La venta del Gran Hotel de Santiago por dos euros, a juicio

La operación policial Caballo de Troya, que se desencadenó en 2012 tras la venta del Gran Hotel de Santiago por el precio simbólico de dos euros, lleva este lunes a juicio a 14 acusados por los delitos de insolvencia punible y blanqueo de capitales. La Fiscalía de A Coruña pide para los procesados penas de entre cuatro y 12 años de cárcel.

La investigación que se desarrolló de forma conjunta con la Agencia Tributaria y el equipo de delitos económicos de la Policía Nacional se saldó con casi medio millón de euros incautados, el bloqueo de 400 inmuebles y casi un centenar de vehículos relacionados con los investigados. A raíz de la venta del hotel santiagués se desató una redada con ramificaciones en A Coruña, Madrid, Valencia y Ponferrada. El juicio por este entramado llega al tribunal casi ocho años después de producirse las detenciones en el marco de esta operación Caballo de Troya que fue dirigida por el entonces titular del juzgado número 2 de Santiago, José Antonio Vázquez Taín.

Entre los acusados que serán juzgados por la sección sexta de la Audiencia Provincial con sede en Santiago se encuentran dos hijos del empresario de origen gallego afincado en León José Martínez Núñez. Este había vendido al también empresario Ángel de Cabo negocios como la constructora Teconsa (investigada en la Gürtel) o los hoteles de la cadena Gran Hotel ubicados en Lugo, Santiago y Ourense. También fue implicado en esta operación un hijo del expresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) José María Cuevas.

El entramado supuestamente adquiría empresas con problemas económicos a precios muy bajos para posteriormente descapitalizar sus activos y evitar así que pudieran ser empleados para pagar a sus acreedores. Además de acusar a los presuntos responsables de sendos delitos de insolvencia punible y blanqueo de capitales, la Fiscalía solicita la disolución de 17 sociedades.

Según el informe del Ministerio Público, todo parte de un conjunto empresarial en manos de los dos hijos de Martínez Núñez que estaba formado por sociedades mercantiles dedicadas a las inversiones del grupo, a la construcción, fabricación de cemento, sector de transportes y a la gestión hotelera, entre otras actividades. Ante la previsión de una mala situación financiera, ambos acometieron actividades “tendentes a ocultar su participación formal” en el mismo conjunto, pero “manteniendo el control material” y “en perjuicio” de los acreedores, relata la fiscalía en su escrito de acusación.

Incide el fiscal en que, una vez efectuadas las ventas de las sociedades, los nuevos propietarios solicitaban el concurso de acreedores. Así, se comprobó que los nuevos administradores, en connivencia con los que ya habían cesado, adoptaban decisiones tendentes a evitar las responsabilidades económicas mediante la descapitalización de activos de las mercantiles investigadas. “El entramado societario artificiosamente empleado tenía por finalidad desarrollar movimientos financieros que se dirigían primero a la ocultación de los bienes reales obtenidos de las actividades criminales para después reintegrar el capital oculto a los acreedores legítimos libres de deudas”, añade el fiscal.