Los padres se plantan y denuncian el protocolo para frenar el coronavirus en los centros públicos de Madrid por ineficaz

Los contagios en los centros educativos de Madrid se extienden y se descontrolan. Es la razón que esgrime la Federación Regional de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (FAPA) Francisco Giner de los Ríos, que aglutina a más de 800 asociaciones de padres de toda la región madrileña, para dar un paso más y presentar una denuncia administrativa en el registro de la Consejería de Educación por la ineficacia del protocolo de la Administración regional. “Tras las primeras tres semanas lectivas del curso escolar, y después del esfuerzo realizado por toda la comunidad educativa para adecuarse a las recomendaciones vigentes, en lugar de ver cómo se estabiliza la situación relativa a la seguridad y las medidas para la prevención de la covid-19 en los entornos escolares, no encontramos más que irresponsabilidad de las consejerías que deben velar porque nuestros hijos accedan a su derecho a una educación de calidad y que garantice su seguridad en términos sanitarios”, explica Carmen Morillas, presidenta de la FAPA.

Lo que cuenta la FAPA ya no es un secreto. La semana pasada, el presidente de la asociación de institutos públicos de Madrid, (Adimad), Esteban Álvarez, explicó que la media de positivos confirmados en los centros públicos oscila entre los dos y los cuatro diarios. Normalmente, cuando el centro recibe la llamada de un padre confirmando el positivo, el coordinador covid intenta llamar al teléfono habilitado por Salud Pública. Nunca obtienen respuesta, por lo que acaban mandando un correo cuya respuesta, a los cuatro o cinco días, suele ser que no se haga nada: al respetarse supuestamente las distancias de seguridad dentro del centro, no es necesario tomar medidas. “Estamos siendo testigos de cómo, ante la aparición de casos de infección por coronavirus en el alumnado, los protocolos establecidos para el manejo del caso, así como las medidas a adoptar en los contactos del aula, llegan a una vía muerta”, se queja Morillas. El caos, al final, genera miedo y el miedo, desconfianza.

Cuando la FAPA registró la denuncia el pasado viernes ante la Consejería de Educación, poco después recibieron una respuesta: debían dirigirse a la Consejería de Sanidad porque, aseguraban en Educación, ellos no tenían competencias. “Así que la denuncia la registraremos ahí también”, añade Morillas, que se queja también del último protocolo emitido por la Comunidad de Madrid. “El pasado 25 de septiembre, como si no fuese bastante, emiten un nuevo protocolo en el que eliminan, por una parte, la posibilidad de realizar el estudio de contactos estrechos que establece el protocolo ministerial y, por otra, la posibilidad de baja laboral por contacto a los familiares de los menores positivos asintomáticos”, lamenta la presidenta de la Federación.

CC OO, por su parte, también han iniciado un proceso de denuncia administrativa a Salud Pública y de la Orden del Consejero de Educación, Enrique Ossorio. “Y vamos a denunciar ante la máxima autoridad laboral también”, añade Isabel Galvín, representante de educación en Madrid del sindicato.

Para un correcto control de la pandemia, asegura la FAPA, “los criterios científicos y técnicos recomiendan, como estrategia, realizar test diagnósticos, rastreo de contactos y el aislamiento de los casos confirmados de manera simultánea y coordinada”. Eso es lo piden. Y eso es lo que no se está haciendo.

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