Las razones del Gobierno regional para no medicalizar las residencias

El Gobierno regional no consideró necesario medicalizar las ocho residencias de mayores de Leganés, pese a la medida impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para que lo hiciera de inmediato. Así consta en un informe de la Dirección General de Atención al Mayor y a la Dependencia, al que ha tenido acceso EL PAÍS, en el que afirma que la Consejería de Políticas Sociales ha realizado “algún tipo de actuación” en estos centros. El documento, que fue presentado como parte del recurso ante la medida cautelarísima impuesta por los jueces, reconoce que en estos geriátricos fallecieron 259 mayores. Fuentes de la Consejería de Políticas Sociales han afirmado esta mañana que el informe en cuestión solo hace referencia a lo que se ha realizado en estos geriátricos y recuerdan que la medicalización —y por tanto, la orden judicial— recae íntegramente en la Consejería de Sanidad.

Los jueces de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJM ordenaron el 27 de abril que se medicalizaran las ocho residencias de mayores de Leganés, después de que el Ayuntamiento de esta localidad presentara un recurso ante la inactividad de la Comunidad de Madrid en estos centros. Los magistrados dieron la razón al Consistorio leganense y ordenaron la intervención inmediata, dado que se trataba de la franja de edad más vulnerable para la covid-19.

El informe en el que basó el Letrado de la Comunidad de Madrid está fechado el 28 de abril y lo firma la directora general de Atención al Mayor y a la Dependencia, Begoña Cortés. A lo largo de 11 folios, intenta justificar que su departamento actuó de forma correcta. El documento detalla que las residencias de la región han sufrido “una alta incidencia de infecciones”. Esto ha derivado en que “por su condición y concurrencia de patologías previas, se ha ocasionado una elevada mortalidad”. A eso se añade un “elevado absentismo laboral” por trabajadores infectados por el coronavirus, con la consiguiente merma de las plantillas.

El documento reconoce abiertamente que habría sido necesario trasladar a los mayores a centros sanitarios dado “el empeoramiento de su sintomatología”. “En ocasiones ha sido imposible de realizar. Esto ha obligado a mantener aislados y tratar a residentes en centros que no estaban ni concebidos ni preparados para ello, unido a la dificultad intrínseca de muchos de ellos por su concepción o por sus condiciones arquitectónicas, la falta de material y la merma de la capacidad de respuesta ante la falta de personal”, recoge el informe.

Todas estas muertes afectaron también a la retirada de los fallecidos, que tuvieron que permanecer “mucho más tiempo del debido en los centros” sin que sus responsables supieran cómo manejar la situación. “Con el agravante de su repercusión en los medios de comunicación”, añade la directora general.

Begoña Cortés repasa cómo se actuó en las residencias de la región antes de centrarse en Leganés. Recuerda que se designaron cuáles eran los centros críticos con mayor número de contagiados y fallecidos, se hicieron visitas a estos geriátricos para recabar “información de campo”, se desinfectaron y se prestó apoyo material, personal y sanitario, además de reorganizar los servicios y sectorizar los edificios. “Como consecuencia del trabajo realizado ha sido evidente la mejora de la situación en general en centros de mayores, ya que salvo casos puntuales, se ha avanzado mucho en la organización de los centros”, afirma la directora. Desde el 8 de marzo al 13 mayo, han fallecido 5.886 mayores en residencias de la Comunidad de Madrid a causa del coronavirus.

El documento también recoge las normas y las disposiciones aprobadas por el Gobierno regional, a veces trasponiendo lo que ordenaba el Ministerio de Sanidad. Después, ya analiza lo actuado en Leganés, que fue uno de los municipios en los que se produjo mayor número de contagios y de fallecidos por la covid-19. Los ocho centros son la residencia Parque de los Frailes –de titularidad de la Comunidad de Madrid y gestión indirecta-, junto con las privadas con plazas concertadas Domus Vi, Vitalia Home, Los Balcones, Nuestra Señora de Butarque, Amavir El Encinar y las privadas Valdepelayo y Valdeluz. “Siendo únicamente la residencia de mayores Vitalia Leganés la única que ha sufrido intervención pública con fecha 1 de abril”, añade el documento. Este centro es el que tuvo mayor número de fallecidos, con 92 residentes muertos. Parte de sus internos tuvieron que ser trasladados a la residencia Vitalia Moratalaz y los centro Alba I y II, en San Lorenzo de El Escorial y Cobeña.

