El fallo contra Madrid Central dispara las consultas para recurrir multas

Las empresas especializadas en recurrir multas ya han notado los efectos del auto del Tribunal Supremo contra Madrid Central. En un día, Pyramid Consulting, que lleva miles de sanciones, multiplicó las consultas de clientes que se niegan a pagar por haber traspasado las fronteras de la zona restringida al tráfico de la capital. Los abogados no tienen duda de que el Ayuntamiento ha de devolver de oficio el dinero cobrado y de que no se podrán imponer multas en adelante. No es esa la idea del equipo del alcalde Almeida, que trata de mantener el presupuesto de la recaudación.

El tira y afloja por quedarse con el dinero de las multas ya ha empezado. Cuando solo habían pasado 24 horas desde que se hiciera público el auto del Tribunal Supremo —que ratifica el fallo del Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que anulaba Madrid Central por defectos de formas— los teléfonos de las empresas expertas en reclamación de multas empezaron a sonar. Las llamadas se han multiplicado, literalmente, en Pyramid Consulting, una de las más importantes, ya que lleva el caso de unas 35.000 multas de Madrid Central. Vicente Ynzenga, del departamento jurídico, aseguraba este miércoles que habían recibido una auténtica avalancha de solicitudes de información de clientes habituales y de otros potenciales. “Entendemos que el Ayuntamiento debe poner a disposición del ciudadano una plataforma para que genéricamente el que haya pagado una de estas multas pueda pedir la devolución”, afirmó.

José María Rubio, un vigilante de seguridad de 66 años, ha visto la luz al final del túnel. Es uno de los clientes habituales de Pyramid Consulting porque tiene en su haber 34 multas por entrar con su coche en las fronteras de Madrid Central para ir a trabajar. Vive en Alcorcón y se desplaza cada día hasta la calle de Orense, en Madrid, para ocupar un puesto de trabajo que no ha abandonado en 25 años. Para eso ha tenido que cruzar 400 metros “del infierno”, es decir, los de la calle de los Mártires de Alcalá, junto a Princesa, un tramo que perteneció a la zona de tráfico restringida hasta 2020. “Debo unos 900 euros y ya me han llegado varias cartas ‘insultivas’, que digo yo, es decir, amenazas de embargo”. Dice que no se traslada en transporte público a trabajar porque tiene claustrofobia a los sitios cerrados y que todas las multas le llegaron en un plazo de tres meses, cuando pasaba por aquella calle que no sabía que no podía cruzar porque no estaba señalizada. Ha conseguido que le anularan ocho de ellas, pero las demás siguen llegando una y otra vez, como un martillo pilón.

El departamento jurídico de Pyramid Consulting basa la defensa de sus clientes en dos pilares. Por un lado, que las autoridades vulneraron el principio de confianza legítima, “pues no informaron a los ciudadanos del cambio que supuso la ordenanza de Madrid Central con respecto al permiso que ellos tenían antes”. Por otro, creen que la reiteración de una misma infracción como la que se le imputa a la mayoría de los multados impide que se pueda poner una multa cada vez.

Pero la esperanza de personas como Rubio no tiene nada que ver con las intenciones del Ayuntamiento, que ya avanzó el martes que las sanciones pagadas o tramitadas no se devolverán y que las cámaras siguen funcionando, es decir, que se seguirá multando hasta que la sentencia se ejecute, en un plazo máximo de dos meses. Hasta el momento, el Consistorio ha puesto más de 1,3 millones de multas, según datos municipales, aunque todavía no ha hecho públicos cuánto ha recaudado hasta el momento.

Pedro Javayoles, portavoz de la empresa DVuelta Asistencia Legal, una de las que recurrió contra Madrid Central, cree que muchos de los que ya han pagado darán por perdido el dinero, aunque asegura que pondrán al servicio de sus clientes un formulario para facilitar la petición de una indemnización por responsabilidad patrimonial de la Administración. “Sí creo que tendremos muchas más reclamaciones de los que no han pagado todavía o los que reciban su multa a partir de ahora. Pero el Ayuntamiento debe devolver todo el dinero”, dice.

Ese argumento se repite entre varios abogados consultados. La letrada Jéssica García Gutiérrez, que lleva varios casos de ciudadanos multados decenas de veces, insiste en que, “dado que la ordenanza es nula según TSJM, las multas son nulas y de oficio el Ayuntamiento debería devolver el dinero”. En los últimos días se le han acumulado los casos, pero se muestra poco optimista con que el Consistorio vaya a actuar de esa manera. “Creo que lo que le queda a la gente es interponer un recurso de reclamación patrimonial, que requiere hacerlo con letrado y mucha gente no se va a meter en ese lío y pagar”.

Ángeles Navarro, de 66 años, es una de las clientes de García que se niega a abonar sus sanciones. “Si yo me salto un stop o aparco en la parada del bus corro a pagar la multa, pero yo no he cometido ninguna infracción”, lamenta la mujer, sobre quien penden 3.150 euros correspondientes a 35 multas impuestas por llegar hasta su domicilio en coche.

Ana Rojo, de 44 años, sí acabó pagando 360 euros por ocho sanciones que abonó en el periodo de pronto pago, que supone la mitad del importe, pero avisa de que piensa reclamarlo todo. “No doy por perdido mi dinero”.

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