía que los coches contaminantes volvieran a acceder al centro de la ciudad. En julio, el nuevo gobierno municipal intentó aplicar una moratoria de multas durante tres meses, una idea que levantó fuertes protestas ciudadanas y una manifestación de más de 10.000 personas en defensa del área de bajas emisiones. Tan solo cinco días después, adoptaron una medida cautelar provisionalísima de suspender la moratoria de multas al considerar que iba contra el interés público. Las multas, por lo tanto, han seguido activas durante estos meses.

Tras aterrizar en la alcaldía con el objetivo de acabar con Madrid Central, la oposición de Almeida ha ido aligerándose estos meses a golpe de pandemia y no tiene pensado aprobar medidas que no sean apoyadas por la mayoría, como ha ocurrido con los Acuerdos de la Villa. La estrategia de movilidad Madrid 360 es uno de los planes estrella del Ejecutivo de PP y Ciudadanos y con el que trataban de hacer frente al plan del Gobierno de Ahora Madrid. En todo caso, Madrid 360 todavía no está aprobado en el pleno, ni ha pasado proceso de información pública ni dispone de memoria económica. Lo que sigue en vigor, por tanto, es Madrid Central y el Plan A de Calidad del Aire que aprobó Carmena.

Preguntado a finales de mayo el alcalde sobre si iba a modificar el plan de Carmena, Almeida señaló que“no estaba en los planes del equipo de gobierno modificar el régimen de Madrid Central” en esos momentos. Hay que “reducir el uso de vehículo privado” añadió Almeida, al tiempo que insistía en su apuesta por el transporte público, que considera “seguro” y que “no supone un riesgo adicional” en estos tiempos de pandemia.

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