Espejismos industriales que prometían cambiar Extremadura: de la megaciudad del ocio al ‘aquapark’ más grande de Europa

La noticia se sintió como un zarandeo inesperado en el Ayuntamiento de Casar de Cáceres: unos promotores habían elegido una finca a las afueras del municipio para levantar el parque acuático más grande de Europa. “Más de 100 puestos de trabajo”, fue la frase que los vecinos difundieron durante días. No era una chuminá, el proyecto había llegado en el verano de 2021, cuando los efectos laborales del covid aún hacían mella en el pueblo conocido por elaborar la torta del Casar, uno de los quesos más valorados del mundo. El plan fue incluso presentado ante la atenta mirada vecinal por los promotores en la casa de cultura. El inversor más importante era el exjugador de fútbol y magnate de los parques acuáticos Donald Caspar, conocido como Donny Huijsen, y padre de Dean Huijsen, actual defensa del Real Madrid. Los datos prometían el auge del turismo con entre 4.000 y 6.000 usuarios al día (el pueblo tiene unos 5.000 habitantes) y un coste inicial de 24 millones de euros. Pero han pasado cuatro años y, tras constantes retrasos del inicio de las obras, aún no hay rastro del parque. “El último contacto oficial que hemos tenido de los promotores es de hace un año”, explica la alcaldesa, Marta Jordán (PP), que se encontró el proyecto del anterior equipo de gobierno cuando llegó al poder a mediados de 2023.

Felipe Hurtado, representante del proyecto, ha informado a EL PAÍS que la empresa promotora Daimdon S. L. se ha salido recientemente de la iniciativa, pero ha subrayado que “siguen los tramites esenciales para que pueda implantarse”. En una semanas, dice, informará de los detalles de los nuevos inversores y los plazos: “Hemos tenido que rehacer mucha documentación”.

El proyecto de Aquamundo, como sería bautizado “el parque”, no es el único espejismo industrial que ha prometido dar un vuelco a la economía extremeña. En las dos últimas décadas se han sumado ideas empresariales que nunca han cuajado, bien porque eran inviables o porque se pusieron en marcha sin los permisos necesarios. El informe del observatorio del Club Senior de Extremadura de este año destaca que de los 23 grandes proyectos de desarrollo puestos en marcha en la región desde 2021 solo han finalizado cuatro. “La situación no es buena, llevan razón los que ponían de manifiesto que en Extremadura se anunciaban múltiples proyectos y se ponían muchas primeras piedras que luego quedaban en la nada. Y más, teniendo en cuenta que son proyectos de dos o tres años de plazo de ejecución en su mayoría”, destaca en el informe el coordinador del observatorio, Fernando López Rodríguez.

En ese listado de grandes proyectos paralizados figura la fábrica de supercondensadores en Badajoz, la de cátodos de Cañaveral, la mina de lito en Las Navas de Cañaveral y la de níquel en el yacimiento de Aguablanca, en Monesterio. Todos ellos, impulsados por la empresa Phi4tech, prevén una inversión de 1.000 millones de euros. Cinco años después de la presentación del plan, la compañía no ha comprado ni el suelo donde levantar algunas de las instalaciones. Otros son más excéntricos, como la construcción de un descomunal santuario budista a las afueras de Cáceres, con una estatua de 47 metros que, seis años después de su anuncio, aún no ha comenzado a construirse.

Del informe del Club Senior, por otra parte, están fuera aquellos que “les falta algún requisito para convertirse en proyectos” y solo los incluirán en futuros documentos cuando el organismo “tenga la certeza de que estos proyectos pasan de ideas a realidades”. El aquapark casareño, por ejemplo, nunca ha figurado.

