Arranca el juicio por el agujero de 6,3 millones en la patronal gallega 20 años después de destaparse

En febrero del 2000 una auditoría en la CEG (Confederación de Empresarios de Galicia) destapó un agujero contable de 6,3 millones de euros que acabó en la Fiscalía de Santiago. El enorme fraude provocó la destitución del entonces secretario general, Rafael Sánchez Sostre, y la dimisión de su presidente, Antonio Ramilo, ya fallecido. Casi dos décadas después de conocerse las graves irregularidades en la patronal gallega por fraude en cursos de formación el asunto llega a juicio connueve imputados y un lastre por las dilaciones en el proceso.

El exsecretario Rafael Sánchez Sostre es el principal acusado en la causa que si no surgen incidentes procesales está previsto que arranque este martes para prolongarse hasta octubre, por supuestos delitos de apropiación de fondos públicos entre 1996 y 1999. La fiscalía pide para él cuatro años de cárcel y una multa de dos millones de euros, mientras que para el resto de los implicados (socios, gestores y representantes de empresas que impartían los cursos de formación) afrontan penas de dos años de cárcel y multas de entre 50.000 y 500.000 euros.

El escándalo de corrupción que dejó tocada a la CEG en febrero del 2000 ha sido una de las instrucciones más complejas que ha tenido que afrontar la Audiencia de A Coruña. El enorme retraso en la instrucción ha llevado a las defensas a invocar la prescripción de los delitos. De hecho, el escrito de acusación de la fiscalía se hizo público en 2013 y desde entonces se han introducido algunos cambios ante las nuevas pruebas documentales que se incorporaron a la causa, algunas recientemente.

El Ministerio Público sitúa a Sánchez Sostre en el aparato de control de los cursos que se impartían a través de la CEG. Supuestamente estaba en connivencia con otros acusados que representaban a las empresas de formación como Acro Consultoría Formación, Cares Márketing y Comunicación, Técnicas de Formación, DEO, Dalbe 5, Estudio Global de Gestión y Euroges 97.

La acusación ha documentado cursos no celebrados que sin embargo fueron pagados con dinero público que fue a parar a los procesados. Solo entre los años 1996 y 2000, la patronal gallega recibió casi 20 millones de euros de la Xunta y del Forcem. La nueva directiva de Antonio Fontenla provocó la caída de la vieja cúpula de la patronal gallega tras encargar dos auditorías, una interna y otra externa, que evaluaron el saqueo en 6,3 millones de euros.

El fiscal relata en su escrito de acusación que además de los perjuicios ocasionados a la CEG, los acusados se han lucrado de fondos públicos de la Xunta de Galicia a través del Igape, y del Inem. Pese a que la patronal se ha personado como acusación en el proceso, la fiscalía la considera civilmente responsable del agujero económico. Así le obligará a asumir las indemnizaciones a las entidades públicas.