Almeida rectifica y dejará de tramitar multas por Madrid Central “de forma provisional”
El alcalde de Madrid anuncia, 48 horas después de la sentencia del Supremo contra la zona restringida al tráfico, que no dictarán sanciones hasta que el TSJM se pronuncie
Es tal el lío que tiene ahora mismo el Ayuntamiento de la capital con el auto del Tribunal Supremo sobre Madrid Central que el alcalde ha tenido que recular en 48 horas sobre el tema más importante: qué pasa con las multas. José Luis Martínez-Almeida dijo el martes que se seguirían tramitando y este jueves dio marcha atrás. No habrá sanciones “de manera provisional”, es decir, hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) le diga qué debe hacer ahora. Las cámaras, eso sí, seguirán funcionando. Por si acaso.
Dos días después de que cayera la bomba que deja en suspenso la zona restringida al tráfico en el centro de la capital, el Gobierno municipal decidió paralizar de forma provisional la tramitación de sanciones, aunque avisó de que las cámaras seguirán captando las matrículas de los infractores. Lo ha dicho Almeida en la rueda de prensa posterior a Junta de Gobierno y ante la avalancha de preguntas.
El Consistorio se ha visto obligado a tomar esa decisión eventual después de solicitar información al TSJM para que aclare cómo actuar con las sanciones a partir de ahora “para garantizar la mejor seguridad jurídica”. “Madrid Central no se paraliza”, ha matizado poco después su equipo de Gobierno. “El sistema de control de accesos a Madrid Central está activo, por tanto, continúan registrándose los accesos indebidos. Estos casos se tramitarán internamente, pero no se notificarán al interesado a la espera de que el TSJM resuelva la consulta del Ayuntamiento”, ha añadido.
El vacío legal es tremendo y ha pillado a la Administración con el pie cambiado, pese a que el propio PP fuera el que llevara a los tribunales el plan de la anterior regidora, Manuela Carmena, cuando estaba en la oposición. El alcalde aprovechó la ocasión para echar toda la culpa de la situación actual a su antecesora, cuyo equipo elaboró un proyecto con unos defectos de forma que los populares aprovecharon para llevar a los tribunales. Ahora les han dado la razón, en la forma, no el fondo, y les toca lidiar con las consecuencias. “Bastante han sufrido los madrileños con el desaguisado del gobierno anterior. Que cada paso se dé con las mejores garantías. No vamos a dictar resoluciones sancionadoras en tanto en cuanto el TSJ se pronuncie por prudencia”, insistió el regidor.
El cambio de criterio llega dos días después de que el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, explicara que todas las multas comunicadas a los infractores de Madrid Central seguirían cobrándose con independencia de la resolución judicial.
Pero los equipos jurídicos de las empresas especializadas en recurrir multas respondieron enseguida y coincidieron todos en que no solo no se iba a abonar una sanción más, sino en que el Consistorio deberá devolver lo que ya ha recaudado. Almeida no solo se ha echado encima la problemática de las multas y la posibilidad de que la zona restringida vuelva a la vida de antes de un día para otro sin que se ponga en marcha su plan, bautizado como Madrid 360.
También deberá escuchar las quejas de los comerciantes de la zona, que se manifiestan completamente en contra de la resolución del Supremo y de la táctica del alcalde de echar abajo Madrid Central. “A mí me da igual cómo se llame, pero esto tiene que seguir. Ahora se puede respirar en verano y a nosotros, los comerciantes, no nos perjudicó Madrid Central”, dice Mercedes Saracho, gerente de la asociación de comerciantes de Lavapiés. “No nos parece bien que se suspenda. Ahora la gente va a entrar sin problema porque sabe que no le pueden multar y esto nos perjudica a todos”, añade Ricardo Sáez, de la asociación de comerciantes Vive Malasaña.
