Fútbol, política y negocios: 430 familias contra la ‘megaciudad’ deportiva del Celta de Vigo

Hasta cinco millones de euros les ofrecieron los responsables del Celta de Vigo en 2017 a las 430 familias propietarias del monte vecinal de Tameiga a cambio de sus tierras con vistas al mar. El club de fútbol quería ejecutar en este enclave del ayuntamiento de Mos una “megaciudad deportiva” con centro comercial que ocuparía casi un millón de metros cuadrados. Pese a no contar con el sí de los dueños del terreno, el entonces presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo (PP), presentó el proyecto junto al presidente del equipo, el empresario Carlos Mouriño, en un acto multitudinario en el que estuvieron arropados hasta por autoridades judiciales y militares. Poco después, los comuneros dijeron no. “Ni el PP ni el Celta contaban con la resistencia y la fuerza de la comunidad de montes, daban por sentado que diríamos que sí. Pero nosotros no necesitamos más dinero, lo que necesitamos es el monte”, afirma Gonzalo Pérez, coordinador de la entidad que gestiona esta propiedad comunal. Ahora el Gobierno gallego tramita la declaración del complejo del Celta como proyecto de interés autonómico, un trámite que abre el camino para que estas familias sean expropiadas.

En los seis años transcurridos desde que el PP de Galicia apadrinó el proyecto, el Celta ha ejecutado una pequeña parte de su ciudad deportiva en el monte de Pereiras, donde los comuneros sí aceptaron traspasar sus tierras. Ha construido tres campos de fútbol y un edificio con vestuarios y oficinas. Las instalaciones fueron declaradas ilegales por la justicia, pero tanto la Xunta como el Ayuntamiento de Mos, también en manos de los populares, las consideran ya legalizadas gracias a un plan especial de infraestructuras y dotaciones (PEID) que fue aprobado casi dos años después del fin de la obra. El resto del proyecto se ha reformulado. El Celta ha descartado el centro comercial que gestionaría un fondo de inversión y que pretendía ser el pulmón financiero del complejo. La superficie que ocupa el nuevo diseño, bautizado como Galicia Sports 360, se ha reducido a 300.000 metros cuadrados, pero de ellos 80.000 siguen estando en suelo rústico de protección forestal del monte de Tameiga pese a la oposición de sus propietarios.

Este monte está situado a 10 kilómetros de Vigo, en un lugar estratégico de la comarca, junto al aeropuerto, la autovía a Madrid y el campus universitario, rodeado de colegios privados y con vistas a la ría. El proyecto del Celta incluye una universidad del deporte, un centro de FP, una clínica, un hotel, una residencia de estudiantes de 400 plazas y un gran pabellón con circuito de karts y rocódromo. El club defiende que es “único en España y uno de los pioneros en Europa” y asegura que los servicios de medicina deportiva han despertado el interés de grandes grupos de la sanidad privada como Vithas, Quirón o Ribera Salud y de “clínicas portuguesas con licencia UEFA”. Cifra en 160 millones la inversión, y explica que se pagará con fondos propios, con lo que aporten los operadores privados que gestionen los servicios allí ofrecidos y con parte del dinero prestado que repartió La Liga para ayudar a los equipos durante la pandemia. Por esta última vía, el club ingresará más de 80 millones hasta 2024 y debe devolvérselos al fondo CVC en un plazo de 50 años. Los comuneros de Tameiga consideran muy inestable esta fuente de financiación porque “es mucho suponer que la cantidad a recibir no dependa de la categoría en la que compita el primer equipo”.

Los comuneros ven detrás de la operación urbanística una maniobra de la familia Mouriño, accionista mayoritaria del club, para capitalizar el Celta y luego venderlo. “Mientras intentaban convencernos, [los representantes del club] decían que el fútbol en sí ya no es rentable, que necesita otras fuentes de financiación, que cogiésemos el dinero y nos olvidásemos del monte, que nos dedicásemos a otra cosa y nos adaptásemos a los nuevos tiempos”, cuenta su portavoz, Gonzalo Pérez. Los responsables del club niegan que el equipo esté en venta y defienden que promueven Galicia Sports 360 para “aumentar sus recursos económicos extraordinarios” y “contribuir al desarrollo socioeconómico” de la comunidad gallega.

