Una jornada electoral blindada con 99.000 policías, 6.600 más que hace cuatro años

El Ministerio del Interior desplegará este domingo el mayor dispositivo de seguridad de la historia para unas elecciones. Un total de 98.991 agentes de los distintos cuerpos policiales estatales, autonómicos y locales participarán en el operativo que debe garantizar la seguridad ciudadana y el normal desarrollo de las votaciones. La cifra supone un incremento de efectivos del 7,1% respecto a las anteriores elecciones municipales de 2019, que coincidieron también con las del Parlamento Europeo, cuando participaron 92.381 policías.

Por cuerpos policiales, será la Guardia Civil la que más efectivos movilice, con 48.083, seguida por la Policía Nacional, con 30.638 agentes. Por su parte, los Mossos d’Esquadra aportará 3.891 efectivos en Cataluña; la Ertzaintza 1.217 en el País Vasco, y la Policía Foral de Navarra, 440. Las policías locales participan con 14.300 funcionarios por todo el territorio nacional. El operativo lo completan los 422 efectivos que estarán desplegados en la Institución Ferial de Madrid (Ifema, el centro de convenciones de la capital), donde se ha establecido el Centro Nacional de Difusión de Datos. El nivel de alerta antiterrorista se mantiene en 4 (riesgo alto, en una escala de cinco), vigente desde junio de 2015.

Por comunidades autónomas, Andalucía es la que tiene un mayor despliegue, con 20.203 agentes, seguida de la Comunidad de Madrid, con 10.225 efectivos. Esta última cifra es ligeramente superior a la que Interior movilizó, por ejemplo, en junio del año pasado en la capital durante los tres días que duró la cumbre de la OTAN. Aquel operativo extraordinario lo integraron 10.150 policías en un momento de máxima tensión internacional por la invasión de Ucrania, y ya entonces supuso un hito al superar con creces el dispositivo de seguridad de la anterior ocasión en que Madrid acogió una cumbre de la Alianza Atlántica, en julio de 1997, los desplegados en la boda de los Reyes en mayo de 2004, en la proclamación de Felipe VI como Rey en junio de 2014; o los actos por la presidencia española de la UE en 2002.

El despliegue policial de este domingo en Melilla, la ciudad autónoma que se ha visto sacudida esta semana por una operación policial contra el fraude electoral que ha salpicado al partido Coalición por Melilla, será también destacado. Allí, participarán 241 policías nacionales, 213 guardias civiles y 140 policiales locales. Un total de 594 efectivos, más del doble que en Ceuta, donde a pesar de tener una población similar (83.117 habitantes frente a los 85.170 de la otra ciudad autónoma), en el operativo solo se verán implicados un total de 247 agentes.

El operativo para las elecciones se estructura a partir de una instrucción del secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, del pasado abril, en la que se establecen las pautas de actuación de la Policía Nacional y la Guardia Civil, y su colaboración con los cuerpos policiales autonómicos o locales. El documento determinó que la fase crítica del operativo se iniciase el pasado viernes, cuando se celebraron los actos de final de campaña de los partidos políticos, y se extienda hasta este domingo, jornada de votación. Durante estos tres días, se ha intensificado la vigilancia y protección de infraestructuras críticas, así como los dispositivos de los colegios electorales y sus inmediaciones, y la ciberseguridad, según explicó Interior en una nota.

La instrucción de Interior, como ha ocurrido en los últimos comicios celebrados, ha prestado especial atención a ciberamenazas. De hecho, el documento incluye un protocolo específico, como ya ocurrió en las anteriores elecciones municipales, de mayo de 2019, y en las generales de aquel mismo año. Entonces, los expertos distinguían tres tipos de riesgos. El primero, los posibles ciberataques “contra actores del sistema”, en referencia a partidos y otros organismos implicados en los comicios. En este sentido, el Centro Criptológico Nacional (CCN, dependiente del CNI) entregó a los partidos el pasado 11 de mayo una guía para reforzar su ciberseguridad y que minimizasen, durante la campaña, el riesgo de ser víctimas de ataques informáticos y campañas de desinformación.

Además, el protocolo ha puesto el foco en los ciberataques que pueda sufrir “el sistema tecnológico electoral”, referido al sistema de recuento de votos; y, por último, a las “campañas de desinformación-fake news”. Para evitar estas últimas, los agentes han vigilado y vigilan tanto fuentes abiertas —redes sociales, servicios de mensajería instantánea, fotos, blogs y webs— como la llamada Internet profunda o Deep Web.