El Ayuntamiento presiona a realojados de la casa de Capa para que dejen ya pisos alquilados hasta 2028

El pasado 4 de marzo el concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, Álvaro González, se fotografiaba con Mihaela Gherghe en el piso en el que iba a instalarse junto a su marido e hijos. “Estamos ante un Rolls Royce, si se me permite la comparación”, llegó a decir el propio González refiriéndose a la casa. Dos meses después, el mismo departamento municipal que acudió a celebrar con luz y taquígrafos este realojo de una familia vulnerable, le ha comunicado que han de abandonar la vivienda pese a que tienen por delante un contrato de alquiler de siete años. El Rolls Royce parece haberse calado nada más arrancar y al edil no han vuelto a verlo desde el día en que acudió al piso para hacerse la foto.

Gherghe y otras 13 familias habitaban hasta marzo en el número 10 de la calle Peironcely del distrito de Puente de Vallecas. Ese inmueble ha sido expropiado por el Consistorio tras ser protegido por Patrimonio pues aparece en una famosa fotografía de la Guerra Civil del reportero Robert Capa.

El Ayuntamiento quiere que dos de esas familias, una de ellas la de Gherghe, firmen la rescisión del contrato firmado con la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS). Un portavoz de la EMVS reconoce que la administración local ha cometido un “fallo técnico” al conceder estos pisos que, según los baremos de la Comunidad de Madrid, deberían destinarse a familias numerosas. Ese error es, según fuentes municipales, de apenas tres a cinco metros cuadrados. Pero eso ha sido suficiente, según la concejalía, para que la Consejería de Vivienda del gobierno regional no haya dado finalmente el visto bueno al contrato, con lo que hay un conflicto entre ambas administraciones. La versión del gobierno autonómico coincide en que el Consistorio ha cometido un error administrativo, pero achaca toda la responsabilidad a la administración local.

Gherghe, que junto a las otras familias está defendida por un equipo de abogadas de la Fundación Pro Bono España, ha informado a EL PAÍS de que ella y su marido no tienen intención de acudir a firmar la rescisión del contrato. Tampoco Cristina Uquillas, otra afectada. “Nos ha dado un bajonazo”, comenta desolado Jesús Rico, miembro de otra familia a la que han avisado este mismo miércoles porque tienen que adjuntar documentación para demostrar que son familia numerosa.

La Plataforma #SalvaPeironcely10, que asesora a las familias, no encuentra base legal que ampare esta solicitud de desalojo. Según un portavoz, el Ayuntamiento ha ofrecido como solución que las familias pongan fin al contrato y que firmen otro de cesión o uso oneroso que sustituiría al actual. Mientras tanto, seguirían viviendo en sus actuales pisos. Pero eso tiene riesgos, añade la misma fuente, como que pierdan la protección que les ofrece la ley de Arrendamientos Urbanos. “Hay actitud de resolver el problema y ayudar, pero no pueden cargar los inquilinos con un problema que es de la EMVS”, sentencia.

“Ni la Ley de Arrendamientos Urbanos, ni el Reglamento de la EMVS, ni los respectivos contratos prevén la resolución unilateral por la EMVS basada en la composición del núcleo familiar”, argumentan desde la Plataforma #SalvaPeironcely10. Por eso los inquilinos “no tienen obligación de allanarse a la solicitud intempestiva de la EMVS y abandonar su nuevo hogar”. Asimismo, creen que el fallo cometido por la administración no debería tener impacto en la renovación del contrato transcurridos esos siete años. Pasado ese tiempo “tendrán derecho a solicitar la prórroga siempre que sigan cumpliendo las condiciones en cuanto a ingresos familiares y no titularidad de otra vivienda”, añaden.

Un portavoz del área de Vivienda explica que hay más viviendas protegidas disponibles en el mismo bloque de Vallecas en el que han sido realojadas estas dos familias y, además, hay cuatro promociones públicas en el mismo barrio. Esperan poder alcanzar una solución en los próximos días pese a que no está claro que las familias vayan a aceptar salir de los pisos. Mihaela Gherghe y Cristina Uquillas se han reunido ya con el Consistorio esta semana y reclaman garantías por escrito que, según ellas, no les dan ante la indefensión que les causaría firmar la rescisión del contrato. Jesús Rico ha sido citado para este jueves, pero, al igual que las otras dos familias, deja en manos de las abogadas la gestión del problema.

Pagan un tercio del alquiler

La casa de Gherghe y su marido, que tienen una hija de 3 años y un hijo de 6, tiene tres habitaciones y 84 metros útiles, según consta en el contrato. El padre de familia está empleado en una empresa de limpiezas. De ahí salen los 1.200 euros mensuales que, según ella, son la única base de la economía familiar. Pagan por el alquiler del piso de la EMVS solo un tercio del precio normal del mercado gracias a los beneficios a que tienen derecho por sus niveles de renta. Desde que accedieron a la casa nueva, detalla Gherghe, han formalizado los contratos de suministros y han llevado a cabo otros gastos como mudanza, fontanero, electricista o una mampara para el baño. “Me parece una burla. Estoy muy enfadada”, comenta a través del teléfono al recordar la puesta en escena que llevó a cabo junto al concejal en marzo, cuando este hizo la comparación con el Rolls Royce.

El edificio que fotografió el reportero húngaro Robert Capa en otoño de 1936 durante los bombardeos de Madrid en la Guerra Civil fue finalmente expropiada el pasado mes de febrero por el Ayuntamiento, que pagó 870.000 euros por él. La casa, que guarda todavía marcas de los bombardeos, fue construida hace 93 años. Es el único vestigio del estilo neomudéjar popular madrileño que se mantiene en pie en Vallecas. Catorce familias lo habitaban en infraviviendas, algunas de menos de treinta metros y muy deterioradas.

La Plataforma #SalvaPeironcely10 presentó el mes pasado al Consistorio de la capital un plan para que el inmueble acoja un centro de interpretación de los bombardeos dentro del Plan Robert Capa-Entrevías. El área de Cultura ha escuchado la propuesta pero no ha aclarado todavía a qué va a destinar el edificio expropiado.