Las familias de Tameiga no están dispuestas a perder el monte que surte a sus hogares de agua y leña. La ciudad deportiva del Celta se tragaría su corazón, el bosque de frondosas llamado Chan da Cruz. Los comuneros esgrimen informes técnicos encargados por ellos que concluyen que las obras, que se ejecutarán en la cabeza de la subcuenca del río Louro, destruirán los acuíferos de su subsuelo que abastecen a miles de vecinos. La comunidad de montes, que gestiona un centro social y cultural, una comunidad energética y un polígono industrial que alimenta las arcas de la entidad gracias al alquiler de suelo a las empresas, sostiene que unas 5.000 personas “dependen en sus casas de esa agua y no tienen alternativa”.

Ecologistas en Acción ve en la ciudad deportiva del Celta un “pelotazo urbanístico” que “arrasará un espacio de gran valor natural” para “un beneficio particular”. “Tememos que este proyecto [reducido con respecto al inicial] sea un caballo de Troya, que luego pidan ampliar”, advierte su portavoz, el también comunero Cristóbal López Pazo. “Pensaron que tragaríamos con la pasta”, apunta Gonzalo Pérez. “Pero se olvidan de que vivimos aquí y que ya convivimos con un polígono industrial y con la autovía. No vamos a permitir otra macroinfraestructura porque ya sabemos que no nos aporta nada”.

El Celta, presidido ahora por Marián Mouriño, hija de su antecesor en el cargo, considera que la negativa de los comuneros de Tameiga a traspasar sus tierras a través de una permuta (el monte comunal, según la legislación gallega, no se puede vender) no deja otra salida que la expropiación. “Expropiar no es expoliar, ni robar… es una figura urbanística que permite el desarrollo de un ámbito, sobre todo cuando es de carácter supramunicipal”, aducen fuentes oficiales del club. “Si no existiese esta figura sería imposible desarrollar un suelo y no se darían situaciones de progreso y avance”. La entidad subraya que hasta el momento “no ha habido ni un solo informe desfavorable de las administraciones autonómica y estatal que afecte o desautorice” el complejo. Sobre la destrucción de acuíferos que auguran los comuneros, el Celta asegura que la parte de la ciudad deportiva ya ejecutada se construyó sobre una captación centenaria de aguas con 10 pozos que incluso “se ha mejorado”: “Se ha garantizado la obtención del recurso hídrico y su calidad”.

Los planes del club pasaban por poner la primera piedra del recinto el pasado mes de agosto, coincidiendo con su centenario, pero no ha sido posible. Con las elecciones gallegas a la vuelta de la esquina, la Xunta aún está tramitando su declaración como proyecto de interés autonómico. El proceso está pendiente de que el Celta presente su propuesta final “introduciendo las modificaciones o correcciones que procedan teniendo en cuenta las alegaciones e informes emitidos”, informa la Vicepresidencia Primera. Los opositores al complejo han presentado más de 4.000 alegaciones, unas 1.800 firmadas por aficionados del club. El Gobierno gallego, sin embargo, defiende sus bondades. Lo considera una “inversión estratégica” e “indispensable” que creará “un polo de tecnología del deporte” y recuerda que ya ha superado “con plenas garantías” la tramitación ambiental, que “concluyó que no se prevén efectos ambientales adversos significativos”.

Los comuneros advierten de que están dispuestos a dar la batalla hasta el final. Junto a Ecologistas en Acción ya ganaron el contencioso que presentaron contra la parte del complejo que se construyó en 2020, en plena pandemia. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia acabó anulando las licencias otorgadas por el Ayuntamiento de Mos. Estas familias han impugnado ahora en los tribunales el plan especial con el que el consistorio dice haber legalizado el embrión de lo que pretende ser la “megaciudad deportiva” del Celta.