El retraso en la construcción de un instituto público junta a sus alumnos con los de otro colegio en pleno protocolo anticovid

Los alumnos del colegio público Rosa de Luxemburgo, en Aravaca, se quedan sin espacio. Y el problema, con la covid-19, se agrava. Eso es lo que denuncian los miembros de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (Ampa) del colegio público del barrio madrileño del distrito de Moncloa. Los padres de los alumnos critican que el centro escolar tuviera que admitir al inicio de este curso a los alumnos del instituto público Ana Frank, cuyo edificio no está construido, y que los vayan a volver a aceptar el curso que viene, en septiembre, ya que las obras siguen sin comenzar. Así que los muros del Rosa Luxemburgo tendrán que garantizar un espacio para todos y, además, intentar cumplir las medidas de seguridad e higiene que se impondrán a todos los centros educativos por el coronavirus. La tardanza en la construcción en un terreno municipal, que la Comunidad achaca a problemas burocráticos con el anterior gobierno del ayuntamiento de la capital, ha subido la tensión entre los padres de uno y otro centro, cuyos hijos comparten un espacio ahora más cotizado que nunca.

“Esto es un problema que empujará a muchos padres a llevar a sus hijos a la concertada o la privada”, critica Sandra León, madre y miembro de del Ampa de colegio Rosa Luxemburgo.

“Deberíamos encontrar un punto común”, contesta Andrés Fernández, presidente del Ampa del instituto Ana Frank, “y luchar por que la Comunidad cumpla ahora con su compromiso y no se escude más en problemas burocráticos”.

Tras un año con los miembros de un instituto dentro de un colegio a causa de unas obras que no comenzaban nunca, el Ayuntamiento cedió a principios de junio el derecho de la superficie del terreno. La Comunidad, por su parte, echa la culpa al gobierno de Manuela Carmena, que se fue del Consistorio un mes después de que la administración regional anunciara, en plena campaña electoral, que daría luz verde al primer instituto del barrio.

Esto es un problema que empujará a muchos padres a llevar a sus hijos a la concertada o la privada

Sandra León, miembro del Ampa del Rosa Luxemburgo

¿Cuánto tardará en empezar la construcción? Las excusas burocráticas, dicen los padres, ya no valen.

En realidad, según el sindicato CC OO, estas demoras que sufre la educación pública no es más que una consecuencia de la política de estrangulamiento de la Comunidad de Madrid hacia ese modelo. Según un informe publicado a principios de mes, para el próximo curso los números muestran unas “cifras escandalosas”. Tras analizar 1.095 centros correspondientes a las cinco áreas de dirección territorial de la Comunidad, habrá un recorte de 14.453 plazas y 470 unidades suprimidas, según datos que provienen de las fuentes oficiales de la Consejería de Educación y de la información obtenida, centro a centro, por CC OO. Los más afectados son los Institutos de educación secundaria, con recortes de aulas en tres de cada diez centros. El mayor número de plazas suprimidas se produce en la Educación Infantil, con 4.675 plazas. La zona sur, además, es la más afectada, con casi 4.678 plazas y 157,5 unidades suprimidas.

El problema de los institutos sin empezar o construidos por fases no ocurre de manera aislada. Lo que pasa en Aravaca también se vive de forma similar en otros municipios o barrios de la Comunidad. Los ejemplos sobran. En Alcalá de Henares, los 210 alumnos del instituto Francisco de Pedraza conviven en el colegio La Garena, a la espera de construcción. En Rejas (distrito San Blas-Canillejas), los alumnos del instituto Jane Goodall empezaron este año en centro construido a medias: los alumnos iniciaron las clases en su centro porque tenían la primera fase del edificio construida. Pero las obras de la segunda, que dotará al centro de más aulas, un laboratorio, un pabellón o la cafetería, no han empezado todavía. En Butarque, los padres llevan años manifestándose porque el único instituto público está saturado y no admite más alumnos. Lo mismo pasa en el Ensanche de Vallecas. Y la historia se repite Vicálvaro, con los tres centros públicos saturados.

Con el inicio del nuevo curso, y la covid acechando, las reclamaciones de los padres que pelean por una educación pública digna ha dejado al descubierto las costuras de una política regional que defiende la libertad de elección por la concertada y la privada y que se ha visto reflejada en los presupuestos de la última década. La concertada sobrellevó mejor la anterior crisis económica que la escuela pública, ya que la red estatal pública apenas ganó un 1,4% de financiación entre 2007 y 2017, mientras la privada sostenida por fondos públicos mejoró su presupuesto un 25%.

