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Suspendido el juicio por el fraude en la patronal al “traspapelarse” miles de folios

Los hechos ocurrieron hace 20 años y las sesiones no podrán retomarse, como muy pronto, hasta dentro de cinco meses

Santiago de Compostela
Exterior de los juzgados de Santiago.
Exterior de los juzgados de Santiago.

El juicio sobre el supuesto fraude millonario de subvenciones ocurrido en la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) hace 20 años ha sido suspendido este martes en su primera jornada al alegar las defensas indefensión por no poder acceder a miles de folios. Durante el arranque de este juicio, que tendría que haberse celebrado hasta el mes de octubre y ahora queda aplazado, la fiscal ha achacado que esta documentación no fuese incorporada formalmente al caso a "una problemática del día a día" en el funcionamiento del juzgado de instrucción. Los documentos, ha esgrimido, se "traspapelaron", si bien sostiene que "todas las partes" han tenido conocimiento de ellos.

La Abogacía del Estado ha afirmado que esta documentación "no era ignorada" por las defensas, por lo que "quien ha querido acceder puede acceder". Una visión en la que ha coincidido la acusación particular de la CEG. En cambio, las defensas alegan indefensión al no haber poder accedido a 21 tomos de la causa --la cantidad total difiere entre los 6.000 y los 9.000 folios en función de lo que dice cada parte--. Por ello, han reclamado una suspensión, a la que ha accedido el tribunal, y una nulidad parcial de actuaciones sobre la que todavía se debe decidir.

Estos miles de folios cuentan con algunas de las principales pruebas de las que se vale la acusación, en donde se incluyen facturas, justificantes de gastos, así como información sobre cursos, profesores y alumnos, entre otros.

El presidente de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña -con sede en Santiago-, Ángel Pantín, ya ha avanzado que hasta, por lo menos, el mes de febrero de 2020 la agenda de esta sala está completa, por lo que el juicio no podrá celebrarse antes. Las dilaciones en este proceso han llevado a que el juez haya pedido "disculpas" en el cierre de su intervención de esta sesión.

El abogado de Rafael Sánchez Sostre, exsecretario de la patronal y principal acusado, ha explicado que comenzó con 40 años en la causa y ahora tiene 59. "Me voy a jubilar antes de que se termine", ha afirmado en una intervención en la que ha pedido la prescripción de los delitos. El letrado ha cargado contra el "caos y mal funcionamiento de la justicia", que las defensas atribuyen a la falta de medios en los juzgados, mientras recuerda que han pasado 15 jueces instructores por el caso en 19 años. De hecho, ha contrastado lo aquí ocurrido con el caso del procés, que queda listo "en un año" a pesar de tener "mil millones de folios de pruebas".

Otro de los abogados defensores de las siete personas que se han sentado en el banquillo de los acusados este martes ha censurado que "la custodia de esta documentación después de 20 años es lamentable".

Para Sánchez Sostre, el que hasta ese el año 2000 fue secretario de la patronal, la Fiscalía pide cuatro años de prisión y una multa de dos millones de euros por un delito de fraude de subvenciones. Los otros seis acusados son socios, gestores y representantes de empresas organizadoras de cursos de formación por supuestamente apropiarse de fondos públicos destinados a tal efecto entre los años 1996 y 1999. Para ellos el ministerio público pide dos años de prisión y multas que oscilan entre los 50.000 y los 500.000 euros.

La Fiscalía sostiene que todos ellos, "con la finalidad de conseguir un beneficio patrimonial", se apropiaron de fondos públicos justificados a través de "cursos no realizados", facturas "dobladas" y la "imputación excesiva de coste" de profesorado, aulas y manuales didácticos, además de "otros excesos contables". Considera a Sánchez Sostre el "máximo responsable" de la trama y "encargado de tramitar y dar cumplida cuenta" entre los años 1997 y 1999 de subvenciones ascendentes a varios millones de euros y procedentes de fondos europeos, correspondientes a planes de formación que gestionaba el INEM --a través de la Fundación para la Formación Continua (Forcem)-- o convocaba la Xunta.

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