La zona elegida para levantar el complejo era la de El Higueral, junto a la carretera CC-322 y cercana a la N-630. Aquella gran extensión de pasto se transformaría en un parque de casi 95.000 metros cuadrados repleto de toboganes construidos en Turquía, grandes piscinas (algunas climatizadas para que el recinto funcionase durante todo el año) y lugares de ocio como tiendas y restaurantes. El plan era tan atractivo que en marzo de 2023 la Junta lo declaró Proyecto Empresarial de Interés Autonómico (Premia) y Guillermo Fernández Vara, cuando aún era presidente de la Junta, se desplazó hasta Casar de Cáceres para poner la primera piedra.

Pero los problemas no tardaron en llegar. La inflación aumentó el coste hasta los 54 millones de euros y las primeras dudas de los lugareños comenzaron a sobrevolar sobre el proyecto, especialmente la del uso de más de 63 millones de litros el primer año, según documentos de la Junta a los que ha tenido acceso este periódico. Los promotores solicitaron una autorización ambiental (la declaración de impacto ambiental) para iniciar las obras. Pero, cuando la consiguieron, surgió el último escollo: habilitar por carretera un gran acceso al parque, ya que la entrada a la finca es insuficiente para el tráfico que esperaban.

Las máquinas aún no habían entrado por la finca cuando la empresa promotora Daimdon S. L. consiguió en octubre de 2024 más de nueve millones de euros gracias a los incentivos regionales del Gobierno. Desde entonces, la idea del parque ha dejado de sonar en el pueblo.

Fuentes conocedoras de los procedimientos burocráticos, por otro lado, advierten a este diario que Fomento prevé rechazar la solicitud de la promotora para habilitar un acceso y la creación de una glorieta, lo que amenaza de muerte la idea de que Casar de Cáceres cuente con el parque acuático más grande de Europa. “Es que eso no tenía ni pies ni cabeza ¿En qué cabeza cabía eso?“, concluye una vecina del municipio.

Elysium, el parón de la ciudad del ocio

Al pequeño pueblo pacense de Castilblanco, de poco más de 800 habitantes, llegó en 2018 el empresario sevillano Francisco Nuchera (empresario y exconsejero del Real Betis) para vender una idea que iba más allá de un megaproyecto en el que este llevaba años trabajando: la construcción de Elysium City, una ciudad de ocio con 18.000 plazas hoteleras, posibles licencias para 33 casinos, un colegio, una clínica, un parque temático, un centro de eSports... Todo ello en una superficie urbanizable de 8,3 millones de metros cuadrados (casi seis millones de ellos edificables) y la posibilidad de construir un puerto náutico en un embalse cercano, el García de Sola, con más de 20 kilómetros de costa navegable. La inversión astronómica superaba los 8.300 millones de euros que, con suerte, podría elevarse hasta los 18.000 millones.

La noticia se publicó en los principales medios nacionales con tintes exóticos por el lugar elegido y la ingente cantidad de dinero que se preveía invertir. También de incredibilidad, pues Castilblanco está en un lugar remoto, de difícil acceso, en la comarca pacense de La Siberia, cuyas limes tocan las provincias de Cáceres, Toledo y Ciudad Real. El aeropuerto internacional más cercano es el de Madrid (a 236 kilómetros) o el de Sevilla (a más de 300), y la posibilidad de llegar en tren sin transbordos es inexistente.

En la web del proyecto se vende Elysium City como una ciudad futurista, 100% sostenible. La presentación se asemeja más a la descripción de las urbes futuristas de las novelas de ciencia ficción de Isaac Asimov que a un proyecto urbanístico realista. “Elysium no es solo un lugar, sino una forma de ser para los que aprecian la autenticidad, las conexiones y las experiencias”, aparece en la página, trufada de imágenes con recreaciones virtuales de cómo será la capital extremeña del ocio.

