Ayuso inicia la reconstrucción de Madrid con la liberalización de más de un millón de metros cuadrados de suelo público

La vacuna contra el desempleo provocado por la crisis del coronavirus ―18.000 ciudadanos se han apuntado cada semana a las listas para buscar empleo y más de 1.000 empresas se han destruido durante el pico de la pandemia— está en el cemento. La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha firmado este lunes en la Puerta del Sol el “pacto regional por la vivienda” con los principales agentes del sector inmobiliario de la región, sin consultar a la oposición. La idea de la presidenta es liberalizar cuanto antes la mayor cantidad de suelo posible. Este cóctel inmobiliario aflora en mitad de una pandemia y con el retrovisor de la región locomotora de España puesto en las heridas que dejó la crisis inmobiliaria de 2008. La presidenta ha anunciado que antes de final de año se liberalizarán 1.200.000 metros cuadrados de suelo público. Esta medida supondrá, según sus datos, la creación de 130.000 puestos de trabajo. La idea es construir 15.000 viviendas con “alquileres asequibles” en tres años.

Madrid ha sido y es el epicentro de la enfermedad en España a nivel sanitario, político y social. Aquí comenzó la expansión del virus por el país, aquí arrancaron las protestas contra el Gobierno y aquí se iniciaron las colas del hambre. El balance ha sido desgarrador. El bicho abstracto ha dejado a una región mermada con más de 70.000 casos confirmados y 8.427 fallecidos, según los últimos datos. El remedio contra la curva social que ha arrastrado ya a más de 400.000 ciudadanos a las listas del paro estará en el ladrillo. La presidenta Ayuso lo fía todo al boom inmobiliario. “Ha sido un sector injustamente tratado”, dijo en la firma del acuerdo.

El sector inmobiliario mueve en la región el 7% empleo directo y aporta un 15% al PIB de la Comunidad de Madrid. El escenario económico que dibuja el avance de esta nueva crisis indica que los precios de la vivienda en España se abarataran un 3,2% este año, pero se recuperarán el año que viene con una de las recuperaciones más vigorosas del continente europeo, según la última expectativa de la agencia estadounidense Standard & Poor´s.

Más allá de los pisos turísticos, la vivienda en Madrid es uno de los principales problemas de los más jóvenes. El último informe del Salón Inmobiliario de la región indica que casi la mitad, de los que tienen entre 25 y 35 años, necesitaría financiar el 80% de la vivienda si optase por la compra. La ayuda familiar, por tanto, se hace imprescindible. Casi el 50% necesita el apoyo para comprar una casa.

La situación es dramática en el caso de los que optan por el alquiler. Una pareja de menos de 35 años y con ingresos medios solo puede encontrar un arrendamiento asequible en el mercado libre en 13 de los 128 barrios de Madrid, según un análisis de EL PAÍS de principios de año. El estudio se elaboró con los últimos datos del Consejo de la Juventud, que sitúa en 2.565 euros al mes el sueldo de un hogar de jóvenes de entre 30 y 34 años en la región. La situación es peor entre los que tienen entre 16 y 29 años y buscan un arrendamiento, ya que estarían obligados a destinar a la vivienda más de un tercio de su sueldo en cualquier barrio de la ciudad.

“La vivienda va a ser un motor de la recuperación no solo por las oportunidades, sino por los puestos que genera”, indicó Ayuso durante la firma del pacto. Ayuso quiere repetir los datos del 20 de diciembre del pasado año, cuando el Instituto Nacional de Estadística publicaba un dato histórico en España. Madrid superaba a Cataluña como la principal economía regional. Un sorpasso de proporciones mayúsculas que solo se había producido en 2012 y 2013. La región arrancaba 2020 de la mejor manera posible, aportando al PIB español un 19%: 230.794 millones de euros.

El velero de la capital iba viento en popa. Madrid era de nuevo el motor de España, hasta ahora. El paro subió en febrero en la región. 2.147 ciudadanos se apuntaron a las listas para buscar empleo. En marzo la cifra se multiplicó por cinco y en abril por veinte. Los últimos datos de mayo sitúan a la Comunidad con una tasa de paro del 11%: 419.359 parados sin contar los ERTE, que en los próximos meses se verán las consecuencias.

“Quiero que sigamos haciendo de Madrid el motor económico para España”, dijo la presidenta en la comparecencia del pacto, sin admitir preguntas. “Esta comunidad no tutela ni dirige al sector inmobiliario, sino que acompaña”. La firma del acuerdo de la vivienda comienza con la liberalización de 1.200.000 metros cuadrados: diez terrenos equivalentes al estadio del Santiago Bernabéu. El plan de la presidenta es que las empresas constructoras levanten en estas fincas 15.000 viviendas de alquiler en menos de tres años a un precio asequible, sin precisar la cuantía de estos alquileres. El pacto, de siete puntos, también incluye revisar la fiscalidad de los impuestos regionales que acompañan a la vivienda. “Queremos que el efecto ea el menor posible y flexibilizarlo. Vamos a modernizar el proceso administrativo”, dijo Ayuso.

“Con este pacto quieren convertir a Madrid en refugio del capital especulativo”, cuenta Javier Gil, portavoz del Sindicato de Inquilinos de Madrid.

La oposición no ve un “pacto”

El pacto de la vivienda arranca con el rechazo de toda la oposición salvo Vox. “El pacto se tiene que hacer con todas las partes. No se ha tenido en cuenta los colectivos de vivienda”, cuenta por teléfono Cristina González, portavoz de Vivienda del grupo socialista en la Asamblea. “Nos hemos enterado por el contenido del documento por algunas asociaciones. El pacto debería de ser por el derecho a la vivienda. Madrid es una de las comunidades donde más se ha encarecido el precio. Mientras otras comunidades han planteado ayudas al alquiler, la Comunidad no ha modificado nada”.

“Lo que se ha firmado ni es un pacto ni ha sido por la vivienda”, cuenta Pablo Gómez Perpinyá, portavoz de Más Madrid en la región. “Solo busca la rentabilidad del sector a través de la eliminación de barreras a la especulación. Deberían incluir facilidades para un alquiler digno, que no se lleve el 40% del salario. Esto es un refrito de las recetas del pelotazo”. La portavoz de Unidas Podemos, Isabel Serra es más tajante. “Cuando se habla de un acuerdo, lo lógico es pensar en un acuerdo con la oposición, pero no. Ayuso llama a un acuerdo a poner su Gobierno al servicio de grandes constructoras para hacer negocio con un derecho. Lo que se necesita es paralizar los desahucios, más vivienda pública y frenar los precios del alquiler. Es una vergüenza que en mitad de una crisis se insista en su modelo ideológico de privatizar lo público”.