También adjunta un cuadro en el que recoge el número de guantes, mascarillas, geles hidroalcohólicos, batas, patucos, gorros, y alcohol repartidos en estos centros. Esa distribución se realiza cada cuatro o cinco días “en función del material disponible y las necesidades comunicadas por los propios centros”. Además, mantiene el informe que se incorporaron médicos de atención primaria y de las mutuas, además de personal auxiliar a través de Ilunion y Ferrovial: “Por lo que se refiere a los centros del municipio de Leganés se ha mantenido con ellos la misma política que las que se han adoptado para la totalidad de los centros residencias en la Comunidad de Madrid”.

La directora general asegura que se han realizado inspecciones a fondo —denominadas en el escrito como “reconocimientos pesados”— en las residencias Parque de los Frailes y Domusvi, además de Vitalia. “Todas estas actuaciones se llevaron a cabo sin perjuicio de muchas otras visitas, contactos telefónicos y otras labores de seguimiento. La situación en el resto de centros no ha obligado a realizar este tipo de actuaciones en ellos, ya que el seguimiento llevado a cabo no ha detectado situaciones que hayan requerido medidas más drásticas”, resume el informe.

La directora general concluye: “En cuanto a los centros afectados por las medidas cautelarísimas en la localidad de Leganés desde la Dirección General [de Atención al Mayor y a la Dependencia], así como desde el dispositivo de emergencia mencionado, no se consideró, con los datos disponibles, actuar en este sentido en ninguno de los centros mencionados”.

Los magistrados del TSJM no lo entendieron así y mantuvieron la medida cautelarísima. De hecho, obligaron a la Comunidad de Madrid a informar cada semana de todas las actuaciones que hayan realizado en los geriátricos, aspecto que no recogía el primer auto judicial.

El alcalde de Leganés, Santiago Llorente (PSOE), reiteró el jueves pasado a la Comunidad de Madrid que tomara medidas urgentes en los ocho centros y que se cumpliera lo que habían ordenado los magistrados del Tribunal Superior de Justicia. Mantuvo cierto temor de que el Gobierno regional no acatara el auto de confirmación de la medida cautelar.

Fuentes de la Consejería de Políticas Sociales han argumentado esta mañana que la capacidad para medicalizar las residencias no corresponde a este departamento y recae de manera íntegra en la Consejería de Sanidad, que es la única capacitada para poder mandar médicos, enfermeras y auxiliares a estos centros. Mantienen que el informe firmado por la directora general tan solo recoge lo que se ha actuado en las residencias de Leganés desde que comenzó la pandemia, en especial si tuvieron que ser intervenidas las residencias y todas las actuaciones que se realizaron en ellas.

Una residencia de Navas traslada a 22 ancianos

La residencia Los Jardines, de Navas del Rey, trasladó el sábado a 22 mayores a centros de mayores de Móstoles, San Martín de Valdeiglesias y El Álamo por orden de la Comunidad de Madrid, según informó el domingo el director, Pedro Macías. Este mantuvo que los residentes que dejaron el geriátrico estaban sanos y que no estaban contagiados por el coronavirus, mientras que los que se quedaron (unos 50) sí habían dado positivo en los test.

“Ha sido una decisión que se ha tomado a propuesta de nuestro geriatra, pero el centro ni se va a cerrar ni nada”, afirmó Macías.

El Ayuntamiento de Móstoles denunció en la comisaría de Policía Nacional el traslado de estos residentes sin previo aviso y en condiciones deplorables. Estaban sucios, con un fuerte olor a orín, muy cansados y con hambre y sed, según un informe policial. Carecían de informes médicos y solo uno llevaba una pauta de medicación.

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