Juzgan por estafa a dos gestores que ofrecían créditos a personas con apuros económicos

Desde mediados de 2005, la financiera Definesa, con sede social en la ciudad de A Coruña, se publicitó a bombo y platillo en los medios de comunicación, principalmente en prensa, ofertando servicios que iban dirigidos a clientes con graves apuros económicos a los que se les prometía una financiación rápida. Pero detrás de las operaciones había una gran estafa que se pudo desmontar cuando Definesa llevaba operando apenas un año.

El plan de los dos intermediarios, los acusados R. N. R y S. P. P., según la Fiscalía, era formalizar préstamos con conocidas entidades financieras por el mayor importe posible, inflando los datos patrimoniales con las firmas de los solicitantes para después quedarse el dinero.

El fraude se descubrió cuando a los clientes les llegó el cargo de las primeras mensualidades por unos créditos que no todavía no habían recibido. De hecho, uno de los acusados, R. N. R., fue denuncia y se le detuvo el 21 de junio de 2007, por lo que estuvo un año en prisión que abandonó tras pagar una fianza de 60.000 euros.

Los dos presuntos estafadores, un hombre y una mujer, serán juzgados el próximo martes en la Audiencia de A Coruña por engañar hasta ocho clientes y estafar casi 100.000 euros a cinco entidades financieras de ámbito nacional, como Cetelem, Finanmadrid, Santander Consumer y Tarcredit. La Fiscalía pide una condena de 6 años para cada uno, además de la devolución del dinero cobrado y una multa a razón de nueve euros diarios con la responsabilidad personal subsidiaria de 180 días para el caso de impago, así como el abono de las costas procesales.

Según el escrito de acusación de la fiscal Ana María Casto, desde septiembre de 2005 hasta agosto de 2006, los acusados formalizaron contratos de préstamos a nombre de los clientes que previamente habían captado a través de la financiera Definesa.

Falsificación de documentos

Para dar a los clientes una aparente solvencia económica, ambos acusados falsificaron firmas y documentación patrimonial con datos que le habían facilitado los solicitantes. Así, en los contratos de préstamo se hacía constar productos y bienes aunque de ellos no existían, o no figuraba la transmisión de la propiedad o incluso estaban a nombre de empresas vinculadas a los presuntos estafadores.

Una vez aprobadas las operaciones de financiación, y para quedarse con el importe de los préstamos concedidos sin levantar sospechas, los cómplices ingresaban el dinero en una cuenta que figuraba a nombre de la empresa Alquimaquinaria de la que era administradora única la acusada S. P. P. Pero las mensualidades de los préstamos se cargaban en la cuenta de los afectados.

Un coche de lujo a costa de los endeudados

El escrito de acusación desgrana las cinco operaciones de crédito que realizaron los intermediarios. En los tres primeros meses obtuvieron tres créditos de 24.000, 17.000 y 12.000 euros. El segundo fue reclamado al cliente por la entidad Aktiv Kapital Portolio Investiments A.G., a quien Finanmadrid había transmitido el préstamo.

Con el tercer crédito de 18.360 euros concedido por Santander Consumer a uno de los clientes que estaba diagnosticado de limitaciones psíquicas, se constató que los presuntos estafadores lo destinaron a comprarse un Mercedes C 220 CDI en un concesionario de Lugo.

Las siguientes operaciones se firmaron por importe de 27.359 euros (en el que se falsificó la firma de la mujer del beneficiario como su fiadora del préstamo), de 18.700, 24.027 y 13.500. El perjudicado de este último llegó a abonar al banco 57 mensualidades.