La Asamblea de Madrid acata la decisión del TSJ y habrá elecciones el 4 de mayo

El presidente del Parlamento, de Ciudadanos, y los representantes de PSOE, PP y Vox se han reunido este lunes de urgencia y han decidido no recurrir la decisión judicial

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, este lunes durante la reunión del Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad de Madrid.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, este lunes durante la reunión del Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad de Madrid.Andrea Comas

La Mesa de la Asamblea de Madrid ha decido no recurrir la decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid de este domingo a favor de la celebración de elecciones anticipadas el próximo 4 de mayo, según han informado fuentes de la Mesa. El TSJ avaló la disolución de la Asamblea y la convocatoria electoral decretada el miércoles pasado por la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, al considerar la decisión anterior a la presentación de las mociones de censura de PSOE y Más Madrid que pretendían frenar los comicios.

El choque acabó ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, mediante un recurso de la Mesa de la Diputación Permanente, donde PSOE y Cs suman mayoría, contra el decreto de Ayuso. Los jueces dieron la razón este domingo al equipo de la presidenta este domingo, tras reunirse de urgencia el fin de semana. Contra esta resolución cabía recurso y esto es precisamente lo que se ha debatido este lunes en la Asamblea. Finalmente, los integrantes de la mesa han decidido no recurrir esa decisión y retirar el primer recurso y, por tanto, dejan vía libre a la celebración de elecciones.

El lío jurídico, político y mediático que azota a la región estos días comenzó el pasado miércoles. Entonces, tras conocer la moción de censura acordada entre PSOE y Ciudadanos en Murcia para arrebatar el Gobierno de la región al PP, Ayuso, convencida de que sería víctima de un movimiento similar, declaró disuelta la Asamblea de Madrid y convocó elecciones anticipadas para el martes 4 de mayo. El mismo día, en un intento de evitar las elecciones, PSOE y Más Madrid registraron sendas mociones de censura en la Cámara. La Mesa de la Asamblea —con dos diputados de Cs y dos del PSOE frente a dos del PP y uno de Vox— admitió las mociones, considerando que primero tenían que debatirse estas, y, después, podría disolverse la Asamblea.

El reglamento de la cámara madrileña es claro. Si se convocan elecciones, se disolverá la Asamblea y no se podrán presentar mociones de censura. Y si se registrara una moción, no se podrá llamar a los votantes a las urnas y la Asamblea seguirá en pie. En Madrid sucedieron las dos cosas en cuestión de tres horas. ¿Cuál fue antes? Fue el pistoletazo de salida al laberinto jurídico.

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La presidenta madrileña tomó su decisión a las 11.45 de la mañana y firmó el decreto a las 12.25 del mediodía. Aquí comenzó el primer embrollo judicial. Según el artículo 42 de la ley electoral española, para que la disolución de la Asamblea y la convocatoria del adelanto electoral entren en vigor, es necesario que el decreto se publique en el boletín oficial de cada Comunidad al día siguiente. Ahí ―y no antes― se daría por disuelta la Asamblea: se haría oficial el adelanto electoral. Ayuso publicó el decreto en el boletín regional madrileño a las 0.06 del jueves 11 de marzo.

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El PP ha considerado desde un principio que el decreto de Ayuso era válido antes de llegar al boletín regional. “Está adoptado por parte de quien podía adoptarlo”, observaba el viernes Enrique López, consejero de Justicia de la región y exmagistrado del Tribunal Constitucional. “La presidenta Ayuso lo ha hecho todo en tiempo y forma. En ese momento no había presentada ni en trámite ninguna moción de censura. Con lo cual, el acuerdo es válido al margen de que se publique al día siguiente, como determina la ley”. Los populares se amparaban en los minutos. Cuando Ayuso acordó disolver la Asamblea eran las 11.45 de la mañana y cuando Más Madrid y PSOE presentaron las mociones de censura eran las 13.03 y las 13.07 de la tarde.

¿Por qué la Asamblea admitió entonces las mociones de censura si Ayuso ya había firmado el decreto, aunque no era efectivo hasta el día siguiente? En este laberinto judicial también entraron en juego las rencillas políticas. La decisión de Ayuso ha provocado un tsunami en Ciudadanos, con los que compartía el Gobierno. Y la Asamblea, precisamente, está presidida por el partido de Inés Arrimadas. Ciudadanos decidió unirse al PSOE para tratar de frenar la maniobra de Ayuso. De hecho, la Asamblea continuó con su actividad parlamentaria el miércoles, cuando ya se había anunciado el adelanto electoral y la disolución de la misma. Solo hubo un partido que no acudió: el PP.

Al día siguiente, jueves, los diputados de Ciudadanos se levantaron con el cese de todos los consejeros. El presidente de la Asamblea, Juan Trinidad, reunió de urgencia a los diputados que conforman la llamada Mesa de la Diputación Permanente, un nombre algo pomposo que significa que la Asamblea se viste con el traje electoral o de vacaciones, cuando no haya sesiones. Ya no habrá plenos, ni comisiones. Hasta después de las elecciones solo estará abierta la cafetería. De hecho, la mayoría de los diputados que acudieron el jueves eran socialistas. Trataron de aparentar una jornada habitual, sin éxito. Los diputados de la Mesa de la Diputación Permanente, en la que suman mayoría Ciudadanos y PSOE, acordaron en su reunión de urgencia disolver al fin la Asamblea. Torcieron el brazo, pero dieron un último golpe. Anunciaron un recurso al Tribunal Superior de Justicia de Madrid para paralizar las elecciones inmediatamente. Consideran que Ayuso ha provocado un “conflicto institucional” entre el Gobierno y el Parlamento regional.

En el escrito hacían referencia a la separación de los Poderes Ejecutivo y Legislativo: “La facultad de disolución de la presidenta de la Comunidad se ha hecho con posterioridad a la existencia de uno de los límites infranqueables que le impone el propio Estatuto de Autonomía”. También pidieron a los jueces medidas cautelarísimas, es decir, que se reunieran de urgencia cuanto antes para tomar una decisión en menos de 48 horas. En un primer momento, los jueces tenían previsto desenredar este nudo jurídico entre el lunes y el martes de esta semana, pero a última hora del viernes cambiaron de opinión. Este domingo se puso fin al embrollo judicial. Habrá elecciones el martes 4 de mayo.

Sobre la firma

Manuel Viejo

Es de la hermosa ciudad de Plasencia (Cáceres). Cubre la información política de Madrid para la sección de Local del periódico. En EL PAÍS firma reportajes y crónicas desde 2014.

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