Interior desplegará 90.000 policías el 23-J, un 9% menos que en la municipales de mayo

El Ministerio del Interior desplegará este domingo 90.282 agentes de los diferentes cuerpos policiales estatales, autonómicos y locales en el operativo que debe garantizar la seguridad ciudadana y el normal desarrollo de la jornada electoral, según ha detallado el departamento de Fernando Grande-Marlaska en una nota. El dispositivo incluye medidas extraordinarias para prevenir y contrarrestar posibles incidentes de ciberseguridad que puedan afectar a los sistemas informáticos de procesado de resultados electorales, a los partidos o a infraestructuras críticas. En anteriores comicios, Interior ya desarrolló planes específicos para responder a ciberincidentes y campañas de desinformación para alterar la voluntad del votante.

La cifra de agentes desplegados supone un 8,8% menos de efectivos menos respecto a los comicios municipales y autonómicos del pasado 28 de mayo, cuando participaron 98.991, una cifra récord. Fuentes de Interior explican que buena parte de esta reducción está motivada por la puesta en marcha estos días de otros operativos de seguridad para proteger las reuniones de ministros europeos que se celebran en España con motivo de la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea (UE) y que obligan a destinar numerosos efectivos.

Fuentes policiales añaden que también ha influido que el 23-J se van a constituir un total de 60.340 mesas, un número algo menor que en las elecciones municipales de mayo, cuando hubo 60.576, pero superior al de las generales del 10 de noviembre de 2019, cuando se constituyeron 60.076. No obstante, este año habrá menos locales electorales ―y, por tanto, menos edificios a custodiar― y menos urnas que en las elecciones generales de hace cuatro años. Los colegios pasan de los 23.194 de 2019 a 22.663 este domingo. El número de urnas, por su parte, se verá levemente reducido, de 211.000 a 210.000.

Por cuerpos policiales, el 23-J será la Guardia Civil la que más efectivos movilice, con 41.054, seguida por la Policía Nacional, con 28.792 agentes, a los que suman 99 de la unidad adscrita a la Generalitat Valenciana. Por su parte, Mossos d’Esquadra aportará 4.055 efectivos en Cataluña; la Ertzaintza, 1.217 en el País Vasco; la Policía Foral de Navarra, 230, y la Policía Canaria, 67. Las policías locales participan con 14.768 funcionarios por todo el territorio nacional. El nivel de alerta antiterrorista se mantiene en 4 (riesgo alto, en una escala de cinco) desde junio de 2015.

Por comunidades autónomas, Andalucía es la que registrará un mayor despliegue, con 18.636 agentes, seguida de la Comunidad de Madrid, con 10.775 efectivos. En esta última cifra están incluidos los más de 400 agentes que estarán desplegados en la Institución Ferial de Madrid (Ifema, el centro de convenciones de la capital), donde se ha establecido el Centro Nacional de Difusión de Datos. Les siguen Cataluña, con 9.108 efectivos; la Comunidad Valencia, con 9.083, y Castilla y León, con 8.483.

En el caso de Cataluña, el número de agentes (más de 4.000 mossos, 2.000 policías nacionales y guardias civiles y cerca de 3.000 locales) supone una reducción respecto a las anteriores elecciones generales, los de noviembre de 2019, cuando hubo cerca de 11.000 agentes desplegados (3.000 de ellos policías nacionales y guardias civiles) ante la agitación que había entonces en la calle tras haberse conocido solo un mes antes la sentencia del procés contra los líderes independentistas.

Las líneas maestras del despliegue para el 23-J se han trazado en una instrucción del secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, del pasado 26 de junio, en la que se establecen las distintas fases del operativo, así como las pautas de actuación de la Policía Nacional y la Guardia Civil, y su colaboración con los cuerpos policiales autonómicos o locales. El documento determinó que la fase previa del operativo se iniciase el pasado 28 de junio con una denominada “fase de alerta” que se prolongará hasta el próximo viernes.

Ese día, a las 20.00, comenzará la “fase crítica”, con la que se dará protección a los actos de final de campaña de los partidos, al día de reflexión y a la propia jornada de votación hasta el cierre de los colegios electorales, así como al proceso de traslado de la documentación relacionada con el escrutinio y la finalización de la actividad electoral.

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