En Aravaca, se dio el pistoletazo de salida a una reclamación antigua que ya era insostenible en marzo de 2019. Era época de promesas electorales. El barrio madrileño llevaba 40 años peleando por conseguir un instituto público, ya que la zona solo ofrece centros de secundaria concertados o privados. “Si querías educación pública, te tenías que ir lejos de casa”, cuenta Fernández, del Ampa del Ana Frank. La administración, por tanto, anunció a bombo y platillo el nuevo centro de secundaria de titularidad pública. Y echó a andar, pero a medias. Sin edificio a la vista, constituyeron jurídicamente el centro, se creó una directiva y un profesorado, se formó la asociación de padres que matricularon a sus hijos y faltaba lo más importante: dónde impartir las clases.

Si querías educación pública en Aravaca, te tenías que ir lejos de casa”

Andrés Fernández, presidente del Ampa del Ana Frank

El colegio público Rosa Luxemburgo, de donde procede el 90% de los 38 alumnos que se matricularon ese primer año, tuvo que hacer hueco para las dos clases de primero de la ESO. Se quedaron sin aula de informática y sin la de la asociación de padres. Se dividió otra para las actividades de apoyo y las de refuerzo pedagógico. La de profesores se desdobló y el uso de la biblioteca se limitó para guardias y tutorías del instituto.

El curso que viene, además, los actuales alumnos de primero del Ana Frank pasarán a segundo y el centro tendrá que acoger también a los que entren en primero, cuyo número se desconoce todavía.

Al reto de acoplar a alumnos de fuera, hay que sumarle al de la transformación que deben hacer ahora todos los centros educativos de cara al próximo curso para garantizar la higiene y la seguridad de sus alumnos. El Real Decreto 21/2020, obliga a las administraciones educativas a articular las medidas que garanticen su cumplimiento. En una carta de la Consejería de Educación remitida a todos los centros, la administración estima que “es urgente la planificación” en las primeras etapas, donde no es conveniente el uso de mascarillas, ya que por la edad de los alumnos puede resultar más complejo.

Para cumplir estas medidas, la Consejería recuerda que existen dos posibilidades. En primer lugar, lo establecido en el Real Decreto, que marca una distancia interpersonal de 1,5 metros entre los alumnos. En segundo, establece la posibilidad de que haya grupos de convivencia estable de alumnado hasta un máximo de 20 alumnos hasta 4º de primaria. En este supuesto, no habrá que guardar la distancia interpersonal de 1,5 metros y podrán jugar y socializar, pero tendrán que evitar la interacción con otros grupos. Estas alternativas podrán utilizarse de forma combinada en un mismo centro.

El colegio Rosa Luxemburgo, por tanto, encara dos problemas. “Ante la demora de la construcción del nuevo centro originada, la Comunidad informó de la continuidad del centro y de la permanencia un curso más en las dependencias del CEIP Rosa Luxemburgo”, explica un portavoz de la Consejería. La asociación de padres del Ana Frank se ha mostrado conforme con la propuesta. Pero no los del colegio.

La Comunidad informó de la continuidad del centro y de la permanencia un curso más en las dependencias del CEIP Rosa Luxemburgo”

Un portavos de la Consejería de Educación

“Estamos ayudando a elaborar los protocolos de higiene para todos los alumnos en general”, explica Fernández, padre de un alumno del instituto, que piensa que llevar a los alumnos a otro centro no es viable “porque no hay donde meterlos”. “Esto no es una guerra entre padres”, defiende Marta Franch, miembro del Ampa del colegio. “Nos tachan de insolidarios. Intentamos que haya un frente común porque no puede ser que esto al final perjudique a los centros públicos, que cada vez se está quedando con menos recursos”.

Con vistas a mejorar la utilización de las instalaciones del centro, la dirección del Rosa Luxemburgo ha propuesto realizar unas obras de ampliación para mejorar las instalaciones, según la consejería de Educación. “Eso no es verdad. No las ha propuesto el centro”, asegura la presidenta del Ampa del colegio, Ainhoa Aranzadi. “Vinieron un día los de la Consejería a ver qué podían hacer y no van a ampliar nada, van a dividir las clases y reutilizar otras para dar cabida al instituto. Pero la decisión ha salido de la administración”.

Los padres ya han avisado que lucharán “por todas las vías legales” para que esas obras no se lleven a cabo. Aranzadi remata: “Eso consolida la idea de que los alumnos del instituto se acabarán quedando en el colegio. No necesitamos clases más pequeñas, sino espacio, que es lo más valioso”.

A principios de curso, CC OO presentó un informe que documentaba que 71 centros educativos estaban en obras. Isabel Galvín, representante del sindicato, asegura que los datos no han cambiado “prácticamente nada” desde entonces.

Los problemas con la covid se duplican. El espacio, si ya era importante antes, ahora se ha convertido en oro.