Despidos temporales en Educación en Madrid por el coronavirus

La Consejería ha “suspendido” los contratos con las empresas que prestan servicios como educación especial para discapacidad auditiva, escuelas infantiles, transporte o comedores. A las familias, en el próximo recibo del comedor escolar se les descontarán los días de parón

Entrada al colegio Reina Victoria, en Madrid, el pasado 9 de marzo.
Entrada al colegio Reina Victoria, en Madrid, el pasado 9 de marzo.Samuel Sanchez (EL PAÍS)

Quienes trabajan en los comedores escolares, quienes atienden a los alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad auditiva, las plantillas de las escuelas infantiles, los del transporte escolar regular de uso especial y los profesores de Traducción e Interpretación de Idiomas. Todos ellos, a partir de este 11 de marzo y hasta el próximo 25, tendrán que irse al paro. Miles de personas, según cálculos de los sindicatos, se quedan sin trabajo durante 15 días “y sin perjuicio de las prórrogas que se acuerden de forma sucesiva”, según la comunicación que ha emitido este miércoles la Comunidad de Madrid. En ella se acuerda “la suspensión de los contratos” con las empresas que prestan esos servicios a causa del cierre de los centros como medida preventiva contra la expansión del coronavirus. Y las empresas, según denuncian trabajadoras y sindicatos, no han tardado en preparar expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). Solo en las escuelas infantiles, calcula Isabel Galvín, secretaria general de Enseñanza de Comisiones Obreras de Madrid, “entre las Municipales de los distintos Ayuntamientos y las de la Comunidad, son unas 350 [escuelas] y, aproximadamente, unas 8.000 trabajadoras”.

Ni los sindicatos ni la Consejería dan una cifra exacta y total de personas que se verán afectadas, pero son miles. Aunque la suspensión es temporal, muchos de esos profesionales tienen miedo de que esto suponga una forma de “reestructurar” o “precarizar” aún más las plantillas. Desde Educación insisten en que “una vez se reanude la presencia de alumnos en los centros educativos y la actividad normal, se volverán a reanudar los contratos según lo establecido por la ley” y que no mantienen “ninguna relación contractual con los trabajadores que prestan estos servicios, sino con las entidades gestoras, de forma que las decisiones que adopten entran el ámbito entre su relación laboral. Esto, para los sindicatos, es una “lavada de manos”.

Esa expresión usa Sandra Rodríguez, responsable de Enseñanza Privada de la Federación de empleados de servicios públicos de UGT en Madrid: “Las empresas tienen luz verde para hacer lo que consideren con sus trabajadores. Pero pedimos contención a las empresas, mañana [por este jueves] el Gobierno Central va a anunciar medidas, y puede ser que estos ERTE resulten menos lesivos para trabajadores y empresas”. También Isabel Galvín habla de ofrecer “tranquilidad” a las trabajadoras, una plantilla, sobre todo en lo que afecta a las Escuelas Infantiles y los comedores escolares, mayoritariamente compuesta por mujeres.

Más que un problema económico

Y es en esas dos áreas donde la suspensión de contratos tiene una perspectiva no solo laboral y económica sino social. Por un lado, explica Galvín, los menores que tenían una beca de comedor se han quedado durante dos semanas sin el acceso a esa comida: “Hicimos una propuesta de catering a domicilio que garantice que los sectores más vulnerables no se queden sin su comida principal del día, como apoyo a las familias y como protección de los niños”. No han tenido respuesta. En cuanto a las familias sin beca pero que ya habían pagado el comedor, la Consejería asegura que en el caso de los centros públicos, “se les compensará en el próximo pago”.

Por otro, el cese del personal de las Escuelas Infantiles [educación de 0 a 3 años] ha supuesto para las docentes “un desprecio a su trabajo”, y no solo las de la Comunidad; a última hora de la tarde de este miércoles, el Ayuntamiento, que también cuenta con una red de estos centros, se acogía a la decisión de la Consejería. Blanca Azanza, presidenta de Ameigi, una asociación formada por escuelas Infantiles de gestión indirecta de la región y que aglutina a 97 de las más de 400 que existen hoy (solo medio centenar son de gestión directa), cree que esto se debe a que la educación 0-3 es considerada “el último mono del sistema educativo”. “Si es que nos consideran etapa educativa, que ni siquiera”, espeta, y explica que, como en el resto de etapas, en las escuelas infantiles hay mucho más trabajo que hacer que el de atención a los niños y niñas, “además de que los centros van a seguir requiriendo de un mantenimiento, de luz, de teléfono… ”.

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Diana Pérez, docente de la Escuela Infantil Patas Arriba, en Rivas-Vaciamadrid, no entiende que desde la Comunidad se pida el teletrabajo pero, sin embargo, con sus propios contratos decidan un cese. En su escuela hay 118 niños y 18 personas trabajando: “Nos movilizaremos, haremos lo que sea necesario, no hay quien entienda esto”. Lo mismo le ocurre a Ana Galván, docente de Las Nubes, un centro dependiente del Ayuntamiento ubicado en Retiro con 90 alumnos y 22 personas en plantilla: “Creen que solo limpiamos mocos y culos, eso es lo que ellos entienden. Pero la educación a este edad también requiere de coordinaciones, de leer, de formarse, de evaluar, de programaciones… Nos llevamos mucho trabajo a casa para hacer bien nuestro trabajo y deberíamos seguir haciéndolo”.

Ese “deberíamos” de Galán es para Galvín, de CC OO, lo que también debería haber ocurrido con los intérpretes de lengua de signos, a los que también se les ha cesado la actividad. “Esos perfiles garantizan el derecho a la educación de niños con déficit auditivo. Podrían seguir teletrabajando, preparando materiales para volcar en soportes virtuales y hacer seguimiento del proceso educativo, pero tampoco”. Hay decisiones, dice, que son difíciles de entender. Tanto su sindicato como UGT han pedido a la Comunidad que, “ante la urgencia de la situación y su excepcionalidad”, consideran necesario. Un Real Decreto-ley en el que, además de articular “un conjunto de medidas laborales y de seguridad social que den seguridad jurídica a empresas y personas trabajadoras, se habilite un fondo de ayuda extraordinario para cubrir las mismas”.

Ahora, esperarán a ver cuáles son las medidas que propone el Gobierno Central y cómo pueden mitigar la situación de los trabajadores y trabajadores en la Comunidad que se han visto afectados por las decisiones del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso frente a la crisis del coronavirus. La Comunidad educativa, entre tanto, tiene el reto de comenzar a ofrecer el lunes clases online a los niveles más allá de infantil y primaria.

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Isabel Valdés

Corresponsal de género de EL PAÍS, antes pasó por Sanidad en Madrid, donde cubrió la pandemia. Está especializada en feminismo y violencia sexual y escribió 'Violadas o muertas', sobre el caso de La Manada y el movimiento feminista. Es licenciada en Periodismo por la Complutense y Máster de Periodismo UAM-EL PAÍS. Su segundo apellido es Aragonés.

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