El juez aparta a Sousa de Pescanova y pone al frente de la empresa a la CNMV

Manuel Fernández de Sousa, presidente de Pescanova, no parece una persona de fiar dados los acontecimientos de los últimos dos meses. El juez Roberto de la Cruz Álvarez, que este jueves firmó el auto por el que declara el concurso de acreedores de la pesquera, no lo dice con esas palabras, pero el documento judicial destila esa idea. El magistrado repasa en el auto cómo la empresa no ha ofrecido datos, Fernández Sousa ocultó que había vendido la mitad de las acciones y el Consejo de Administración está dividido. Después concluye que “sin temor al equívoco”, mantener “las plenas facultades del deudor puede conducir a una situación de difícil gobernabilidad” en Pescanova, y por eso, aparta a su presidente del cargo y deja la gestión en manos de un único administrador concursal, que será elegido por la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

El concurso de acreedores ha sido declarado por el Juzgado Mercantil número 1 de Pontevedra. Pese a que se trata de un proceso voluntario, el magistrado ha decidido excepcionalmente suspender las facultades de la actual administración de la compañía y a Fernández de Sousa. Habitualmente, la suspensión de las facultades se produce en los concursos necesarios, es decir, instados por los acreedores. Cuando es la propia empresa la que lo solicita, el deudor suele poder seguir administrando la compañía.

La decisión podría parecer muy inusual. Si no fuera porque en Pescanova, lo inusual se está convirtiendo en la pauta más habitual. El juez ha visto circunstancias extraordinarias en este caso (entre ellas la variación de la participación de Sousa, que vendió a escondidas 1,9 millones de sus acciones o la de la deuda declarada) y ha decidido suspender a la cúpula. Para el magistrado, es la mejor forma de que el proceso concursal llegue a buen puerto y que se proteja “en lo posible la actividad y el empleo”.

En los antecedentes del auto se hace constar además la intención solicitada por Pescanova de “retrasar la obligación legal” de formular cuentas anuales. Es decir, que la empresa, que el 28 de febrero dio la primera sorpresa señalando que no iba a ofrecer su balance de 2012 en el tiempo establecido por ley, vuelve a pedir más margen para aclarar sus números. De momento, la compañía no ha solicitado la liquidación ni se ha presentado todavía propuesta anticipada de concurso. Tampoco quiso concretar cuánto tiempo pretende retrasar la presentación de cuentas, pese a que remitió un comunicado a la CNMV, en el que simplemente resumió el auto del juez.

La CNMV dispone ahora de cinco días para designar a su representante y una vez formada la administración concursal, debe presentarse el informe concursal en el plazo de dos meses.

La CNMV dispone de cinco días para designar a su representante y dentro de un mes tiene que haber un informe del administrador

El juez recordó en el auto además que el cargo del presidente, de cinco años de duración, ya ha caducado (su mandato, según consta en documentos publicados en la CNMV, vencía el 23 de abril) y que la decisión de presentar el concurso fue tomada por “mayoría”, pero no por unanimidad, lo que el magistrado considera que “es legítimo, pero da cuenta de la existencia de discrepancias en una decisión de tal trascendencia”.

La banca acreedora llevaba días solicitando la salida de Fernández Sousa de la compañía, ante la imposibilidad de conseguir información fiable por parte de la cúpula de la empresa. Sabadell, la principal entidad acreedora de Pescanova (tiene más de 200 millones de pasivo, tras absorber a Banca Cívica) considera “muy insólita” la situación de la multinacional. El consejero delegado, Jaume Guardiola, admitió en la presentación de resultados del banco que estaban “preocupados”, ya que no han conseguido todavía “tener una foto clara de lo que está pasando” dentro de la firma, informa Dani Cordero.