El exalcalde de Ourense Manuel Cabezas se enfrenta a siete años por malversación

La Audiencia de Ourense juzgará desde este lunes al que fuera alcalde de la ciudad bajo las siglas del PP, Manuel Cabezas, entre 1995 y 2007, y al entonces edil de urbanismo, Ricardo Campo, por supuestos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Ambos acusados afrontan una petición de condena de siete años de cárcel, con inhabilitación absoluta para el ejercicio de empleo o cargo público durante 17 años.

El caso fue denunciado ante la Fiscalía de Ourense en 2014 que tras numerosas vicisitudes en la tramitación de las diligencias de investigación acabó procesando a los acusados por eximir presuntamente a constructores y promotores de la entrega al patrimonio municipal del 10% del suelo en 15 proyectos de compensación en suelo urbano no consolidado. Ello, según el Ministerio Público, privó al Ayuntamiento de ingresar a las arcas públicas 1,6 millones de euros.

El Ministerio Fiscal concluye que los acusados deberán indemnizar en concepto de responsabilidad civil al Ayuntamiento de Ourense. Así, fija para el exregidor la cantidad de 1,57 millones de indemnización y 1,19 millones para el exconcejal. Los acusados han defendido que actuaron conforme a un acuerdo plenario de 15 de diciembre de 1994, con Veiga Pombo en la alcaldía, con el dictamen favorable del secretario municipal, ante la falta de un planeamiento urbanístico que fijase los aprovechamientos del suelo.

El proceso por el conocido como “caso del 10%”, que partió de una denuncia impulsada en por la edil socialista Áurea Soto, quien también tuvo las responsabilidades de urbanismo en el Ayuntamiento de Ourense, tendrá que dilucidar si ambos expolíticos incurrieron en ilegalidad al no exigir dicho porcentaje entre 1997 y 2002 que ya contemplaba la Ley del Suelo autonómica.

El fiscal defiende en su escrito de acusación que, en diciembre de 1994, el pleno municipal aprobó una propuesta por la que se eximía del pago del aprovechamiento urbanístico municipal en los polígonos de suelo urbano no consolidado. En 1997 se publicó en el Diario Oficial de Galicia la Ley del suelo que introdujo expresamente el pago del 10% del aprovechamiento urbanístico.

Manuel Cabezas y Ricardo Campo, “aprovecharon los cargos públicos que ostentaban, guiados, ambos acusados, por un ánimo de enriquecimiento injusto, con el fin de convertir el patrimonio municipal en beneficios privados”, afirma el fiscal, que enumera uno por uno los 15 proyectos ejecutados por los que dejaron de abonar cuantías que van desde los 21.022 euros hasta los casi 700.000 euros.

El asunto llega a juicio con evidentes demoras en la instrucción. De hecho, la defensa intentó en varias ocasiones ampliar los plazos del proceso que estuvo paralizado porque el juez instructor inicial tuvo que abstenerse por incompatibilidad, al haber sido denunciado por supuesta prevaricación en la investigación a la socialista Áurea Soto, cuya causa fue sobreseída.

Además, ligado con este proceso también acabó sancionado con diez meses de suspensión y 2.500 euros el fiscal que recibió la denuncia, Florentino Delgado, debido a los retrasos en su tramitación. Este fiscal fue sancionado, posteriormente, con otros 18 meses de suspensión de empleo y sueldo por otro asunto.