Último SOS del símbolo de Irlanda en Galicia: ruina, goteras y conflicto judicial

Cuenta una persona cercana a los siete herederos del Pazo dos Irlandeses de Santiago que, entre “un montón” de ofertas de cadenas hoteleras que recibieron, hace pocos años el Centro de Estudios Irlandeses de Lovaina quiso retomar la sorprendente historia del palacete compostelano abriendo en él un colegio universitario. La institución de Lovaina data de 1607, poco después de que se fundase en Santiago el que fue durante 164 años refugio y bastión de católicos irlandeses durante las persecuciones ordenadas por Isabel I de Inglaterra para imponer el anglicanismo. Felipe II y familias escapadas de aquel país promovieron la creación de este y otros centros similares en España (Alcalá, Valladolid, Sevilla), en relación con otros 25 que surgieron por toda la Europa católica. Desde 1605 hasta 1769, cuando el inmueble ya estaba bajo el control de los jesuitas y después de que estos fueran expulsados (1767), el Colegio de Irlandeses en la meta de los caminos jacobeos se dedicó a formar futuros sacerdotes católicos para reevangelizar la isla.

La gran mayoría, tal y como revelan los listados y genealogías que aún guardan los dueños del pazo, eran hijos de familias nobles de Irlanda, que venían como niños y regresaban a su país como abanderados de San Patricio, el patrón nacional que se festeja cada 17 de marzo. Hoy, en medio de una guerra judicial y un largo pulso administrativo con el Ayuntamiento de Santiago, la mansión ubicada en el corazón de lo que llaman la “almendra” monumental de esta capital Patrimonio de la Humanidad agoniza, se rompe, se empapa con la lluvia y, según informa el consistorio, ha entrado a formar parte de la lista de 125 inmuebles “en ruina o próximos a la ruina” de la Compostela histórica.

Ingresar en esta relación de edificios enfermos significa que, si los propietarios no los rehabilitan en un plazo de dos años, pueden acabar engrosando otra lista todavía más negra, el temido Registro de Solares, que el Ayuntamiento puede expropiar para restaurar o para, directamente, subastar al mejor postor. Mientras tanto, los titulares del Pazo dos Irlandeses explican que su deseo de vender el bien a una cadena hotelera —según ellos la única manera posible que ven de “preservarlo como una unidad”— se ve truncado por la moratoria en las licencias que impide abrir más establecimientos de este tipo en una ciudad sobrecargada de plazas desde hace tiempo, y de un millar de pisos turísticos a los que ahora también se ha puesto coto.

Poca gente, en Santiago, conoce la belleza que el pazo esconde en su jardín; sus galerías traseras de madera, de hierro y de vidrio de colores; su monumental escalinata interior; sus tallas antiguas de santos; el San Patricio en piedra policromada que vigila el pórtico del patio central; sus muebles de época, sus molduras, sus baldosas hidráulicas; o la ingente cantidad de documentos históricos que perduraron entre sus muros de granito a pesar de los sucesivos cambios de dueños y de usos. Todos los consultados coinciden en que el conocido como Pazo dos Irlandeses o de Ramirás, en el número 44 de la Rúa Nova, es la “gran maravilla sin descubrir” del listado de inmuebles en peligro. Allí se rodaron tres películas y, antes de la pandemia, cuando entró en una programación de rutas guiadas a los tesoros ocultos de la ciudad —Patrimonio Invisible—, se convirtió en la visita más demandada.

La familia Harguindey, repartida entre Vigo y Madrid, que posee el pazo “desde hace unos 140 años” según explica la persona relacionada con los herederos, concedía a todo ciudadano irlandés que se presentase el “privilegio” de verlo por dentro. Hasta 2022 solo había que preguntar en una farmacia cercana, y en la botica contactaban con Santiago Álvarez, un vecino de 80 años que de niño celebró allí su comunión y luego fue guardés. Álvarez seguía conservando un manojo de llaves para abrir la puerta a los peregrinos y turistas procedentes de Irlanda, algo que no estaba al alcance de los compostelanos. “Ahora ya no las tiene”, informa la misma fuente, “se las tuvieron que pedir para dárselas al arquitecto, porque ya están hablando con constructoras y tramitando un crédito para acometer una obra faraónica: sustituir por completo la cubierta y restaurar el escudo”.

Llueve en el pazo

Este portavoz se refiere a las dos últimas señales de alarma, como dos rotundos gritos de auxilio, que ha lanzado el pazo, conformado por tres cuerpos de tres plantas y unos 2.000 metros cuadrados, desde finales de 2021. Uno fue el desprendimiento sobre la calle de la corona que remataba el escudo de armas (de los apellidos Bermúdez, Villardefrancos, Pardiñas, Mandiá, Rivadeneira y Bolaño) de la fachada construida con posterioridad a la existencia del colegio, a finales del siglo XVIII. La otra, los regueros de agua que bajan desde la cubierta cuando llueve (y este año diluvia) y que obligaron a cerrar, después de más de 35 años, al único inquilino que quedaba: la joyería Ámboa, una célebre tienda de artesanía y creaciones de azabache que ya va por su segundo ERTE a causa de las pertinaces goteras.