10.000 comerciantes
Una de las medidas que el actual Gobierno quería implantar en su Madrid 360 afectaba a los 10.000 comerciantes de la almendra central, a los que quería dar el mismo acceso que a los vecinos de la zona. Sin embargo, ni quieren esa equiparación, ni la necesitan. Jara Villar, de 26 años, los resume en su tienda de decoración, La Turmix, situada en la calle de López Silva, junto a la calle de Toledo. “Tenemos invitaciones de sobra para entrar. No necesitamos que nos engañen. Jalean a la gente, pero en realidad esto son guerras políticas absurdas”, se queja. Vive en el paseo de Extremadura, fuera de las fronteras de Madrid Central, y se traslada a trabajar en autobús. “Solo vengo en coche cuando tengo que cargar o descargar”, explica. “Y tan feliz”.
De la misma opinión es José Barrio, de 38 años, cuya tienda de artículos de cerámica, La Oficial, se encuentra en la calle de Santa Ana. “Esto es una sinvergonzonería. Es ridículo. Ahora Almeida va a cambiar el nombre y a ponerse la medalla”, se enfada. Asegura que estaban contentos con Madrid Central porque podían respirar, había bajado el ruido y no habían bajado sus ventas. Marcelo Bergamo, de 34 años, repite los mismos argumentos tras el mostrador de su pequeño restaurante en la calle Mesón de Paredes, Poke & Creems, abierto hace justo dos años. “Es horrible. Esto me hace estar a favor de Carmena”, asegura.
Tras una veintena de visitas a comercios, solo una se muestra “dividida” ante lo que ha supuesto Madrid Central para ella. Se trata de Mariana Canducci, de 49 años, dueña de la tienda de ropa vintage El Diván de Cocó. “El problema es de educación. En todas las capitales existe algo parecido a esto y funciona, pero aquí la gente está acostumbrada a ir con el coche hasta la misma puerta. Al final, muchos acaban en un centro comercial”, lamenta. Aun así, como vecina, lo prefiere. “Si me dicen si estoy a favor o en contra, me quedo con Madrid Central. Es una cuestión de responsabilidad”.
"Las familias creemos que es una actitud del Consistorio irresponsable"
Almeida se opuso desde el principio al proyecto de Madrid Central para restringir el tráfico implantado por Carmena y eso le llevó a inundar de recursos judiciales la iniciativa. Dos años después, y a pesar de los buenos resultados contra la contaminación del aire en el centro de la capital, el Tribunal Supremo le dio la razón el martes. Ahora bien, el terremoto que ha ocasionado la decisión no es menor. El tiempo corre en contra, porque sin multas en el horizonte, la veda del tráfico está abierta.
La vicealcaldesa, Begoña Villacís, recordó ayer que en el acuerdo de Gobierno entre PP y Cs recoge un área de bajas emisiones, y que por tanto, la llevarán a cabo cuando se apruebe la nueva ordenanza de Movilidad. Almeida se ha comprometido a aprobarla “en no más de dos meses y medio”. De no cumplirse con los plazos previstos —ahora mismo hay más de 1.000 alegaciones de la oposición—, se convocaría un pleno extraordinario en agosto con el fin de aprobar de forma definitiva esta ordenanza.
Cada vez más voces se posicionan en contra de la decisión tomada por el Supremo y la presión aumenta para el Ayuntamiento. Además de los comerciantes y las asociaciones de vecinos del centro de la capital, también ha manifestado su enfado la federación que aglutina a las asociaciones de padres de alumnos de Madrid, en este caso por representar a los que pertenecen a centros de los distritos de Centro y Arganzuela, afectados por la medida.
“Las familias creemos que es irresponsable la actitud que en este tema ha tomado el Consistorio madrileño, dejando a un lado el interés superior del menor”, dijo ayer Carmen Morillas, presidenta de la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Las asociaciones de padres exigen al Gobierno de Almeida que haga lo que esté en sus manos para que las medidas que supusieron la creación de esta zona de bajas emisiones se mantengan tal cual estaba hasta ahora.
“Desde nuestro punto de vista Madrid Central funciona. Reduce la contaminación y mejora el tráfico en el centro de la ciudad. Las medidas asociadas a Madrid Central mejoran la calidad de vida de las personas que vivimos aquí, especialmente la de nuestros hijos que son muy sensibles a la contaminación atmosférica, acústica, los problemas de seguridad que genera la ocupación del espacio por parte de los coches”, explicó Morillas. “Por eso, es absolutamente desolador ver que una medida que tiene tantos beneficios vaya a ser desmantelada”.
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