Leganés pide a los jueces que Ayuso medicalice ya las residencias de mayores
El Ayuntamiento presenta un nuevo escrito en el Tribunal Superior en el que acusa a la Comunidad de Madrid de desobedecer el auto judicial
La Comunidad de Madrid no ha medicalizado ni ha dotado de medios y personal ninguna de las ocho residencias de mayores de Leganés, pese al auto dictado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) el pasado 27 de abril. Así lo denunció ayer el Ayuntamiento en un nuevo escrito presentado ante los magistrados y basado en un detallado informe de la Policía Local, al que ha tenido acceso EL PAÍS. El alcalde, Santiago Llorente (PSOE), ha pedido medidas urgentes y ha recordado que en estos centros han muerto unos 200 ancianos.
El auto de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo fijaba una medida cautelarísima de obligado cumplimiento y sin posibilidad de recurso, dada la grave situación que atraviesan los geriátricos de Leganés. En concreto, los magistrados acordaban que la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Sanidad, dotara “de manera inmediata a las residencias de mayores del municipio de Leganés de personal sanitario necesario, así como de las medidas y los medios materiales precisos para llevar a cabo pruebas diagnósticas”. Los jueces recordaban que estaban obligados a cumplir lo previsto por la orden del Ministerio de Sanidad de 19 de marzo, que recoge un detallado listado de medidas que se tenían que adoptar en estos centros ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la covid-19.
“En todas las residencias se advierte una media de personal sanitario y de enfermería netamente insuficiente en relación con el número de residentes a los que atender en dichos centros y la situación que, como consecuencia de la enfermedad causada por la covid-19, afecta a los mismos”, afirman los jueces.
En concreto, el auto obligaba a medicalizar la residencia Parque de los Frailes –de titularidad de la Comunidad de Madrid y gestión indirecta-, junto con las privadas con plazas concertadas Domus Vi, Vitalia Home, Los Balcones, Nuestra Señora de Butarque, Amavir El Encinar y las privadas Valdepelayo y Valdeluz.
Esa orden ha quedado hasta el momento en papel mojado. Según el informe del intendente jefe de la Policía Local de este pasado lunes, “la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid aún no ha dotado de medios personales y materiales a las residencias de mayores”. Y adjunta datos para apoyarlo.
195 residentes fallecidos
Hasta el momento han muerto en estos centros 195 residentes, “por lo que la situación de riesgo para dichas personas sigue siendo muy elevada”. A ello se añade que el número de residentes aislados llega al 52% del total de residentes (382 de un total de 733). “La dotación de personal sanitario sigue siendo insuficiente en términos generales. Por citar el caso más grave, la residencia Vitalia Home (donde se ha producido el mayor número de fallecimientos, y hay un total de 119 aislados) manifiesta necesitar cuatro enfermeras y carece de médicos en el turno de noche, siendo reseñable que, respecto del anterior informe, el personal auxiliar técnico ha pasado de ocho a dos”, recoge el documento policial.
La falta de material de protección también es otra petición de los responsables de los centros para hacer frente al coronavirus: “Así, la residencia Valdeluz manifiesta la “necesidad de equipos de protección, mascarillas FFP2, batas impermeables y gafas de protección para la zona de aislados positivos”. El documento recoge además que se carecen de datos de la residencia Domus Vi, cuyos responsables alegan que está intervenida por la Comunidad de Madrid.
El escrito presentado al TSJM concluye que “la autoridad sanitaria competente”, en este caso la Consejería de Sanidad, ha incumplido “lo acordado con carácter urgente en el auto de 27 abril” y recuerda que continúa “la situación de riesgo inminente para las personas mayores residentes”. Por ello, reiteran su petición y piden a la Sala que acuerde todo lo que sea necesario para que la Comunidad de Madrid cumpla la medida cuatelarísima acordada en el citado auto.
Este periódico intentó ayer, sin éxito, recabar la versión de la Consejería de Sanidad, en especial de las actuaciones realizadas tras el 27 de abril.
Esta petición de que el Gobierno de Díaz Ayuso cumpla lo que le ordenan los jueces ya se repitió en Alcorcón hace una semana, cuando la alcaldesa Natalia de Andrés tuvo que acudir de nuevo al TSJM ante la inactividad de la Consejería de Sanidad.
La Policía Local y la Unidad Militar de Emergencias (UME), a petición del Ayuntamiento leganense, visitaron el 23 de marzo las residencias de mayores para saber de primera mano el estado de los usuarios, de sus profesionales y las necesidades de cada centro.
El alcalde de Leganés, el socialista Santiago Llorente, reclamó entonces que se tomaran medidas en estas residencias. De hecho, mandó un correo electrónico al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz-Escudero (PP), en el que le remitía toda la información recopilada por la Policía Local y la Policía Nacional. Leganés fue uno de los municipios donde más se ha cebado el coronavirus, lo que se tradujo en centenares de muertos y el hospital Severo Ochoa colapsado.
Ante la reiterada pasividad, la concejal de Servicios Sociales de Leganés, Eva Martínez Borrega, dirigió sendas cartas a los consejeros de Sanidad y de Políticas Sociales, Alberto Reyero (Ciudadanos), en las que les alertó de “la situación crítica” de algunas residencias. Se refería en especial a la falta de personal sanitario y a la imposibilidad de ofrecer una atención diferenciada a los residentes y de proteger a los no contagiados. Ninguna de las misivas tuvo respuesta por parte del Gobierno regional.
Otros municipios analizan ir a los tribunales
El alto número de muertes en las residencias de mayores es un hecho generalizado que se repite en toda la región. Hasta ahora solo dos Ayuntamientos, el de Alcorcón y el de Leganés, han acudido a la figura del recurso contencioso-administrativo contra la Comunidad de Madrid y los jueces les han dado la razón.
Otros municipios han efectuado denuncias públicas de la dejadez del Ejecutivo regional, pero no han optado por la vía judicial, como es el caso de Alcalá de Henares, gobernado por el socialista Javier Rodríguez Palacios. En Móstoles, la segunda localidad en número de habitantes tras la capital, también se analiza esta opción por la asesoría jurídica del Consistorio. Fuentes municipales afirman que la situación no ha sido hasta la fecha tan preocupante como en otros lugares.
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