El titular de la tienda, Vicente Sande, ha llevado al juzgado a los propietarios del inmueble mientras sigue pagando el alquiler, una renta que viene de atrás: “Solo 650 euros por 300 metros cuadrados en la zona monumental y turística”, protesta la fuente vinculada a los Harguindey. El joyero explica que “el deterioro se fue notando progresivamente desde hace tiempo”, y que primero él y sus empleados trataron de “resistir”, colocando lonas en todo el techo, canalizando con tubos el agua para evacuarla. Hasta que se produjo “una saturación increíble” que no solo impedía recibir a los clientes, sino que ponía en riesgo sus colecciones. Desde hace medio año, Ámboa está “cerrada temporalmente” y el conflicto con los arrendadores, judicializado. Los propietarios le achacan al arrendatario que durante años funcionó “sin licencias” y realizó obras sin permiso, que creen que “son parte del problema” de las filtraciones.

La otra batalla del pazo, envuelto por los dueños con una malla a raíz del desplome de la corona, se libra en el Ayuntamiento. Y según la concejala de Urbanismo, Vivienda y Ciudad Histórica, Mercedes Rosón (PSdeG-PSOE), la familia “ha incumplido reiteradamente” las órdenes de ejecución recibidas, “con expedientes disciplinarios desde 2011″. “Es un tema muy triste, no tienen ningún interés. De todas las licencias de obra que han pedido no han llevado a cabo ninguna”, lamenta Rosón, “se trata de un edificio con un valor patrimonial e histórico enorme que se encuentra en una situación de deterioro muy grande por falta de responsabilidad de los propietarios, que no han estado a la altura que merece el pazo, divididos sobre el destino que quieren darle”.

En el Ayuntamiento hay “un montón de informes de los arquitectos municipales sobre el mal estado de conservación y licencias de obra para corregir”, pero hasta ahora “solo han arreglado cositas, pequeños parches, sin abordar la rehabilitación integral” que precisa el caserón, explica la también responsable del área de Disciplina Urbanística. Ahora “se están tramitando multas”, avisa la teniente de alcalde, y hasta “valorando meter el pazo en el Registro de Solares” con el fin de rescatarlo. Este es un “instrumento” que, según Rosón, suele servir “para que las familias se pongan de acuerdo” antes de llegar a la expropiación, porque las rehabilitaciones son costosas, admite, “pero hay muchas ayudas”. “Espero que esta vez vaya en serio”, comenta Goretti Sanmartín, portavoz municipal del Bloque Nacionalista Galego, que cree que el edificio ya podía haber sido salvado: “El Ayuntamiento no fue ágil, cometió errores, todo funciona demasiado lento en casos como este que requieren urgencia”.

“Nadie tiene más amor por el pazo que la familia”

“Lo han cuidado todo lo que han podido”, defiende la fuente cercana a la familia, que asegura que los Harguindey quieren empezar con las obras del tejado a partir de mayo y que “nadie tiene más interés” en conservar la casa ni “más amor por su historia” que ellos. Pero esta propiedad de la que estan “orgullosos” y con la que sienten que tienen “una obligación moral” es al mismo tiempo una condena, como otras tantas construcciones con vigas y sillares de siglos en manos de herederos múltiples. En este caso, la propiedad llegó a la familia después de que el bisabuelo Juan Harguindey, principal empresario de las curtidurías en Galicia e impulsor “del primer tren que llegó” a la comunidad, comprase el señorial edificio y otros colindantes.

Desde el siglo XVIII, el solar que había acogido una de las sedes primigenias de la Universidad de Santiago y el colegio para irlandeses sufrió transformaciones. Fue reconstruido, engrandecido; sirvió de vivienda particular; de residencia de estudiantes en la que llegó a alojarse un tótem de la cultura gallega, el escritor Ramón Otero Pedrayo; fue Cámara de Comercio y local del Colegio de Licenciados en Filosofía y Letras. Hasta hace 18 años, lo habitaron varias hermanas Harguindey, pero ahora está vacío y, a juzgar por el agua que llega a la planta baja, inhabitable.

Hace unos años la familia entró en negociaciones con hosteleros que querían abrir dos restaurantes en el bajo, unidos por los jardines. Aquello no prosperó. No todos los herederos estaban de acuerdo, “y no era una solución para las plantas superiores”, señala la persona cercana a los dueños. “Ahora la propiedad está atada por la moratoria que impide el cambio de uso a hotel”, insiste en referecia a la decisión del anterior gobierno local en 2015 (Compostela Aberta) de frenar la proliferación de camas en el centro. “Solo se les permite hacer viviendas, algo imposible si se quiere conservar la estructura, con la escalinata y las plantas, cada una de 600 metros cuadrados”, protesta. “Si querían destinarlo a hotel, tuvieron tiempo antes de que entrase en vigor la medida”, responde Mercedes Rosón, “pero una ciudad histórica no es ciudad si no conviven en ella muchas realidades diferentes, si no hay vecinos; no se puede dejar que la colonice solamente el turismo”.