La Junta dio luz verde al proyecto en enero 2023 (a través de un decreto) con la declaración favorable de impacto ambiental y la concesión de seis meses para comenzar las obras. Pese a estar todo dispuesto, las obras se paralizaron ese verano porque la maquinaria debía atravesar terrenos privados y la empresa no disponía de actas de ocupación. Así lo detalla en su informe el Club Senior de Extremadura, al que dedica a Elysium un apartado y en el que lamenta las trabas administrativas. Y es que el estado actual del plan está en stand by desde que Ecologistas en Acción presentase un recurso contra el decreto de la Junta y el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura les diera la razón a comienzos de 2024. Los tribunales, además de anular la decisión del Gobierno regional, (que no recurrió la decisión) han exigido a la Junta un informe de impacto ambiental.

Francisco Nuchera avanza que, tras el varapalo de la justicia, la Junta le ha solicitado que debe “actualizar el proyecto desde el principio”, es decir, volver a redactar cientos de documentos sobre cuestiones medioambientales, legislativas, etc. “No me va a aburrir”, dice el promotor, que asegura que seguirá adelante, que su proyecto “es camaleónico con una viabilidad del 100%” y aprobado por la Junta. Nuchera admite que de momento no hay fecha para el inicio de las obras y se lamenta de la revisión de su idea irrealizable y futurista: “España no está preparada para las ideas”.

Proyectos que dañan el medioambiente

A los proyectos que finalmente no se han realizado por diversos avatares de financiación, hay otros que entran dentro de un grupo especial: los que comenzaron su andadura (incluso a construirse) a pesar de incumplir con las leyes medioambientales. En Extremadura hay varios ejemplos en los últimos años que han provocado que la ciudadanía saliera a las calles, como la construcción de un resort en la isla de Valdecañas (El Gordo, Cáceres) en una zona protegida y que, tras 15 años en los tribunales, el Constitucional desestimó un recurso este septiembre contra la demolición de 185 villas (estaban proyectadas 500), un hotel de cuatro estrellas y un campo de golf. Una cuestión que continúa desatando el enfado de una parte de los vecinos de los municipios cercanos, que ven el proyecto como una mejora económica en la zona.

Otro de los proyectos que chocaban conta el medioambiente fue el de la famosa Refinería Balboa, impulsada por el empresario Alfonso Gallardo, dueño de Siderúrgica Balboa y Cementos Balboa. El proyecto llegó a la mesa de la Junta de Extremadura en 2004, cuando gobernaba el socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra, con la idea de construir una refinería de petróleo en Los Santos de Maimona (Badajoz, 8.070 habitantes) y un oleoducto que atravesara la provincia de Huelva para conectar la planta con un puerto.

La inversión del complejo sería de unos 1.200 millones de euros, la creación de 3.000 empleos (500 de carácter directo y 2.500 indirectos) y una facturación de cerca de 3.000 millones de euros anuales, según adelantó entonces el Gobierno regional, que mostró desde el primer momento su apoyo al plan. Gallardo, que era tío de Francisco Fuentes, entonces portavoz de la Ejecutiva regional del PSOE y secretario general del partido en Badajoz, consiguió que la Sociedad de Fomento de la Junta financiase el 22% de la inversión. También se unieron el BBVA y Caja Madrid con el 10% y Caja Extremadura con un 3%.

Del mismo modo, desde al anuncio de Ibarra de la refinería, nacieron dos plataformas ciudadanas, una para apoyar la aventura empresarial y otra para luchar contra el proyecto. El impacto de la planta en el entorno y del oleoducto en la costa de Doñana sacaron a la calle hasta 3.000 personas en Villafranca y se realizaron eventos por toda la comunidad.

Tras años de burocracia e inversiones (se sumaron al proyecto grandes petroleras como Shell y Galp, aunque el Gobierno regional acabó retirando su financiación), el Ministerio de Medio Ambiente del Gobierno de Mariano Rajoy (Partido Popular) tumbó la refinería por ser “inviable por los potenciales impactos medioambientales derivados de su localización”. Los promotores insistieron varios años más, hasta que finalmente en 2016 la Dirección General de Política Energética y Minas denegó la autorización del proyecto.