Los nueve acusados del fraude millonario en la patronal gallega no logran evitar el banquillo

El mayor fraude de subvenciones amañado en los años noventa en Galicia y que parecía abocado a la prescripción, con un recorrido de 22 años en los juzgados de Santiago, tendrá respuesta del tribunal de la sección sexta de Audiencia de A Coruña. Este ha rechazado con rotundidad la petición de nulidad planteada por las defensas de los nueve acusados, aunque ha admitido la dificultad procesal que plantea el caso, al igual que el representante del Ministerio Fiscal, y a pesar de que el Abogacía del Estado ha retirado su acusación.

El juicio, que arrancó este miércoles, se enredó con las cuestiones previas que el tribunal resolverá en sentencia, hasta que le tocó el turno al principal acusado, Rafael Sánchez Sostre, el que fuera secretario de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) entre 1996 y 1999, cuando se produjo la estafa de 6,3 millones de euros bajo la presidencia de Antonio Ramilo, ya fallecido. Sostre rechazó responder ante el tribunal y se acogió a su derecho a no declarar. Afronta una condena de cuatro años de cárcel y una multa de dos millones de euros por supuesto delito continuado de fraude de subvenciones.

Sin embargo, sí declararon los acusados que representan a las empresas salpicadas por el fraude, que han negado el argumento de fondo de la Fiscalía: que los cursos de formación no se celebraron a pesar de las subvenciones públicas que cobró la CEG, con un reembolso adicional por las facturas infladas de material didáctico y profesorado del que se beneficiaron todos los implicados. Para todos ellos, el fiscal ha solicitado condenas de dos años de prisión y multas de entre 50.000 y 500.000 euros como representantes de las firmas Acro Consultoría Formación, Cares Márketing y Comunicación, Técnicas de Formación, DEO, Dalbe 5, Estudio Global de Gestión y Euroges 97.

Este viernes estaba previsto que continuasen las declaraciones de tres de los procesados, pero la ausencia por enfermedad de uno de ellos ha obligado al tribunal a suspender la vista hasta el 3 de febrero. No es la primera vez que el juicio ha tenido que ser aplazado. La pérdida de documentos contables fue el motivo del mayor retraso de este juicio que tuvo que esperar dos años a que se recuperaron las pruebas documentales extraviadas entre las decenas de tomos que acumula el caso.

El presidente del tribunal, Ángel Pantín, ha dejado claro que quiere evitar eventuales amonestaciones por parte del Tribunal Supremo que obligasen a la repetición del juicio. La renuncia del abogado del Estado tampoco ha influido en la decisión del magistrado, ya que este ha argumentado que se retira de la causa porque el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), la principal perjudicada en este proceso, ya ha cobrado todos los perjuicios derivados del fraude. También los abogados de las defensas han anunciado que renuncian a la declaración de varios testigos. Con todo, el juicio proseguirá el miércoles 3 de febrero con el interrogatorio en calidad de testigos de empleados de la patronal gallega cuando se produjeron los supuestos delitos que fueron descubiertos en 2000.