3,2 millones de euros en material sanitario gratis

Las residencias de mayores y de personas con discapacidad privadas o concertadas recibieron material sanitario y de protección entregado por el Gobierno regional durante el estado de alarma por valor de casi 3,2 millones de euros, según una información facilitada a través del Portal de Transparencia. Estos centros no han tenido que pagar ni un euro por las mascarillas, las batas, las gafas, los monos o los geles recibidos, ya que el Ejecutivo autonómico ha asumido el coste.

Las residencias sufrieron la peor situación en la primera ola de la pandemia, cuando se decretó el estado de alarma. El virus mató a unas 5.954 personas en estos centros durante el primer estado de alarma, aunque no hay cifras oficiales. Tampoco se hacían pruebas a los residentes y no hubo un seguimiento exhaustivo de los que fallecieron en hospitales procedentes de los geriátricos.

En ese panorama trágico, el Gobierno regional a través de la Consejería de Políticas Sociales comenzó a repartir material de primera necesidad, como mascarillas, guantes y geles, entre otros productos. Según este departamento, se hizo “en función de la disponibilidad y atendiendo a criterios de prioridad”. “Se tuvo en cuenta la situación crítica de los centros en función de la incidencia de los casos, el número de plazas autorizadas en cada centro residencia y las necesidades manifestadas por los centros de acuerdo con la información suministrada diariamente”, recoge la respuesta del Portal de Transparencia.

Todo este material se entregó en 449 residencias privadas o concertadas, con 45.595 plazas. Se repartieron 455.723 mascarillas quirúrgicas, 227.334 de tipo FFP, 1.212 batas, 2.329 gafas de protección, 462 monos, 234 calzas y 143 geles. Esta distribución alcanzó a grandes centros con varios centenares de residentes como a pequeños locales en donde no habitan más de una veintena de mayores. Muchos pertenecen a grandes empresas dedicadas a la atención geriátrica, como Orpea, Domusvi, Ballesol, Amavir, Aralia, Los Nogales, Sanitas o Mensajeros de la Paz, entre otras. El coste exacto asciende a 3.180.965 euros, según el Portal de Transparencia.

Las diez residencias que más material recibieron fueron Isla Taray (Morata de Tajuña, concertada, 214 plazas), Los Nogales Santa Eugenia (Villa de Vallecas, concertada, 286), Nava Real (Navalcarnero, privada, 224), Casaquinta (Ciempozuelos, concertada, 320), Los Frailes (Leganés, gestión indirecta, 220), Vitalia Leganés (Leganés, concertada, 226), Carabanchel (concertada, 224), Albertia Moratalaz (privada, 335), Orpea Loreto (Madrid, privada, 210) y Los Nogales Hortaleza (Madrid, concertada, 365). Según los datos facilitados, se le entregaron 63.600 guantes, 36.000 mascarillas quirúrgicas, 10.320 FFP2, 260 batas, 110 monos y 40 geles, entre otro material.

Las entregas comenzaron el 28 de marzo, cuando la pandemia estaba en su máxima letalidad y se había cebado con estos centros. Terminó el 8 de junio, cuando se empezó con la desescalada y la gente ya podía salir a la calle.

Entre tanto, integrantes de la Unidad Militar de Emergencias (UME), bomberos de la Comunidad de Madrid y de distintos Ayuntamientos y voluntarios de diferentes cuerpos de Protección Civil entraban junto con sanitarios y trabajadores de ONG a limpiar y desinfectar los geriátricos y crear áreas diferenciadas de residentes sanos, con síntomas y contagiados. También se explicaban a los empleados los protocolos de atención y de tratamiento, además de cómo ponerse y quitarse elementos básicos como los equipos de protección individual (EPI).

Medidas judiciales

En esas fechas, los Ayuntamientos de Alcorcón y Leganés acudieron a la justicia y pidieron medidas cautelares urgentes para las residencias de sus municipios, ante el elevado número de muertes que se estaban produciendo. Los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Madrid les dieron la razón a ambos, pese a los intentos, a veces desesperados y faltos de motivación, del Gobierno regional de que no se tuvieran que medicalizar esos geriátricos. El abogado del Ejecutivo autonómico planteó numerosos recursos que fueron rechazados de forma sistemática.

Otra gran parte del reparto de material se la llevaron 81 entidades con 169 centros de atención a personas dependientes en activo. La Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad realizó 11 entregas tanto a establecimientos concertados como privados. En total, se repartieron 140.118 mascarillas quirúrgicas, 1.308 tipo FFP1, 2.414 tipo FFP2, 6.869 batas, 145.166 guantes, 15.530 gorros, 3.808 calzas y 2.010 cubrezapatos, además de pantallas y gafas. La primera distribución -800 mascarillas- se realizó a través de “las federaciones más representativas del sector”, según Políticas Sociales. Se trata de Aspace, Famma, Federación de Autismo, Femaden y Plena Inclusión Madrid y la red de enfermedad mental. Se hizo el 15 de marzo, justo un día después de que decretara el estado de alarma.

La siguiente entrega se llevó a cabo el 23 de marzo. Posteriormente, ya se distribuía directamente a los centros con una periodicidad aproximadamente semana: 27 de marzo, 3 de abril, 8 de abril, 17 de abril, 30 de abril y 4 de mayo. El objetivo era “contribuir a atender de forma inmediata las necesidades más urgentes de los centros residenciales que continuaron con la atención presencial en el estado de alarma”. Esto incluye residencias, viviendas comunitarias, pisos supervisados y el servicio de apoyo a la vida dependiente. “El 17 y el 28 de mayo se realizaron dos entregas puntuales a entidades con especial necesidad. El 13 de julio se ha efectuado una entrega puntual de mascarillas quirúrgicas a todas las entidades con recursos residenciales”, concluye la información.

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